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Presentación del informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presenta el Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en Bogotá, el 28 de febrero, en Popayán, el 29 de febrero, y en Pasto, el 4 de marzo, de 2024.

En Bogotá  se lleva a cabo una presentación del Informe Anual sobre la situación en Colombia y  hace énfasis en las recomendaciones al Estado que debe proteger, prevenir y garantizar los derechos humanos.

En la presentación del Informe Anual participaron la Consejera de Derechos Humanos, Lourdes Castro; el Viceministro de Justicia, Camilo Umaña; el Personero de Tame, Juan Carlos Villate; la Directora de Reiniciar, Luz Stella Aponte; la Embajadora de Suecia, Helena Storm; la Directora de Usaid, Anu Rajamaran; y la coordinadora residente del Sistema ONU en Colombia, Mireia Villar.

(se anexa video de la presentación y presentación)

En Cauca

En Popayán, la Representante Juliette De Rivero presenta el Informe Anual con énfasis en la situación del Cauca. (Se anexa abajo la presentación del Cauca.

En Popayán participan en la presentación el Secretario de Gobierno del Cauca, la Defensoría Regional del Cauca y la Embajadora de Irlanda en Colombia.

Cauca

Intervención de Juliette De Rivero en Popayán, Cauca, durante la presentación del Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Popayán 29 de febrero de 2023

Buenas tardes.

Agradezco a la Gobernación por su acogida, al Defensor Regional por el trabajo conjunto que realizamos en los territorios y la confianza, a todas las autoridades étnicas presentes, a las y los defensores de derechos humanos que nos acompañan y a sus organizaciones, a la Embajadora de Irlanda por su compromiso con los derechos humanos en Colombia, y particularmente con el Cauca, y a todos los presentes.

Hoy voy a presentar el informe anual de derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Lo que les voy a presentar es el resultado del trabajo de monitoreo y asesoría técnica de ONU Derechos Humanos durante el 2023.

Este informe será presentado oficialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra por El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, mañana 1 de marzo.

Ayer lo presenté en Bogotá en presencia de las autoridades nacionales, locales y étnicas, actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Decidí venir a Cauca hoy, para presentar este informe para expresar mi solidaridad y mi profunda preocupación frente a la situación de derechos humanos que se está viviendo en este departamento.

Presentaré los avances, nuestras preocupaciones por la situación de derechos humanos particularmente en el Cauca y nuestras recomendaciones.

Quiero empezar reconociendo la labor de defensa de derechos humanos de líderes y lideresas en los territorios de este departamento. Ustedes están enfrentando cotidianamente una situación de riesgo que deploramos y que no tiene ninguna justificación.

En la adversidad que enfrentan, impresiona su resiliencia, su capacidad de propuesta y la valentía de sus procesos organizativos. Creemos que es esencial garantizar la protección y la participación efectiva de los y las defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil en su conjunto para avanzar en la protección, prevención y realización de derechos humanos y la construcción de la paz en el país. Históricamente son ustedes quienes han defendido la paz, la vida, los derechos y el territorio contra la guerra, el abuso y el despojo y creemos que Colombia tiene mucho que aprender de sus propuestas.

El informe que presento hoy reconoce diversos avances en materia de derechos humanos que pueden servir para proteger los derechos humanos en los territorios. Ayer lo expresaba ante la prensa – tenemos un Gobierno con el que interlocutamos con facilidad, que reconoce los problemas de derechos humanos, que acepta el diagnóstico crítico que hace la oficina de ONU Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en los territorios, un Gobierno que integra los derechos humanos en sus políticas y que ha nombrado a defensores de derechos humanos en varios cargos importantes de responsabilidad. Vemos un Gobierno que además representa Colombia en su diversidad étnica y social y que trabaja y se moviliza para llegar a territorios históricamente marginados.

Entre los avances de derechos humanos que hemos resaltado a nivel nacional y que me parece importante destacar acá hoy, están:

• La adopción de una nueva política de seguridad humana – se trata de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la Vida y para la Paz – que es una nueva política de seguridad con un enfoque integral de derechos; con un cambio de paradigma importante y necesario – que pone la protección de las comunidades y del medio ambiente en el centro de su acción; que parte de un diagnóstico realista y acertado de la situación territorial y de las causas estructurales del conflicto; que busca proteger la vida precisamente construyendo una nueva relación de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad – a través de la participación y que reconoce que la seguridad no es un tema exclusivamente militar y policial, pero que es un asunto fundamentalmente político que concierne a toda la sociedad. Es una política que tiene que implementarse de manera urgente en territorio – de manera articulada por las distintas entidades de Gobierno y de estado en coordinación con la ciudadanía.

• También saludamos la adopción de una política para el desmantelamiento de estructuras generadoras de violencia y una política de drogas donde se integra un enfoque de derechos no punitivo.

• Estas políticas son claves para darle respuesta a la grave situación de derechos humanos en los territorios, pero tienen que traducirse en planes estratégicos y territoriales para su implementación.

• El compromiso del Gobierno con el medio ambiente, integrado en estas y otras políticas es un ejemplo.

• Vemos como avances, decisiones importantes tomadas por el Gobierno para combatir la desigualdad – como la adopción participativa del Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución Política de Colombia, la creación de la jurisdicción agraria y la matricula cero para la educación superior pública.

• También, el esfuerzo visible que hace el Gobierno por hacer presencia en regiones históricamente olvidadas como la Costa Pacífica y la voluntad de cambiar las dinámicas de inversión social y económica de estas zonas.

• Saludamos la Directiva Presidencial 07 por la cual se instruye a altos cargos del Gobierno y mandos de las fuerzas de seguridad a reconocer, a respaldar y a garantizar el trabajo y legitimidad de las personas defensoras. Es necesario traducir este compromiso en una realidad que le abra espacios de protección a las personas defensoras de derechos humanos en los territorios y en Cauca.

• En Cauca saludamos la instalación formal y las labores de la mesa de diélogo (social) del norte del Cauca para superar conflictividades relacionadas con usos y tenencia de las tierras y territorialidades y que constituye una oportunidad para avanzar en la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y superar conflictividades históricas.

Creemos que todos estos esfuerzos que el Gobierno ha realizado a nivel central pueden ser implementados territorialmente para atender la grave crisis de derechos humanos que persiste en varios territorios.

La situación de derechos humanos se ha venido deteriorando progresivamente en los últimos años. Si el Estado no cumple con su responsabilidad de proteger a la población, de construir el Estado de derecho frente a los actores generadores de violencia y si persiste la impunidad, la situación seguirá deteriorándose.

A nivel nacional en el 2023, ONU Derechos Humanos verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, en las que existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos.

En el balance del 2023 preocupa que:

Personas defensoras

Cauca fue el departamento con más casos verificados de homicidios de defensores. En el 2023 verificamos 25 de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en este departamento. Este representa 23, 8% de total de casos de homicidios a nivel nacional. En Cauca, hubo un aumento de 32% en casos de homicidios de defensores verificados por la Oficina de ONU Derechos Humanos, entre el 2022 y 2023.

De los casos verificados en Cauca, tres de las víctimas eran personas defensoras afrodescendientes, siete eran personas defensoras campesinas y 14 eran personas defensoras indígenas. De ellas, 13 eran integrantes del pueblo Nasa. Tres de las víctimas eran miembros de Guardias Indígenas. Al menos seis de las víctimas eran reconocidas como autoridades tradicionales/sabedores ancestrales.

Esta grave situación de derechos humanos se da en un contexto de continua expansión territorial y de estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que actúan en favor o al servicio de intereses y grupos de poder relacionados con economías ilegales.

En 24 de los 25 casos de homicidios de defensores documentados por ONU Derechos humanos, un grupo armado sería el presunto responsable.

El municipio con el mayor numero de homicidios es Caldono.

Esta situación es la consecuencia directa de la debilidad del Estado en materia de protección de los derechos de las comunidades y la prevención de violaciones.

En Cauca se ha hecho evidente que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales agreden los procesos organizativos de base y las autoridades étnicas para ejercer control sobre el territorio y sus recursos, regulando la vida comunitaria, extorsionando a la población, amenazándola, restringiendo su movimiento, reclutando niños, niñas y adolescentes, cometiendo abusos de violencia sexual y de género, secuestros y desapariciones.

En el Cauca, el actuar de grupos armados no estatales y grupos criminales en un contexto de falta de garantías de protección y prevención pone gravemente en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos indígenas y ha debilitado procesos organizativos de distintos sectores sociales de este Departamento: comunidades negras, campesinos, comunales entre otros. Nos preocupa profundamente, la situación, que está viviendo el Pueblo Nasa en Cauca. El desconocimiento de la autoridad étnica en el departamento afecta profundamente la pervivencia de los pueblos.

En varias partes del país, incluyendo Cauca grupos armados no estatales inciden violentamente para cooptar a los movimientos sociales, suplantar a las organizaciones históricas con otras organizaciones que siguen su línea y desarticular a las organizaciones de base.  En muchos territorios convocan reuniones públicas para dar órdenes a las comunidades y a las estructuras organizativas.

Hemos observado que en varios territorios los grupos armados tratan de arrebatarle la voz a las organizaciones de base, presentándose como el interlocutor principal del territorio, acallando violentamente y con amenazas las voces de la comunidad.

Las comunidades, los procesos organizativos y los pueblos étnicos continúan con valentía y con poca protección del Estado sus procesos de resistencia a pesar de la violencia, el señalamiento y la estigmatización de los grupos armados.

En mis discusiones con defensores en un territorio me marcaron dos frases:

“Ellos -los actores armados- quieren ser actores políticos, por eso no quieren comunidades autónomas, para que ellos tengan el reconocimiento que buscan”

y

“En estos momentos los grupos quieren sentarse a negociar pero no mostrar las violaciones ni la violencia que cometen”.

El Presidente de la República señaló en julio que la prioridad es que los diálogos con grupos armados permitan el respeto integral de los derechos de la población.

En este sentido, es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través del respeto sin condiciones a la población.

Adicionalmente, es importante que el gobierno nacional no se focalice únicamente en el accionar de los grupos armados no estatales y criminales y a dialogar con ellos, sino también en fortalecer estrategias dirigidas a factores subyacentes que alimentan los ciclos de violencia en este país y en este departamento – implementando la política de desmantelamiento que implica entre otros la investigación de los patrones de macro-criminalidad que alimentan la presencia y el accionar de actores armados no estatales.

Indice de violencia

En el 2023, a través de su índice de impacto de la violencia, ONU Derechos Humanos identificó 206 municipios a nivel nacional en los que la violencia ha impactado en los derechos de la población. Estos municipios se ubican en 28 de los 32 departamentos del país. En 2021 el indíce identificó 156 municipios, en 2022 fueron 180 y en 2023, 206 municipios – lo que denota la expansión de la violencia territorial.

De los 206 municipios 24 se encuentran en el Cauca. De los municipios identificados, (1) se encuentra en la categoría muy crítico, (7) en la categoría muy alto y (16) en la categoría alto impacto de la violencia. Cinco de los municipios del departamento se ubican dentro de los primeros 20 lugares del Índice (Balboa, Caldono, Santander de Quilichao, Argelia, Jambaló). Balboa se encuentra en el segundo lugar.

Reclutamiento NNA

Aunque persiste un alto subregistro en la documentación de casos de reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, entre otro por el miedo de sufrir represalias al reportarlo, el número de casos conocidos por nuestra oficina ha seguido aumentando desde el 2018 y en el 2023, ONU Derechos Humanos pudo verificar 134 casos por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales (que incluyen 86 niños, 42 niñas, 6 casos sin confirmación de género). Preocupa particularmente que, en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes).

La mayoría de los casos de reclutamiento , uso o utilización de niños y niñas documentados por ONU DDHH sucedieron en Cauca, Nariño, Antioquia y Arauca.

Como lo dije en una reciente audiencia de la Comisión Interamericana, en Cauca, la situación de niños, niñas y adolescentes de Pueblos Indígenas es particularmente preocupantes. Según información recibida por ONU Derechos Humanos, tan solo en las comunidades indígenas de la zona norte del departamento, en 2023 se presentaron al menos 153 casos de niños y niñas indígenas reclutados o utilizados.

El reclutamiento tiene sobre los Pueblos Indígenas un impacto diferencial, estando ligado a la pérdida de sus prácticas culturales, rompiendo sus relaciones con el territorio y agravando su riesgo de extinción cultural.

Como ha comentado un integrante del Pueblo Nasa en Cauca “cuando un grupo armado se lleva a los niños y niñas, nos van haciendo morir poco a poco los planes de vida, se nos somete a una muerte lenta.”

Según información recibida por la Oficina, los grupos armados no estatales aprovechan situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes para reclutarlos/as, usarlos/as y utilizarlos/as para sus fines. En un número significativo de los casos verificados por la Oficina, las víctimas enfrentaban graves dificultades de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Todo ello determina los métodos de reclutamiento, que se adelantan, principalmente, mediante estrategias de persuasión, engaño y manipulación emocional. Esta última, en particular, contra niñas y adolescentes, colocándolas en un alto riesgo de violencia sexual.

Violencia sexual y de genero

Quiero expresar mi profunda preocupación sobre el impacto del conflicto en las mujeres y la niñas. Los actores armados violentan a las mujeres, dentro de una estrategia deliberada de control social. Las rutas de protección para mujeres y niñas y la prevención de abusos contra ellas deben ser fortalecidas. Es necesario implementar estrategias para la atención integral y confidencial en los territorios, con un enfoque diferencial.

Masacres

En el 2023 ONU Derechos Humanos verificó 98 masacres en todo Colombia. Cauca registro 9 masacres verificadas lo que representa el 9,2 % de total del país. Cauca sigue sufriendo de manera considerable este hecho de violencia, al ser el quinto departamento con el mayor número de masacres en el país luego de Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Atlántico. Los municipios de Balboa y Santander de Quilichao son los más afectados por este hecho de violencia.

Desplazamientos y confinamientos

Cauca ocupa el tercer lugar en desplazamientos forzados en el país luego de los departamentos de Nariño y Bolívar. El municipio de Argelia aportó casi el 80% del total de la población desplazada en Cauca, al registrar 4,229 personas víctimas de este hecho.

En cuanto a población afectada por confinamiento, y no obstante la reducción observada a nivel nacional de personas afectadas por este hecho, Cauca registró un incremento de 55% en el número de población víctima, al pasar de 3,001 personas afectadas en 2022 a 4,669 en 2023, siendo el tercer departamento a nivel nacional con el mayor número de población confinada luego de Chocó y Nariño. Los municipios de Argelia (2,368 víctimas) y Suárez (1,374 víctimas) fueron los más afectados al aportar conjuntamente el 80% del total de la población víctima de confinamiento en el departamento según las cifras de OCHA.

Recomendaciones

• Es urgente fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en los territorios para superar la limitada efectividad en la garantía de los derechos y la seguridad de las comunidades. Esto se puede lograr, entre otras cosas, con la implementación coordinada entre nación y territorio de las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento del crimen organizado y de drogas, incluyendo por supuesto los respectivos planes territoriales.

• Aunque la negociación y el diálogo con actores armados puede contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en los territorios, no hay que perder de vista que el Estado es el garante de los derechos humanos y que la prioridad para Colombia y para el Cauca es reforzar la capacidad de respuesta del Estado a las graves situaciones de derechos humanos. Es necesario fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población en los territorios y elaborar estrategias integrales concretas para lograrlo.

• Hago un llamado a los actores armados no estatales a respetar los derechos humanos y el DIH. Les recuerdo que el DIH siempre es de obligatorio cumplimiento. Igualmente se encuentran obligados a respetar en su integralidad los derechos humanos de la ciudadanía, independientemente de si existen o no avances en la interlocución que vienen adelantando con el Gobierno Nacional en el marco de la política de Paz Total.

• Consideramos que los diálogos de paz deben tener como uno de sus principales objetivos la garantía de las libertades y derechos de las comunidades que en ellos habitan, para esto resulta fundamental fortalecer la presencia integral del Estado y garantizar la protección y participación efectiva de los procesos organizativos entre ellos pueblos étnicos.

• Frente a las grave situación relativa al reclutamiento de NNA, en particular en el departamento del Cauca, instamos a incluir de forma prioritaria los derechos de los niños y niñas en las conversaciones de paz y protocolos del cese del fuego, y a liberar , reintegrar formalmente y restablecer los derechos de los/las niños/as reclutados por grupos armados.

• El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2000), del que Colombia es Estado Parte, prohíbe a los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado a reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años en ninguna circunstancia, obligando a los Estados Parte a adoptar todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización.

• Saludamos los avances que se vienen presentando en la implementación de la Reforma Rural Integral -capítulo 1 del acuerdo para la terminación del conflicto de 2016- les invitamos a profundizar su implementación, incluyendo los PDETs y los programas de sustitución de cultivos. En lo que se refiere a la mesa de dialogo del norte del Cauca recomendamos fortalecer este proceso y en este contexto, el plan de vida del consejo territorial interétnico e intercultural.

• Es necesario mantener y reforzar el compromiso del Estado en su conjunto y la comunidad internacional en la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto de 2016, priorizando los municipios más afectados por las violencias.

• Es urgente avanzar en el Cauca en la implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, para esto se debe fortalecer la acción de investigación de los fenómenos de macro-criminalidad y la judicialización de los responsables materiales e intelectuales y también de quienes los favorezcan desde la institucionalidad.

• También recomendamos tomar en cuenta los contextos específicos que se viven en las diferentes subregiones del departamento al implementar las nuevas políticas públicas de seguridad, desmantelamiento y de drogas. Si bien es cierto que en el Norte; la Costa; el Oriente; el Macizo o el Cañón del Micay se presentan fenómenos y patrones de violencia en común, también es cierto que presentan algunas importantes particularidades que deben considerarse al momento de implementar la intervención del Estado.

• Instamos al Estado a avanzar en acciones efectivas para el fortalecimiento de las personerías de los municipios del Cauca, en especial de aquellos mas afectados por la violencia. Es necesario garantizarles los medios humanos y materiales para el efectivo ejercicio de sus obligaciones.

• Instamos al Gobierno Nacional y a los gobiernos departamentales y locales a destinar recursos y esfuerzos para la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, como contribución a la construcción de paz en los territorios.

• Instamos al Gobierno Nacional para que avance en la garantía jurídica, política y financiera del ejercicio de gobierno propio de los pueblos étnicos del Cauca y la garantía para el pleno disfrute de sus derechos colectivos.

• Sugerimos al Gobierno Nacional impulsar y fortalecer la mesa nacional y las mesas territoriales de garantías incluyendo la Mesa de Garantías del Cauca, es necesario reformar el modelo de protección para las personas defensoras, incluyendo a la UNP y se requiere garantizar la efectiva implementación del enfoque diferencial e interseccional.

• Instamos al Gobierno a reactivar la mesa nacional de garantías, de manera urgente.

• De manera más concreta, le pedimos al Gobierno:

• Formalizar un diálogo permanente con los procesos organizativos de base de los territorios, independientemente de los diálogos y negociaciones de paz con actores armados no estatales, en el que las organizaciones de la sociedad civil en particular los pueblos étnicos tengan una participación real y efectiva. La mesa del norte del cauca es un buen ejemplo que integra todos los sectores, incluyendo el sector privado y los trabajadores.

• Es importante incrementar los esfuerzos para el mejoramiento de la articulación inter-institucional, en la perspectiva de lograr cambios positivos para el goce efectivo de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por ello es,  fundamental una articulación y coordinación al interior de las diferentes instituciones del nivel central, regional y local.

• Resulta vital garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía en general. No será posible avanzar en la consolidación de la paz, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y de manera más amplia en la garantía al disfrute de los derechos humanos, si no se cuenta con un sistema de justicia efectivo.

• Para que el estado cumpla de manera más efectiva su función de prevención, protección y garantía de los derechos humanos, instamos a que se avance en el fortalecimiento de una relación armoniosa y articulada entre Ministerio Público, la Rama Judicial y los gobierno nacional y locales.

• Quisiera cerrar con una frase que escuchamos en una de nuestras visitas a un territorio:

“La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y se transforma la vida de las comunidades”.

• Los invito a leer nuestro informe. Le expreso mi agradecimiento a las y los defensores de derechos humanos por su confianza y así como a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional que nos respalda. Reiteramos nuestra disposición a trabajar conjuntamente, de acuerdo con nuestro mandato, para mejorar la protección de derechos humanos en el país.

Bogotá

Intervención Juliette De Rivero en Bogotá para presentar el Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Bogotá 28 de febrero de 2024

Bogotá, 28 de febrero 2024

• Quiero empezar reconociendo la labor de defensa de derechos humanos de líderes y lideresas en los territorios. Hace dos semanas estuve en el Nordeste Antioqueño y el Bajo Cauca, donde me reuní con autoridades y sobre todo con defensoras y defensores de derechos humanos. Siempre me impresionan su resiliencia, su capacidad de propuesta y su valentía. Es esencial escuchar las voces de los y las defensoras de derechos humanos y dialogar con ellos para fortalecer la llegada del Estado a las comunidades, la gobernabilidad y la paz territorial.

• Hoy les voy a presentar nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En días que siguen lo estaré presentando en diferentes regiones del país afectadas por graves situaciones de derechos humanos. La idea es llegar hasta las comunidades, las autoridades y defensores en los territorios..

• Lo que les voy a presentar hoy es el resultado del trabajo de monitoreo y acompañamiento de ONU Derechos Humanos durante el 2023. Agradezco a todo mi equipo por su trabajo incansable. Hoy hablaré de los avances en materia de derechos humanos, las preocupaciones, el resultado de nuestro monitoreo y hare recomendaciones.

• El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, presentará este informe oficialmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el próximo 4 de marzo.

Reconocimientos / avances

• Quiero empezar por reconocer la apertura del Gobierno para tratar temas difíciles de derechos humanos y agradecer la excelente cooperación con la Vice Presidencia y el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y otras instancias del Estado como la JEP, la UBPD y la UARIV, y las autoridades del Ministerio Público, en particular la Defensoría del Pueblo.

• También quiero saludar el enfoque de derechos humanos en las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas adoptadas por el Gobierno. Estas políticas son claves para darle respuesta a la grave situación de derechos humanos en los territorios, pero tienen que traducirse en planes estratégicos y territoriales para su implementación. El compromiso del Gobierno con el medio ambiente, integrado en estas y otras políticas son un ejemplo para el mundo.

• Valoramos positivamente el fortalecimiento de la protección colectiva. En 2023, la Unidad Nacional de Protección concluyó 114 estudios de protección colectiva, lo cual implica un incremento de 86% en relación con 2022.

• Reconocemos decisiones importantes tomadas por el Gobierno para combatir la desigualdad – como la adopción participativa del Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución Política de Colombia, la creación de la jurisdicción agraria y la matricula cero para la educación superior pública.

• También quiero subrayar el esfuerzo visible que hace el Gobierno por hacer presencia en regiones históricamente olvidadas como la Costa Pacífica y la voluntad de cambiar las dinámicas de inversión social y económica de estas zonas.

• Igualmente quiero felicitar al gobierno por los importantes actos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por graves violaciones de derechos humanos del pasado y que fueron llevados a cabo en 2023.

• Saludamos la apertura del macro caso 11 de la JEP para investigar la violencia basada en género, la violencia sexual y reproductiva y otros crimines cometidos por prejuicio basados en la identidad de género o la orientación sexual.

• Saludamos también la elaboración participativa del plan de acción del Programa de Garantías de Mujeres Defensoras y la importancia de la Directiva Presidencial 07 por la cual se instruye a altos cargos del Gobierno y mandos de las fuerzas de seguridad a reconocer, a respaldar y a garantizar el trabajo y legitimidad de las personas defensoras. Es necesario traducir este compromiso en una realidad que le abra espacios de protección a las personas defensoras de derechos humanos en los territorios.

• Así mismo quiero resaltar la importancia del Proyecto de ley de reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición. Este proyecto de Ley tiene amplio respaldo en la comunidad internacional y esperamos que cuente con el apoyo de todas las bancadas del Congreso para su adopción. Las mujeres buscadoras necesitan este reconocimiento del Estado, después de décadas de luchar solas y contra la corriente.

• Saludo que la Policía adoptó una nueva resolución sobre la atención de manifestaciones que sustituye al Escuadrón Móvil Antidisturbios por un nuevo cuerpo policial: la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. El manual incorpora elementos centrales, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, tales como: privilegiar el diálogo durante todos los operativos, el uso de la fuerza como último recurso, el principio de uso diferenciado de la fuerza, la clarificación de la cadena de mando, el fortalecimiento de algunos aspectos para la rendición de cuentas y la prohibición del uso de armas de fuego de la Unidad.

• Reconocemos la apertura de Colombia a la visita de Relatores Especiales y la intervención y representación diversa del país en el Examen Periódico Universal, así como los esfuerzos realizados para cumplir con varias sentencias internacionales en materia de derechos humanos.

Preocupaciones

• De nuestro balance de la situación en el 2023, preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos. Aunque se ha avanzado en muchas políticas, existe un gran desafío para la seguridad en las comunidades.

• Específicamente, ONU Derechos Humanos ha identificado en 2023, a través de su Índice de Impacto de la Violencia, 206 municipios, en los que la violencia ha impactado en los derechos de la población. Estos municipios se ubican en 28 de los 32 departamentos del país. En 2021 el indíce identificó 156 municipios y en 2022 fueron 180, lo que denota la expansión de la violencia territorial. El municipio que ocupa el primer lugar en el índice como crítico es Tame, Arauca.

• La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población. El actuar de los grupos armados y el que no se haya podido frenar su consolidación ponen gravemente en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos del país.

• Nos preocupa profundamente, la situación por ejemplo, que está viviendo el pueblo Nasa en Cauca, con el asesinato de líderes y lideresas espirituales, jóvenes, guardias indígenas. Hay una estrategia deliberada de destruir liderazgos, desconocer la autoridad indígena en territorio y destruir el tejido social. Lo mismo sucede contra comunidades Afro en el Pacífico o con el Pueblo Awá en Nariño, por nombrar algunos.

• En varias zonas del país se ha hecho evidente que los grupos armados no estatales ejercen control sobre la vida comunitaria, extorsionando a la población, amenazándola y restringiendo su movimiento. Preocupan el reclutamiento infantil, la violencia sexual y de género y los casos de secuestro y desaparición.

• Preocupa en particular la situación de vulnerabilidad y riesgo de los procesos organizativos de base. La violencia y la amenaza ejercida por estos grupos afecta negativamente la libertad de expresión en varios territorios.

• Como me comentó recientemente una persona defensora en territorio “Hay una amenaza latente. La dinámica cambió. Ahora ellos quieren es absorber a las comunidades y quitar los liderazgos sociales”.

• Los grupos inciden violentamente para cooptar a los movimientos sociales, suplantar a las organizaciones históricas con otras organizaciones que siguen su línea y desarticular a las organizaciones de base. En algunos territorios convocan reuniones públicas para dar órdenes a las comunidades y a las juntas de acción comunal.

• En particular hemos observado que en varios territorios los grupos armados tratan de arrebatarle la voz a las organizaciones de base, presentándose como el interlocutor principal del territorio, acallando violentamente y con amenazas las voces de la comunidad.

• El Presidente de la República señaló en julio que la prioridad es que los diálogos permitan el respeto integral de los derechos de la población. En este sentido, es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través del respeto a la población civil en el trato que le dan.

• En mis discusiones con defensores en un territorio me marcaron dos frases:

“Ellos -los actores armados- quieren ser actores políticos, por eso no quieren comunidades autónomas, para que ellos tengan el reconocimiento que buscan”

y

“En estos momentos los grupos quieren sentarse a negociar pero no mostrar las violaciones ni la violencia que cometen”.

Cifras

Personas Defensoras de Derechos Humanos

• En el 2023, ONU Derechos Humanos verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, en las que existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos.

• De los casos verificados, 14 eran mujeres, 87 hombres, una persona no-binaria, 2 hombres gays y una mujer transexual. Aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5% en homicidios de personas defensoras verificados, la violencia contra ellas siguió siendo absolutamente intolerable. Sigue siendo la cifra más alta del mundo.

• Con 25 casos verificados, el Cauca es el departamento con el mayor nivel de violencia contra defensores, seguido de Nariño (14), Valle del Cauca (10), Putumayo (9), Norte de Santander (6) y Arauca (6). Puerto Asís, fue el municipio con el mayor número de casos con cinco, le siguieron Caldono, Tame y Tumaco con cuatro cada uno. Diversos grupos armados no estatales serían los presuntos responsables del 74% de los homicidios verificados.

• La Oficina recibió alegaciones sobre 763 casos de amenazas y otras afectaciones a los derechos humanos de personas defensoras, lo cual constituye sólo una muestra del universo de casos en todo el país.

• Uno de los principales patrones identificados por la Oficina es que las personas defensoras son asesinadas cuando alzan su voz o se convierten en un obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los procesos sociales de defensa de derechos humanos y generar temor entre las comunidades.

• Como nos dijeron en el Cauca “Cuando matan a un líder, el pueblo del líder queda desconcertado, y solo. Se acaba el proceso. Todos tienen miedo”.

• Las personas líderes vinculadas a las Juntas de Acción Comunal (JAC) siguieron siendo las principales víctimas como resultado de la violencia, representando el 33% de los casos de homicidios verificados. Adicionalmente, ONU Derechos Humanos documentó alegaciones de casos de amenazas, estigmatización y desplazamiento forzado de liderazgos comunitarios, particularmente campesinos.

• Testimonios recogidos en varias regiones del país indican una intención de debilitamiento del movimiento comunal debido al intento de cooptación por actores armados, renuncias forzadas y miedo a presentarse para ejercer los cargos. Las denuncias de corrupción realizadas por los miembros de las JAC sobre el manejo de recursos de autoridades municipales también fueron un importante factor de riesgo.

• También las personerías municipales experimentaron altos niveles de riesgo, exacerbados por las limitaciones financieras bajo las que realizan su labor, particularmente en aquellos municipios remotos, con menores recursos y con los mayores índices de violencia. Agradezco acá la presencia del personero de Tame que nos hablará de su experiencia.

• ONU Derechos Humanos documentó alegaciones de ataques contra autoridades y líderes de pueblos indígenas y afrodescendientes, que afectaron negativamente su autogobierno y su pervivencia física y cultural, incluyendo 23 casos de homicidio de autoridades tradicionales, guardias indígenas o guardias cimarronas, particularmente en contra del pueblo Nasa en Cauca, el pueblo Awá y Consejos Comunitarios (en Nariño y en Cauca), pueblo Barí (Norte de Santander) y el pueblo Hitnü (Arauca).

• La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en la consolidación de una metodología y estrategia de investigación de homicidios de personas defensoras en los últimos años. Sin embargo, el número de condenas de los responsables intelectuales y materiales de estos homicidios y el nivel de esclarecimiento sobre las circunstancias de estos crímenes sigue siendo insuficiente. La impunidad perpetúa la situación de riesgo de personas defensoras.

Masacres

• En el 2023 ONU Derechos Humanos verificó 98 masacres. Se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas en 2022. En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Violencia en el contexto electoral

• En el marco de las elecciones departamentales y municipales celebradas en el 2023, la oficina recibió información sobre abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales que afectaron el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la vida.

• Entre el 1 de enero y el 29 de octubre, ONU Derechos Humanos recibió información de 46 personas (41 hombres y 5 mujeres) con algún tipo de liderazgo político asesinadas. De estos 46 casos, 11 eran candidatas y candidatos inscritos y 12 desarrollaban una actividad política preelectoral. Entre las víctimas se encuentran siete afrodescendientes, cinco indígenas, y ocho campesinos. Los departamentos donde se presentaron estos hechos son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

• Igualmente, durante este período la Oficina documentó amenazas, atentados contra personas y sedes de partidos políticos, hostigamientos, y prohibiciones a la realización de actividades de campaña, incluidos casos de violencia de género en contra de mujeres y personas LGBTIQ+ participantes en el proceso presuntamente cometidas por actores armados no estatales.

Violencia de género

• En el 2023, ONU Derechos Humanos también verificó 53 casos de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado. Entre ellos algunos casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño. ONU Derechos Humanos documentó también algunos casos de violaciones de mujeres y niñas en el marco del control social ejercido por estos grupos, incluyendo casos que habrían ocurrido en la presencia de familiares.

Reclutamiento

• Aunque persiste un alto subregistro en la documentación de casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado, por el miedo de sufrir represalias al reportarlo, ONU Derechos Humanos pudo verificar 134 casos por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales (que incluyen 86 niños, 42 niñas, 6 casos sin confirmación de género). Preocupa particularmente que, en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes). En 37 de los casos, las víctimas sufrieron múltiples violaciones de derechos.

• La mayoría de los casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas documentados sucedieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño.

Desplazamiento y Confinamiento

• Según la Oficina ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2023 aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22.9% en desplazamientos y del 14,3% en confinamientos respecto de la información de OCHA en el año 2022. Pese a esta disminución seguimos preocupados por el impacto de estos abusos en las comunidades.

Asesinatos de antiguos integrantes de FARC

• La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP en 2023. Esto representa una disminución del 5,9% respecto a 2022.

Privaciones arbitrarias de la vida

• La Oficina recibió 37 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida que habrían cometido integrantes de la Policía y Fuerzas Militares, de las cuales 30 fueron verificadas por la Oficina y 7 continúan en proceso de verificación. Estos casos fueron compartidos con el Ministerio de Defensa.

Recomendaciones

• Es urgente fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en los territorios dada la preocupante situación de inseguridad. Esto se puede lograr con la implementación coordinada de las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y de drogas. Con planes territoriales para mejorar la protección de la población y con el acompañamiento del Gobierno central.

• Aunque la negociación y el dialogo con actores armados puede contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en los territorios, no hay que perder de vista que el Estado es el garante de los derechos humanos y que la prioridad para Colombia es reforzar la capacidad de respuesta del Estado a graves situaciones de derechos humanos en los territorios. Es necesario, fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población en los territorios y elaborar estrategias concretas para lograrlo.

• Llamamos a los actores armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población y el derecho internacional humanitario. Nos preocupa que los grupos armados sigan ejerciendo violencia y no demuestren mayor respeto a la población, a pesar de la interlocución ofrecida

• Consideramos que los diálogos territoriales de paz deben tener como objetivo fortalecer la presencia integral del Estado y la transformación de los territorios, con la participación activa de los procesos organizativos de base y autoridades locales y étnicas.

• El Gobierno avanza de manera decidida en la implementación de la reforma rural integral, o capitulo 1 del acuerdo de paz de 2016 – lo que permite atender las causas estructurales del conflicto armado. Es necesario reforzar además la implementación de los PDETs y los programas de sustitución de cultivos en estos territorios.

• El gobierno y la comunidad internacional debemos seguir priorizando la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y el fortalecimiento institucional en los municipios más afectados por la violencia, así como las rutas trazadas por las mujeres en las consulta sobre Mujeres Paz y Seguridad de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad.

• Es urgente avanzar con la implementación de la política de desmantelamiento en lugares estratégicos del país. En particular, es necesario fortalecer la acción de investigación de los patrones de macro-criminalidad que sostiene la actividad de los actores armados no estatales en los territorios.

• Otra medida urgente es el fortalecimiento de las personerías en los municipios más afectados por la violencia. La dotación a las personerías debería hacerse de acuerdo con las necesidades del territorio y la gravedad de la situación, no únicamente con base en la categoría del municipio. Una reforma legislativa es necesaria.

• Instamos a los gobiernos departamentales y locales a destinar recursos y esfuerzos para la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, como contribución a la construcción de paz en los territorios.

• Es importante que el Gobierno fortalezca la capacidad de las autoridades étnico-territoriales, con recursos y acompañándolos en su labor de hacer estado en sus territorios. Es crítico, reconocer y fortalecer las instancias de gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la implementación de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera, asesoría y acompañamiento técnico para ejercer su función pública en el marco de su derecho a la autonomía y auto-determinación.

• Sugerimos al Gobierno, instalar una mesa de trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, con plena participación de la sociedad civil, para construir un nuevo modelo de protección para personas defensoras, incluyendo una reforma de la Unidad Nacional de Protección, el fortalecimiento de los modelos de protección colectiva con enfoques diferenciados y del seguimiento a la implementación de las medidas con enfoque de género para mujeres y personas LGBTIQ+.

• Instamos al Gobierno a reactivar la mesa nacional de garantías, de manera urgente.

• De manera más concreta, le pedimos al Gobierno:

• Formalizar un diálogo permanente con los procesos organizativos de base de los territorios, independientemente de los diálogos y negociaciones de paz con actores armados no estatales, en el que la población civil organizada pueda expresarle directamente al Estado sus propuestas y opiniones sobre seguridad humana y paz territorial para construir con ellos las soluciones territoriales. Es esencial empoderar a las organizaciones de base dándoles los recursos y medidas de protección colectivas necesarias para resistir a la presión de los grupos armados en sus territorios.

• Los 206 municipios identificados por nuestro índice de impacto de la violencia podrían ser una base para que el gobierno pueda fortalecer la respuesta estatal a situaciones de crisis de los derechos humanos, en zonas prioritarias del país.

• Quisiera cerrar con una frase que escuchamos en una de nuestras visitas a un territorio:

“La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y se transforma la vida de las comunidades”.

• Los invito a leer nuestro informe. Le expreso mi agradecimiento a las y los defensores de derechos humanos por su confianza y así como a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional que nos respalda. Reiteramos nuestra disposición a trabajar conjuntamente, de acuerdo con nuestro mandato, para mejorar la protección de derechos humanos en el país.

Presentación en Bogotá, Popayán y Pasto del Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2023