Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Bogotá 15 de agosto de 2024
Agradezco a todas y todos los representantes de las instituciones que han atendido la invitación a este espacio de diálogo organizado en coordinación con el Ministerio del Interior, con quien venimos desarrollando una alianza de trabajo para la promoción y protección de los derechos del campesinado en concordancia con los compromisos adquiridos por Colombia con la adhesión a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en 2022.
Esta conversación tiene como principal objetivo generar un diálogo propositivo alrededor de los retos y desafíos que enfrentan las instituciones para garantizar los derechos de las comunidades campesinas consagrados hoy en la Constitución Política.
Colombia ha dado importantes pasos al alinear su legislación y establecer bases de la política pública en concordancia con los estándares internacionales para la promoción y protección de los derechos del campesinado. Desde la Oficina de ONU Derechos Humanos resaltamos la importancia que el Estado colombiano haya reforzado su marco nacional de promoción y protección de derechos para campesinos y campesinas, les haya reconocido como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, y haya establecido mecanismos para garantizar su participación en las decisiones de orden político y programático.
Gracias al esfuerzo de muchos y muchas, se logró la modificación del artículo 64 de la carta constitucional de Colombia. El Acto Legislativo 01 de 2023 ha otorgado este reconocimiento, pero también, ha definido nuevos desafíos al Estado para la protección de los derechos de esta población.
Avanzar en la garantía de derechos para el campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes, implica reconocer, respetar y proteger sus derechos, pero también, identificar los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan para lograr alcanzar un nivel de vida adecuado.
Colombia afronta múltiples desafíos. La violencia en los territorios provocada por los grupos armados no estatales ha afectado la seguridad de las comunidades campesinas, así como la de los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes.
La Oficina observa con preocupación la presión que existe para cooptar los espacios y procesos organizativos campesinos, e instrumentalizar mecanismos como las guardias campesinas por parte de estos grupos armados en búsqueda de tener mayor control territorial y poblacional, incrementando los riesgos para las comunidades, sus líderes y lideresas, y sus procesos legítimos de reclamo de derechos, generando a su vez mayor estigmatización en los territorios y dificultades para la gobernabilidad por parte de las autoridades civiles.
Asimismo, el acceso precario a un amplio conjunto de derechos para campesinos y campesinas, Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes pone en riesgo la posibilidad de su seguridad y de acceder a un nivel de vida adecuado. Por ejemplo, el problema de acceso a tierra para campesinos y campesinas, para Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes que está directamente relacionado con los problemas históricos y estructurales de distribución e inequidad en la propiedad de la tierra[1], impacta de forma directa en el acceso y disfrute del derecho a la alimentación, a la vivienda, al agua, al trabajo, a la participación y a la seguridad, entre otros, siendo las mujeres y niñas las más afectadas dentro el conjunto de la población.
El desarrollo inclusivo es otro gran reto para Colombia, todos los sectores de la sociedad deben verse involucrados y beneficiados por éste. Las coyunturas recientes del país han permitido identificar y reconocer el riesgo y el malestar de la juventud colombiana ante la falta de oportunidades. Y allí, la juventud campesina, la juventud indígena y afrodescendiente, en particular, están expuestas a mayores riesgos, pues se enfrentan no solo a la pobreza rural estructural, sino a la violencia, el reclutamiento por parte de grupos armados no estatales y a las economías ilícitas.
Cabe recordar entonces los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz. Avanzar en la reforma agraria integral como vértice de los cambios estructurales de la ruralidad implica mayores esfuerzos.
La Oficina celebra los avances que se han dado en materia legislativa. Por ejemplo, los debates y acuerdos políticos alcanzados en torno a la creación de una jurisdicción agraria son fundamentales en el proceso de construcción de paz y de acercar el derecho a la justicia para las comunidades campesinas, para los Pueblos Indígenas y para las comunidades afrodescendientes. Asimismo, celebramos el avance del catastro multipropósito, la compra y adquisición de tierras para su redistribución, la conformación y desarrollo de zonas de reserva campesina y otras formas de territorialidades campesinas. Sin embargo, los retos aún son enormes para materializar este y otros derechos.
Recordamos cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Campesinos y Campesinas se constituye en un compromiso ético para los estados en la garantía y respeto de todos los derechos que atañen a la población campesina, especialmente por sus condiciones de vulnerabilidad, victimización y desprotección, y establece principios universales para que se reconozca y garanticen especialmente el derecho a la tierra, a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, a la educación, al trabajo, entre otros. Al respecto, me gustaría dejarles tres consideraciones:
- La protección de líderes sociales sigue siendo un gran reto para el país. La Oficina sigue recibiendo alegaciones de homicidios de personas defensoras tanto indígenas como campesinas y afrodescendientes. En este sentido, atender la violencia que pone en riesgo a estas tres poblaciones e impulsar la “des-estigmatización” de estas personas y sus comunidades tienen un gran impacto en la seguridad de la población, sus líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
- Promover la seguridad jurídica y física en la tenencia de la tierra y el territorio de forma armónica con los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas constituye una forma de prevención de nuevas conflictividades en los territorios, evitando, así mismo, condiciones propicias para la exacerbación de crisis sociales y económicas.
- La adecuación institucional como base para la formulación e implementación de políticas públicas para el campesinado. Como lo estableció el parágrafo 1 del artículo 64 de la Constitución Política es crucial que todas las entidades del Estado inicien los ajustes institucionales correspondientes para garantizar su cumplimiento. Esto debe avanzar de manera armónica con los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso y entera disposición para continuar acompañando el trabajo de las instituciones en clave de su fortalecimiento para implementar la agenda de derechos del campesinado y lograr la plena garantía de todos y cada uno de sus derechos.
Gracias por su atención.
[1] Cerca de 98.3 millones de hectáreas rurales registradas se distribuyen en: 32% territorios étnicos de poblaciones indígenas y afrocolombianas, 52% son propiedad privada, y 16% tierras baldías. El 1% de la población ocupa el 81% de la tierra en el país, mientras que el 99% ocupa el 19%, resultando en uno de los porcentajes más altos de concentración de la tierra de América Latina, con un Índice de Gini de 0.9
