Intervención de Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la Mesa Nacional de Seguridad
con los organismos de acción comunal 2025
Bogotá 3 de septiembre de 2025
Desde ONU Derechos Humanos agradezco la invitación a participar en esta importante Mesa Nacional con el fin de avanzar en la adopción de medidas de prevención y protección para las personas que forman parte de las Juntas de Acción Comunal, JAC.
Expreso mis condolencias y solidaridad a ustedes y a las familias y a las comunidades de todas las personas defensoras líderes sociales asesinadas.
En los Informes Anuales del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia hemos subrayado con preocupación los altos niveles de violencia que existen en contra de las y los líderes sociales que conforman las Juntas de Acción Comunal en diversos territorios de Colombia. Son uno de los grupos de personas defensoras y líderes sociales que registran los mayores casos de homicidios.
Desde 2016 hasta el 1 de agosto de 2025, ONU Derechos Humanos ha podido verificar un total de 383 homicidios de miembros de Juntas de Acción Comunal en los que se puede encontrar una relación causal entre los motivos de su muerte y su liderazgo social.
De ese total, 355 eran hombres y 48 mujeres. El 44% de todos los homicidios verificados por ONU-Derechos Humanos ha sido de personas líderes de Juntas de Acción Comunal.
Tan sólo en 2024 y en lo que va del 2025 hemos verificado 64 casos de un total de 85 alegaciones de homicidios.
Los años con mayores casos de homicidios verificados han sido 2018 con 115 casos y 2022 con 202 casos. A partir de este año se ha registrado una ligera disminución con 105 casos registrados en 2023 y 89 casos en 2024.
Los departamentos que registran mayores casos son: Antioquia (44), Norte de Santander (42), Putumayo (36), Cauca (35), Valle del Cauca (26), Caquetá (24), Nariño (22), Meta (13) y Chocó (13). También llama la atención una concentración en los municipios de Cúcuta (13), Montañita (7), Tame (6), Argelia (6), Puerto Asís (6), Buenaventura (4), Carmen del Darién (4) y La Macarena (4).
En cuanto a los presuntos perpetradores, del 1 de enero de 2024 hasta la fecha, ONU Derechos Humanos ha identificado en 55 casos la presunta responsabilidad de Grupos Armados No Estatales (Disidencias FARC 29, ELN 14, EGC 2, Segunda Marquetalia 2 y Comandos de Frontera 2); 2 casos de responsabilidad de Grupos Criminales, 2 casos de responsabilidad de Grupos de narcotráfico; y 9 casos en los que no se ha podido identificar al responsable.
A los casos de homicidio debemos sumar un número muy alto de amenazas y otros ataques violentos, físicos o en línea, lo cual ha generado la renuncia de los miembros de las Juntas de Acción Comunales o su desplazamiento del territorio.
La violencia en contra de las personas que integran las Juntas de Acción Comunales se inscribe en su mayoría en el contexto del control social que ejercen los grupos armados no estatales. Este control social se da a su vez como un instrumento para el control del territorio y de las economías ilícitas, como minería, narcotráfico, tráfico y trata de personas, deforestación, ganadería ilegal, extorsiones, entre otras.
Como voceras y líderes de la comunidad, las personas que conforman las Juntas de Acción Comunales se encuentran en la mitad del conflicto armado. En aquellas regiones en las que el grupo armado tiene un control hegemónico, busca implementar sus normas y reglas de conducta a las comunidades a través de la presión y la violencia contra sus líderes y lideresas.
En las regiones donde existe una disputa entre dos o más grupos, las Juntas de Acción Comunal, particularmente sus presidentes y vicepresidentes, quedan en medio del conflicto. Los grupos armados los estigmatizan e intimidan para que se alineen con sus intereses económicos y militares.
Los grupos armados utilizan la violencia en contra de los líderes comunales para dar un mensaje de terror, imponerse y ejercer control en las comunidades.
En este 2025, ONU Derechos Humanos ha registrado casos en los que todos los miembros de las Juntas de Acción Comunal de un municipio desean renunciar por el temor generado por los grupos.
En otras ocasiones, hay casos de intento de cooptación por parte de los Grupos Armados de los liderazgos y suplantación con personas afines a sus intereses. También hemos recibido casos de imposición de tareas como el cobro de multas, la carnetización de la comunidad o el cobro de extorsiones.
Las próximas elecciones presentan una situación de especial riesgo para los miembros de las Juntas de Acción Comunal en varios departamentos del país. La experiencia de años anteriores demuestra que en este contexto de cambio de las dirigencias de las Juntas de Acción Comunal aumenta la violencia en contra de ellos y ellas.
La Oficina desea hacer algunas recomendaciones para la prevención y protección de las personas que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal.
Primero, mantener la sostenibilidad de esta Mesa Nacional a través de reuniones periódicas, un calendario de sesiones, un plan de acción con objetivos precisos y medibles y un mecanismo de evaluación de implementación de compromisos.
Segundo: realizar mesas en los territorios para profundizar en las situaciones de riesgo y coordinar acciones de prevención y protección por parte de autoridades nacionales y territoriales. Estos mecanismos y mesas territoriales deberán contar con una participación sustantiva de los organismos comunales.
Tercero: generar un mecanismo de reacción rápida ante la situación de inseguridad de juntas de acción comunal que involucre al Ministerio del Interior, Fuerza Pública, Fiscalía y UNP, así como autoridades territoriales.
Cuarto:que la Política Nacional de Garantías para personas defensoras pueda incluir mecanismos y rutas ajustadas específicamente a la situación de riesgos de las Juntas de Acción Comunal.
Quinto: fortalecer la respuesta que la UNP, sobre todo a partir de las rutas colectivas, puede dar en términos de protección en aquellos municipios con los mayores índices de violencia en contra de las Juntas de Acción Comunal.
Sexto: establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, especialmente la Unidad Especial de Investigación, con el fin de informar sobre los avances investigativos en casos emblemáticos de homicidio y ataques en contra de Juntas de Acción Comunal.
Y finalmente, promover la integración de las y los representantes territoriales de las Juntas de Acción Comunal en los espacios de diálogo entre sociedad civil y Estado, como la Mesa Nacional y mesas territoriales de garantías.
