
Declaración de fin de misión del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes tras su visita a Colombia (15-24 de mayo de 2024), con sus conclusiones y recomendaciones preliminares.
Bogotá, 24 de mayo de 2024
Antecedentes de la visita
El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los afrodescendientes
(“El Grupo de Trabajo”) quiere agradecer al Gobierno de Colombia por su invitación a
visitar el país, por su cooperación y por los esfuerzos para facilitar reuniones con los
diferentes ministerios, así como con otras instituciones nacionales y autoridades
locales. El Grupo de Trabajo también quiere agradecer a todos los funcionarios a nivel
nacional y local que participaron en el diálogo, compartieron presentaciones,
documentos y respondieron a sus preguntas. Asimismo, expresa su agradecimiento
a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, al Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y a los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las
reuniones mantenidas con el Grupo de Trabajo y los intercambios sobre varios temas
de preocupación. El Grupo de Trabajo esta agradecido con el Equipo de País de las
Naciones Unidas y sus intervenciones en Colombia en favor de los afrodescendientes
y por su apoyo a la delegación.
Durante su visita del 15 al 24 de mayo de 2024, el Grupo de Trabajo viajó a Bogotá,
Tumaco, Norte del Cauca, Buenaventura y Quibdó. Se reunió con la Vicepresidenta
de Colombia, la Viceministra de Relaciones Exteriores, altos funcionarios de los
ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Justicia, Cultura, Vivienda, Medio Ambiente,
así como con la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la
Defensoría del Pueblo, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y autoridades locales. El
Grupo de Trabajo también se reunió con organizaciones de la sociedad civil de
afrodescendientes, en particular con organizaciones de jóvenes, líderes y lideresas
comunitarios y grupos de mujeres, incluso de zonas rurales y remotas de la región de
la costa del Pacífico. También visitó la cárcel de Quibdó y la Casa de la Memoria en
Buenaventura.
Tras sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil y líderes y lideresas de
consejos comunitarios, el Grupo de Trabajo ha quedado impresionado por la extrema
resiliencia, resistencia, dedicación y compromiso inquebrantable con sus
comunidades y su voluntad de continuar su lucha por la igualdad y la equidad a pesar
de la limitada asistencia estatal. En especial, el Grupo de Trabajo expresa su
agradecimiento a las mujeres, hombres, población LGBTIQ+ y jóvenes
afrodescendientes que compartieron su realidad y su apego a sus territorios y tierras.
Los hallazgos expresados en esta declaración son de carácter preliminar. El informe
final sobre la visita se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en septiembre de 2025.
Observaciones generales
Como país que vive siglos de racismo estructural, institucional y sistémico, Colombia
tiene una oportunidad única para romper decisivamente con el pasado y emprender
una agenda transformadora integral. El Grupo de Trabajo reconoce la adopción de
disposiciones legales, sentencias judiciales y políticas que reconocen las diferencias
étnicas para los afrodescendientes, cuya pronta implementación permitiría un avance
significativo de los afrodescendientes en varios ámbitos de la vida.
El racismo y la discriminación racial, anclados en el legado de la esclavitud y el
colonialismo, han invisibilizado a los afrodescendientes, confinándolos y
“diasporizándolos” a zonas de sacrificio racial. Los afrodescendientes y sus
preocupaciones se ven aún más invisibilizados por las deficiencias en la recopilación
y sistematización de datos precisos y fiables, lo que contribuye a los sesgos en la
legislación, las políticas públicas y las prácticas. Incluso las regulaciones y sentencias
judiciales a favor de los afrodescendientes son redundantes, demostrando el racismo
institucional que prevalece en el país. Los afrodescendientes dijeron repetidamente
al Grupo de Trabajo que “somos víctimas de un ‘genocidio estadístico’ en el último
censo”.
Los afrodescendientes sufren la falta de reconocimiento en múltiples niveles, que van
desde la ausencia de una narrativa positiva de sus contribuciones a la sociedad
colombiana, la ausencia de su historia en los libros de texto, la lenta implementación
del derecho de autogobierno (reconocido) en las disposiciones de la Constitución de
1991 hasta las disposiciones legales pertinentes, especialmente la Ley 70. A pesar de
los abundantes recursos naturales de los territorios, su empobrecimiento es
asombroso. Mientras que la implementación exitosa del Acuerdo de Paz es crucial,
una historia de abandono estatal ha exacerbado el profundo sufrimiento por el
prolongado y persistente conflicto y la violencia.
El conflicto ha mutado y se ha extendido a las zonas urbanas con los grupos armados
que ahora viven y prosperan en las comunidades, intensificando la inseguridad
humana en todos los aspectos. Las políticas estatales que promueven o permiten la
minería ilegal tienen un impacto desproporcionado y diferencial sobre las mujeres.
El reconocimiento del enfoque diferencial étnico por parte de las instituciones de
justicia, así como la consideración de la justicia ambiental, dan cuenta del gran
potencial que tiene Colombia para avanzar en los derechos de los afrodescendientes
si se superan los obstáculos y las trabas del racismo. En ese sentido, el Grupo de
Trabajo observa con aprecio el compromiso del gobierno para avanzar en la justicia
e igualdad racial en Colombia.
Si bien toma nota de la ratificación por Colombia de los principales instrumentos
internacionales y de derechos humanos, el Grupo de Trabajo lamenta, sin embargo,
que no haya ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y que aún no haya aceptado
la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir
y examinar denuncias individuales en virtud del artículo 14 de la Convención
Internacional contra todas las formas de discriminación racial. El Grupo de Trabajo
invita a Colombia a hacerlo.
El Grupo de Trabajo sigue preocupado por la polarización política del país basada,
entre otros, en el odio racista y los prejuicios contra los afrodescendientes,
demostrada por el discurso de odio racista expresado contra la Vicepresidenta de
Colombia y otros líderes, lideresas y modelos a seguir. Esto es un indicio de la
urgencia de reforzar los esfuerzos contra el racismo y deconstruir la narrativa negativa
que aún mantiene a la sociedad colombiana bajo el asedio del racismo. El Grupo de
Trabajo insta a Colombia a cumplir los compromisos adquiridos en los tres pilares del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo.
Temas de preocupación
Durante su visita, el Grupo de Trabajo ha escuchado testimonios e historias y ha
recibido informes que dan lugar a las preocupaciones que se exponen a continuación.
Datos
Los datos fiables visibilizan a cualquier población y sus preocupaciones, y los
afrodescendientes no son una excepción. Además, los datos fiables permiten adoptar
políticas más específicas para abordar las desigualdades de una manera más eficaz
y específica. Varios actores confiables han confirmado al Grupo de Trabajo que los
datos de Colombia sobre afrodescendientes están “rotos”, incluidos los obtenidos
durante el censo de población y vivienda de 2018. Las personas afrodescendientes
que viven en diferentes territorios confirmaron que no fueron censados por los
funcionarios del censo nacional, ya que la mayoría vive en lugares remotos que están
controlados por grupos armados. El Grupo de Trabajo insta a Colombia a recopilar
datos precisos y fiables de afrodescendientes en el próximo censo de población y
vivienda. Esto podría lograrse trabajando con líderes y lideresas locales y los consejos
comunitarios.
Participación política, representación y gobernanza
A pesar de los intentos del actual gobierno, el Estado sigue distanciado de los
afrodescendientes, especialmente en sus territorios. Un alto funcionario estatal
confirmó que el Estado no puede garantizar los derechos humanos de las personas
en ausencia. Mientras que las comunidades cuentan con estructuras de gobierno o
consejos comunitarios reconocidos por la ley, así como con experiencia de gobierno
a lo largo de los siglos, carecen de instrumentos de poder que incluyan el pleno
disfrute de la autonomía y garantías de protección (legal). La realidad del
empobrecimiento y las dificultades infraestructurales debilitan la autoridad de las
estructuras de gobernanza local (Consejos Comunitarios) en los territorios. Los
testimonios e informes indican una evidente falta general de representación de las
poblaciones afrodescendientes, no sólo en los ámbitos de competencia autóctona,
como los proyectos de vivienda en los territorios y los espacios patrocinados por el
Estado para el arte y la música étnicos, sino también en los asuntos políticos y
públicos, incluidos los puestos de alto nivel y de toma de decisiones.
El enfoque diferencial es noble e instructivo, pero tropieza con obstáculos
estructurales como el racismo y la discriminación racial, la falta de directrices
específicas, la formación de funcionarios, la ausencia de una estrategia nacional
contra el racismo y la falta de medidas de rendición de cuentas. Colombia debería
poner plenamente en práctica la Ley 70 y reconocer a los líderes y las lideresas
locales, especialmente a los consejos comunitarios, como autoridades en sus
territorios y dotarlos de instrumentos de autoridad, garantías de protección jurídica y
de otro tipo que se correspondan con el nivel de responsabilidades que asumen. Debe
garantizar una representación adecuada de los afrodescendientes en todos los
niveles de la vida política y pública.
Justicia
Los afrodescendientes buscan justicia por los agravios históricos, entre ellos la trata
de esclavos y los legados de esas violaciones, así como los efectos de la prolongada
guerra contra ellos por sus territorios. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas
afrodescendientes de estas regiones se enfrentan a las realidades de la violencia
sexual armada, la mutilación, el desplazamiento interno, el racismo medioambiental,
las masacres, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y jóvenes en
grupos armados, la desaparición forzada, el asesinato de defensores y defensoras de
derechos humanos y líderes y lideresas comunitarios, todo ello impune. La
criminalización de los afrodescendientes se ve acentuada por las circunstancias
coercitivas de privación permanente, los estereotipos raciales y la ausencia de
aplicación de la ley en sus lugares de residencia.
El Grupo de Trabajo escuchó testimonios de afrodescendientes sobre las enormes
barreras que encuentran para acceder a la justicia, ya que viven principalmente en
zonas empobrecidas, remotas y dispersas, con escasa disponibilidad de
representantes legales y sin acceso a los tribunales. Según los testimonios, muchos
de los casos de feminicidio han quedado impunes, lo que lleva a los
afrodescendientes a perder la confianza en el sistema de justicia. La aplicación del
enfoque diferencial de justicia se ve limitada por la escasa representación de
funcionarios judiciales afrodescendientes. Entre los ejemplos que preocupan a los
afrodescendientes a la hora de acceder a la justicia por parte de los tribunales y los
mecanismos estatales se incluyen:
a) desaparición de expedientes y registros de pruebas reunidas a un alto coste y
presentadas por afrodescendientes vulnerables ante los mecanismos de justicia. Esto
ha generado desconfianza en los procesos de justicia, impunidad y relegación de la
verdad de los afrodescendientes entre los mecanismos de justicia transicional
existentes; b) falta de respuesta de las instituciones estatales a los reclamos de los
afrodescendientes, y desconocimiento de las sentencias y órdenes judiciales por
parte del Estado. Ejemplos de ello son las Sentencias 005/2009, 073/2014, 620/2016
y el Auto T 025/2004; c) ejercicio de enfoques hegemónicos en los sistemas formales
de justicia y relegación de la justicia tradicional; d) política lingüística monolingüe del
poder judicial con el español como idioma de los tribunales; e) los afrodescendientes
no pueden defender sus causas en tribunales que no se comunican en sus idiomas
sin garantías de traducción o interpretación.
Las barreras de acceso a la justicia han provocado una alta representación de los
afrodescendientes en el sistema de justicia penal, incluidos niveles
desproporcionados de encarcelamiento. Según los informes, los abogados aconsejan
a las personas acusadas de delitos penales que negocien los veredictos con
declaraciones de culpabilidad antes que pasar largos periodos detenidos sin juicio.
El Grupo de Trabajo invita a Colombia a abordar las barreras estructurales para el
acceso a la justicia de los afrodescendientes y garantizar su accesibilidad física y
luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los afrodescendientes,
en particular las mujeres, incluso en el contexto de conflictos, teniendo en cuenta el
enfoque étnico diferencial. Se debe garantizar a los afrodescendientes asistencia
jurídica gratuita cuando corresponda y representación adecuada en un idioma que
comprendan. Se debe dar cumplimiento a las sentencias judiciales mencionadas y
restablecer la confianza en las instituciones de justicia. Aumentar el número de jueces
afrodescendientes en las instituciones podría ser un primer paso.
Justicia transicional
Los afrodescendientes exigen simultáneamente paz, justicia y garantía de sus
derechos. El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz ofrece perspectivas, pero es
necesario un mayor compromiso en el cumplimiento de los términos del proceso de
paz por parte de todos los interesados. El Grupo de Trabajo se enteró de que:
a) la violencia y los desplazamientos forzados se han intensificado desde la firma
del acuerdo de paz;
b) muchos de los líderes y lideresas que defendían la Ley 70 fueron asesinados
a pesar del mecanismo de alerta temprana, y estos hechos han quedado en la
impunidad; los mecanismos de respuesta no reflejan el impacto
desproporcionado del conflicto sobre los afrodescendientes especialmente las,
y la representación de afrodescendientes en la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) es de cuatro magistrados de 34.
c) un gran número de firmantes del acuerdo de paz no han recibido sus
certificados de amnistía.
Los afrodescendientes confirman los efectos nocivos del racismo y del conflicto racial
en los siguientes términos: a) el territorio es víctima; b) destrucción y pérdida de
identidad cultural; c) abandono, aislamiento y olvido; d) feminicidio; e) violencia
(sexual) de género; f) “genocidio”; g) desplazamiento; h) empobrecimiento; i) trauma;
j) violación de la feminidad y la espiritualidad; k) infancias robadas; l) quebrantamiento
y trastorno mental; m) degradación ambiental; n) inseguridad alimentaria, entre otros.
El Grupo de Trabajo insta a Colombia a adoptar respuestas estructuradas, y basadas
en normas, a los mecanismos de alerta temprana.
El Estado debe tomar todas las medidas posibles, incluida la búsqueda de ayuda
internacional, para poner fin al prolongado conflicto. Es necesario establecer
urgentemente un mecanismo de respuesta sostenible a las amenazas inmediatas
contra la vida y los medios de subsistencia, como las minas antipersonales, terrestres
y acuáticas, y dotarlo de los recursos adecuados para intervenir con prontitud y
eficacia.
Emprender programas integrales culturalmente competentes para reparar, desarrollar
y transformar las respectivas regiones en colaboración con los afrodescendientes y
bajo su responsabilidad para garantizar la sostenibilidad.
Adaptar un enfoque basado en la investigación y la evidencia a intervenciones tales
como legislación, y decretos destinados a transformar la agenda de la nación para
reivindicar los derechos de los afrodescendientes. Es pertinente evaluar el daño
causado a los afrodescendientes por los legados del pasado, el racismo y la
discriminación racial como requisito previo a la reparación.
Sensibilizar a los afrodescendientes sobre las intervenciones estatales existentes,
desarrollar sus capacidades y apoyarles para que cumplan los requisitos.
La lucha contra el racismo estructural, sistémico e institucional debe ser específica y
transversal a todos los niveles, con una agenda contra el racismo negro que se apoye
en un mecanismo de denuncia y en planteamientos correctivos.
Cumplimiento de la ley
Los afrodescendientes, tanto de zonas rurales como urbanas, denuncian la
desproporcionada interacción con las fuerzas del orden a través de perfiles raciales,
que pueden convertirse en confrontación y victimización. La ley se aplica a menudo
contra ellos, en lugar de para ellos. El aumento de la militarización de sus territorios
no ha dado resultados positivos. El ejército está reproduciendo impunemente las
acciones de los grupos armados y, sin embargo, ha avanzado poco en cuanto a la
finalidad de su despliegue. Por otra parte, la ausencia de una aplicación efectiva de
la ley en sus territorios ha creado un estado de anarquía, del que abusan varios
actores, incluidos criminales de otros países, que violan a las poblaciones
vulnerables.
El Grupo de Trabajo tuvo conocimiento del fenómeno de los “falsos positivos”,
mediante el cual los agentes de policía implican deliberadamente a personas, incluso
colocando drogas y armas para encubrir su propia criminalidad.
El Estado debe investigar a fondo, procesar y agilizar los juicios para exigir
responsabilidades al personal militar y a los miembros de grupos armados por
violaciones de derechos humanos.
El tema de tierras
En sus testimonios, los afrodescendientes han descrito la tierra como identidad,
comunidad (o pertenencia) y medio de vida. También han descrito el territorio como
su vida. Se quejaron de las dificultades que están encontrando para obtener títulos
colectivos de tierras, a pesar de las Leyes y reglamentos pertinentes sobre la
restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado y sobre el derecho a la
propiedad colectiva de los afrodescendientes sobre sus territorios, respectivamente.
Los afrodescendientes denunciaron que los sucesivos megaproyectos de
monocultivos como el de la caña de azúcar en el Norte del Cauca, y la toma
comprobada por parte de empresas, los han despojado de sus tierras ancestrales. El
Grupo de Trabajo está asombrado por la información de que el Estado ha expropiado
tierras ancestrales de ciertas comunidades, sin indemnización, por considerarlas
manglares ocupados, y que comunidades afrodescendientes también han perdido sus
tierras ancestrales que han sido tituladas a comunidades de otras etnias. Los
préstamos han llevado al despojo, debido a la disminución de la rentabilidad de sus
actividades económicas.
El Grupo de Trabajo pide a Colombia que acelere la aplicación de todas las leyes y
reglamentos, así como las sentencias judiciales sobre la titulación y restitución de
tierras a los afrodescendientes, y que garantice que no se lleve a cabo ningún
proyecto en sus territorios que pueda afectarles sin celebrar consultas previas
significativas para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Proporcionar
una compensación adecuada por las pérdidas de tierras en consulta con ellos.
Vivienda
Es imposible implementar proyectos adecuados de vivienda en condiciones de
desplazamiento forzado, inseguridad en la tenencia de la tierra, despojo de tierras,
limitada movilidad económica y social y abandono estatal de los territorios. Con gran
preocupación, el Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de que los afrodescendientes
experimentan dificultades desproporcionadas para obtener licencias de construcción
y son discriminados en la asignación de viviendas sociales. Al parecer, las casas
construidas por el Estado en determinadas zonas no pueden soportar los rigores
específicos del entorno. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por las
condiciones generales de vivienda de los afrodescendientes en las localidades de
Quibdó y Buenaventura, donde un buen número de ellos vive en tugurios.
El Grupo de Trabajo recomienda a Colombia que adopte medidas adecuadas para
garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los afrodescendientes,
incluida la población desplazada.
Empleo
El Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de que los territorios habitados por
afrodescendientes presentan las tasas de desempleo más elevadas. Esta situación
se ha agravado debido al conflicto que tuvo como objetivo socavar la movilidad
económica y los establecimientos de los habitantes. La información recibida de los
afrodescendientes sugiere que el acceso al empleo también se ve afectado por el
racismo estructural y los estereotipos raciales infundados en paradigmas credos como
la pereza y el bajo intelecto. La supuesta falta de capacidad financiera y de gestión
de proyectos de los afrodescendientes inhibe las perspectivas de empleo y contribuye
al desempleo. Además, sus planes de desarrollo comunitario tienen, según se
informa, bajos índices de aceptación y las iniciativas de desarrollo fruto de acuerdos
celebrados en mesas redondas no suelen llevarse a la práctica. El Grupo de Trabajo
escuchó que las partidas presupuestarias que asignan fondos a los
afrodescendientes junto con otros grupos a menudo se encuentran con un efecto
competitivo y discriminatorio que desfavorece a los afrodescendientes.
El Estado debe tomar medidas concretas y urgentes para promover el acceso de los
afrodescendientes al empleo a través de medidas especiales como cupos en el sector
público e incentivos para el sector privado. El acceso a apoyo financiera para los
afrodescendientes debe estar orientado específicamente a ellos, teniendo en cuenta
los debidos principios del enfoque diferencial y las políticas de actividades
generadoras de ingresos. Colombia necesita emprender programas deliberados de
reconstrucción de los territorios ocupados por los afrodescendientes, basados en la
visión y las aspiraciones de sus habitantes. El Estado también debe capacitar,
rehabilitar e integrar a los firmantes del proceso de paz en los sectores de su
competencia.
Salud
En virtud del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial y del artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Colombia se comprometió a promover
el acceso a la salud sin discriminación y a hacerla accesible, disponible y asequible,
con servicios de salud de buena calidad. El Grupo de Trabajo está muy preocupado
por los testimonios de que los territorios habitados mayoritariamente por
afrodescendientes están rezagados en términos de disponibilidad de servicios de
salud, con un solo hospital y un centro de salud en algunos casos, y por las
dificultades de las personas que viven en zonas remotas y dispersas para acceder a
los servicios de salud. La calidad de los servicios de salud suele ser baja en estos
territorios. Además, los afrodescendientes, incluidas las mujeres, informaron sobre
estigmatización, violaciones de la confidencialidad de los pacientes y del secreto
profesional, daños materiales a las instalaciones sanitarias, entre otros. El grupo de
trabajo se enteró de que los afrodescendientes fueron más estigmatizados y
discriminados racialmente durante la pandemia. El sector salud y la sociedad
colombiana pasaron por alto, se burlaron y no documentaron sus medicinas
ancestrales e innovaciones tradicionales.
El Grupo de Trabajo recibió información sobre la falta de ética profesional de médicos,
enfermeros, patólogos y otros proveedores de servicios. En las experiencias de las
personas afrodescendientes en el acceso a los servicios de salud se hace evidente
un patrón de discriminación racial, sexual y de género. El Grupo de Trabajo recibió
testimonios sobre denegación de ayuda médica, “violencia obstétrica” y estereotipos
raciales según los cuales las mujeres negras pueden soportar más dolor y los grupos
LGBTIQ+ sólo necesitan tratamiento para las ETS y el VIH. Según los informes, a
menudo las mujeres reciben el alta hospitalaria antes de tiempo y sin ningún
seguimiento adicional ni tratamiento del dolor.
El Grupo de Trabajo está seriamente preocupado por la grave crisis de salud mental
en los territorios, que ha provocado numerosos suicidios e intentos de suicidio de
menores y adolescentes en las comunidades afrodescendientes. La falta de servicios
y profesionales de salud mental, combinada con el estrés doméstico, provoca
aislamiento total de las madres con respecto a sus hijos, causando soledad, dolor y
una sensación de desesperanza.
El Grupo de Trabajo está preocupado por los testimonios recibidos sobre la
contaminación ambiental de los ríos con mercurio, que los inutiliza y pone en peligro
la salud de los afrodescendientes de las zonas rurales/zonas remotas. Los
insecticidas nocivos en las tierras agrícolas han destruido el medio ambiente y
contaminado las fuentes de agua, lo que, según los informes, ha provocado un
aumento significativo del cáncer en sus territorios. Según los informes, también ha
generado inseguridad alimentaria, hambre y malnutrición.
El Grupo de Trabajo insta a Colombia a adoptar medidas positivas que garanticen el
acceso efectivo de los afrodescendientes, en particular los que viven en zonas rurales
y remotas, a servicios de salud de buena calidad y a aumentar significativamente la
asignación de presupuestos para el sector de la salud en este sentido. Colombia debe
dotar los servicios de salud en estos territorios con personal afrodescendiente y
garantizar condiciones adecuadas de atención en salud. Se debe atender con
urgencia la crisis de salud mental de los menores y adolescentes y garantizar los
derechos sexuales y reproductivos de los afrodescendientes. El Grupo de Trabajo
insta a Colombia a priorizar remedios para la contaminación de los ríos que pone en
peligro la salud de los afrodescendientes en consulta con las comunidades.
Educación
El Grupo de Trabajo toma nota de las explicaciones dadas por el Gobierno sobre los
esfuerzos para fortalecer los procesos educativos en diferentes territorios de
Colombia. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para garantizar la plena
accesibilidad de todos los niños y niñas afrodescendientes a las escuelas. Los
testimonios revelan que varias familias son extremadamente reacias a enviar a sus
hijos a la escuela debido a los riesgos de reclutamiento forzado en los grupos
armados. Para los afrodescendientes que viven en las zonas más remotas, la
distancia a las escuelas sigue siendo un reto y provoca la deserción escolar. Las
barreras normativas consistentes en la exigencia de un número mínimo de alumnos
como requisito previo a la asignación de docentes tienen el grave efecto indirecto de
dejar sin maestras a las pequeñas comunidades habitadas en zonas rurales y
dispersas.
Las comunidades y los jóvenes testificaron sobre la necesidad de un enfoque
transformador en el sistema educativo, para que sus historias no se cuenten sólo
como personas esclavizadas y se enseñe también la historia de los
afrodescendientes, incluyendo sus contribuciones a la sociedad colombiana. El Grupo
de Trabajo fue informado de las barreras de acceso a la educación superior,
incluyendo su asequibilidad y la inaccesibilidad física a instituciones de educación
superior de buena calidad, que también podrían ofrecer una gama completa de
formaciones, profesionales o de otro tipo. Incluso los estudiantes becados abandonan
los estudios debido a las duras condiciones de vida y a la incapacidad de hacer frente
a los costes adicionales.
El Grupo de Trabajo invita a Colombia a hacer frente a todas las desigualdades en el
acceso a la educación de los afrodescendientes, la reforma del currículo es necesaria
para garantizar que los afrodescendientes estén adecuadamente representados en
los libros de texto, incluyendo su historia y sus contribuciones a la sociedad
colombiana.
Situación de desplazamiento
El Grupo de Trabajo está alarmado porque los conflictos armados, la amenaza de los
grupos armados y la ausencia del Estado en los territorios han provocado el
desplazamiento forzado de afrodescendientes y su confinamiento. Los
megaproyectos combinados con la deforestación han contribuido significativamente
al desplazamiento interno y han degradado las actividades generadoras de ingresos
de los afrodescendientes. El Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de que, a pesar de
los prolongados desplazamientos internos y el confinamiento, no se registra
adecuadamente a los afrodescendientes, lo que contribuye a la denegación de
servicios. Los refugiados y migrantes afrodescendientes que cruzan Colombia están
expuestos a riesgos debido a la explotación por parte de grupos armados irregulares
y redes de trata de personas.
El Grupo de Trabajo recomienda que Colombia incluya a las víctimas
afrodescendientes de desplazamiento forzado y confinamiento para que sean
debidamente inscritas en el Registro de Víctimas. El Grupo de Trabajo recomienda
que el Estado ofrezca soluciones coordinadas e integrales que atiendan las
necesidades de los diferentes movimientos de afrodescendientes dentro de
Colombia, incluyendo el ofrecimiento de mecanismos complementarios de protección
(como esquemas temporales de protección) para otros afrodescendientes que
puedan requerir protección internacional.
Protección de las mujeres afrodescendientes
El Grupo de Trabajo reconoce el compromiso y el liderazgo de las mujeres líderes,
madres y defensoras de los derechos humanos afrodescendientes. Si bien la
Constitución garantiza la igualdad de género, en ausencia del Estado ellas son las
defensoras de los derechos humanos en sus territorios, lo que se traduce en
reconocimiento local, nacional e internacional por el liderazgo de las mujeres
afrodescendientes en los esfuerzos de construcción de paz y justicia de Colombia.
Inspiradas en la historia de Cocomacia, el colectivo más grande con 124 comunidades
en Quibdó, las mujeres afrodescendientes han llevado a cabo actividades de apoyo
micro comunitario en otros territorios como en el de Barbacoa, donde empoderaron a
otras mujeres y asistieron a víctimas de violencia sexual y de género en ausencia de
apoyo psicosocial y asistencia legal por parte del Estado. El prolongado conflicto
armado ha traído un intenso sufrimiento para las mujeres afrodescendientes, que han
sido la mayoría de sus víctimas, incluyendo la violencia sexual y de género, la
violación utilizada como arma de guerra, el asesinato, el desplazamiento forzado y
otras formas de violencia y violaciones.
A lo largo de su proceso de consulta, el Grupo de Trabajo escuchó cómo los temas
de resiliencia, resistencia y sanación son importantes en las luchas por la justicia y la
protección de los medios de vida de los afrodescendientes, en particular de las
mujeres. Sin embargo, los daños persistentes resultantes de las acciones de los
actores armados, las redes de delincuencia combinadas con la inacción del Estado y
la falta de protección generaron una sensación de agotamiento para los
afrodescendientes. Colombia debería aportar soluciones para reconstruir una
sociedad resiliente y garantizar los derechos de las mujeres afrodescendientes. El
Estado debe aumentar su apoyo a los programas liderados por y para las mujeres
afrodescendientes que abordan las graves violaciones de los derechos de las mujeres
y los niños y niñas, y garantizar su sostenibilidad mediante asignaciones
presupuestarias e instituciones dedicadas.
Niños, niñas y jóvenes en el contexto de conflicto
Al Grupo de Trabajo le preocupa que los jóvenes afrodescendientes sigan sufriendo
discriminación en todos los ámbitos de la vida, como la educación y el empleo, y que
no tengan igualdad de acceso a las oportunidades. Nos informaron que han sido
utilizados como instrumentos de guerra, en particular por los grupos armados. Tras
el proceso de paz, los grupos armados no han tardado en reclutar a niños y niñas
como informantes, mensajeros, peones y también como combatientes. Los
excombatientes adultos reconocieron la extrema pobreza, la falta de oportunidades,
la falta de acceso a la educación en las zonas rurales y la ausencia de un entorno
pacífico como algunos de los factores estructurales que dieron lugar a su
reclutamiento en los grupos armados. A menudo, cuando los adultos están trabajando,
los niños y niñas se quedan solos en casa y no existe ninguna garantía de protección
familiar o comunitaria. Los grupos armados llevan a cabo una estrategia de
“seducción”, es decir, de preparación sistemática de los jóvenes. La violencia armada
juvenil es una grave preocupación para los afrodescendientes de las comunidades.
El Grupo de Trabajo insta a Colombia a adoptar políticas y estrategias adecuadas, en
consulta con las comunidades afrodescendientes, para erradicar el reclutamiento de
niños, niñas y jóvenes en los grupos armados.
Grupos LGBTIQ+
Según los testimonios y las historias escuchadas, las personas LGBTIQ+
afrodescendientes se enfrentan a la discriminación y la violencia, incluso dentro de
las comunidades, sus familias y los grupos armados, así como a la falta de apoyo
adecuado y de comprensión de su necesidad de diversidad. El Gobierno debe
proporcionar apoyo y combatir firmemente la discriminación contra las personas
LGBTIQ+ afrodescendientes y tomar medidas firmes para luchar contra la impunidad.