26 de septiembre 2024
Quiero agradecer la presencia de las personas defensoras del derecho a un medio ambiente sano que han venido a participar en este encuentro. También a todas las instituciones y organizaciones que han hecho posible este encuentro: al Ministerio de Ambiente, a la Unión Europea, al CINEP y a GIZ.
Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están en primera línea frente a lo que el Secretario General de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han llamado la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Desempeñan un papel esencial en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, la denuncia de prácticas nocivas, la exigencia de responsabilidades a gobiernos y empresas frente a la naturaleza, y la supervivencia de sus comunidades.
No obstante su rol crucial en defensa de la vida, las personas defensoras del medio ambiente se enfrentan a amenazas cada vez mayores, como el acoso, la intimidación, la estigmatización, la criminalización e incluso, las agresiones físicas y el asesinato.
ONU-Derechos Humanos documentó en el 2023 en Colombia 31 casos de homicidios de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. En lo que va del 2024, ha verificado 16 casos de homicidio y se encuentra en proceso de verificar 11 casos adicionales. Del total de casos, cinco son de mujeres defensoras. También del total 14 son personas indígenas y 8 personas campesinas. Los departamentos con mayor número de casos son: Cauca con 6 casos y Arauca, Bolivar, Bogotá, Chocó y Magdalena con dos casos cada uno.
ONU-Derechos Humanos también ha recibido múltiples casos de personas defensoras del medio ambiente de las diversas regiones del país que son víctimas de ataques, amenazas y desplazamiento. El impacto de estas prácticas suele ser aún mayor en casos de personas defensoras indígenas, afrocolombianos, campesinos y mujeres defensoras del medio ambiente, quienes están defendiendo sus medios de vida y luchando por la protección, el desarrollo de sus comunidades y, en ocasiones, su subsistencia como pueblos. Estos defensores enfrentan amenazas constantes al resistir proyectos extractivos, degradación de ecosistemas únicos en Colombia, e intereses económicos legales e ilegales, así como al control social y territorial de actores armados no estatales que ejercen actividades económicas ilegales con serios impactos al medio ambiente, como la minería ilegal, la deforestación y la ganadería extensiva.
Una situación especialmente crítica es la que se están enfrentando las personas defensoras de la Amazonía. Por ello reconocemos la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de articular una red institución de protección de las personas defensoras del medio ambiente que busca prevenir y proteger frente a la violencia que sufren las personas comprometidas con el cuidado y regeneración de los bosques. ONU-DH hace parte de la red y ha firmado un Memorandum de Entendimiento con el Ministerio para este fin.
Hoy el marco internacional de los Derechos Humanos hace un pleno reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. A través, por ejemplo, de la Resolución A/HRC/RES/48/13 del Consejo de Derechos Humanos y la Resolución A/RES/76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha reconocido la existencia y la importancia de este derecho, así como de su íntima relación con los derechos a la vida, la salud, la alimentación, a la tierra y al agua. El Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por Colombia después de un largo proceso, reconoce este derechos para los países de la región, pero además articula la realización de derechos que resultan fundamentales para su ejercicio, como los derechos a la participación, a la información y a la justicia ambiental, así como la protección de quienes defienden el derecho al medio ambiente.
Ustedes son quienes hacen que realmente estas resoluciones y tratados no se queden sólo en papel, sino que se traduzcan en herramientas de protección y defensa de sus comunidades frente a los enormes impactos negativos que ponen en riesgo la biodiversidad, la naturaleza y la vida de las comunidades. Estamos conscientes que en este esfuerzo arriesgan su vida, su integridad y la tranquilidad de sus familias. Por ello es fundamental que las instituciones del Estado, las empresas y diversos actores de la sociedad civil reconozcamos su vital labor y que generemos las condiciones para que puedan ejercer plenamente el derecho a defender el derecho a un medio ambiente sano.
Estamos a pocas semanas de la COP-16. Entiendo que por primera vez en estas Conferencias sobre Biodiversidad se dedicará un día entero a hablar sobre derechos humanos, justicia ambiental y personas defensoras de derechos humanos. No es casualidad que esto se haga en la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente y en el país que registró en 2023 el mayor número de personas defensoras del medio ambiente según Global Witness.
Por eso esta Pre-cop resulta especialmente relevante. Este espacio busca generar un encuentro para que puedan compartir sus experiencias, identificar los riesgos comunes, las estrategias de reivindicación de derechos, de autoprotección y defensa de sus comunidades. También es un espacio para generar líneas de acción para la implementación de Escazú y propuesta de recomendaciones para que las instituciones del Estado puedan generar acciones de prevención, protección, acceso a la justicia y medidas de no repetición en favor de personas defensoras del medio ambiente.
Desde ONU-Derechos Humanos esperamos que el intercambio resulte productivo, que se fortalezcan los lazos y la solidaridad entre las personas defensoras de toda la región, y que el intercambio de experiencias y conclusiones puedan alimentar las discusiones que se darán en la COP16 hacia un mayor reconocimiento de la labor que ustedes realizan.
Muchas gracias