Katy Fuentes llegó a la escuela con recortes de periódicos y revistas para un ejercicio de lectura en clase.
Cuando se acercó a una compañera para ver sus recortes, Fuentes se sorprendió al ver una foto de su padre, Wilson Fuentes, junto con la noticia de que tres meses antes, el 14 de enero de 1990, se lo había llevado por la fuerza un grupo paramilitar en un camión y, posiblemente, lo habían asesinado junto con otras 42 personas, en el departamento de Córdoba, Colombia.
Fuentes tenía entonces 13 años y su vida cambió. Su madre le había dicho que su padre se encontraba de viaje, sin contarle que aquella noche no regresó de Pueblo Bello para celebrar el cumpleaños de su hermana. Al día siguiente, Fuentes, sin saber que no volvería a ver a su padre, salió con su madre y su hermana a otra ciudad.
“Yo me llené de tristeza en ese momento”, dijo.
Siete años después, Fuentes se unió al Comité Coordinador del Caso Pueblo Bello, una de las muchas organizaciones de víctimas de desaparición forzada en Colombia creadas para determinar el paradero de miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país sudamericano.
“Desde ese momento me convertí en lideresa y defensora de los derechos humanos”, explicó Fuentes. “No me veo en la vida sin defender derechos humanos. No he encontrado a mi papá y lo sigo buscando, aunque también me estoy preparando por si no encuentro sus restos. Me alienta que puedo ayudar a otros familiares de personas desaparecidas y cuando ellas encuentran a sus familiares es un poco como si yo encontrara a mi papá”.
En el caso de Pueblo Bello, por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, hombres fuertemente armados pertenecientes a un grupo ilegal llamado Los Tangueros llegaron al pueblo en dos camiones y se llevaron a 43 campesinos escogidos al azar, entre ellos el padre de Fuentes.
Los 43 campesinos fueron torturados y asesinados como venganza por la desaparición de 43 cabezas de ganado unos meses antes, un hecho que los paramilitares atribuyeron a grupos guerrilleros. La sentencia de la Corte estableció que el ejército colombiano permitió a los paramilitares llegar al pueblo y cometer los crímenes.
132,877 personas desaparecidas
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, una entidad del Estado colombiano creada tras el histórico acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, en Colombia hay 132,877 personas desaparecidas por razones relacionadas al conflicto armado.
Las mujeres — madres, hijas, esposas, hermanas, abuelas — han tenido un rol protagónico en la búsqueda y el liderazgo de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Pese a sufrir amenazas e incluso violencia física en algunos casos, estas mujeres han tomado la iniciativa para denunciar y visibilizar las desapariciones forzadas, liderando la exigencia por la rendición de cuentas, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
ONU Derechos Humanos, presente en Colombia desde 1997 con el mandato de monitorear violaciones de derechos humanos, ofrecer cooperación técnica al Estado y a la sociedad civil, informar sobre la situación de derechos humanos y promoverlos, realiza un trabajo integral para avanzar en la lucha contra la desaparición de personas, incluido el acompañamiento a víctimas, familiares y colectivos.
Una política pública de Estado
En los últimos tres años, ONU Derechos Humanos ha acompañado, asesorado y hecho incidencia ante las autoridades del Estado en la elaboración de una política pública para la búsqueda de personas y para la prevención de la desaparición forzada, con enfoque de derechos humanos.
“La Oficina acompaña a organizaciones y familiares de personas desaparecidas en el fortalecimiento de su conocimiento en estándares internacionales relacionados con la búsqueda y la prevención de la desaparición forzada”, dijo Scott Campbell, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Katy ha sido una de las personas a quienes acompaña la Oficina”.
“Una buscadora es una persona que tiene un familiar desaparecido. Representamos la voz de las personas que no se atreven a mencionar la desaparición. Nos metemos al territorio, al cementerio, a las zonas de riesgo, a los espejos de agua para buscar personas desaparecidas, y necesitamos que nos reconozcan”
Para Fuentes, el acompañamiento de la Oficina es clave.
“El acompañamiento de la Oficina da legitimidad a nuestra labor ante las autoridades y le insisten al Estado para que tenga en cuenta nuestra experiencia y para que participemos efectivamente y se desarrolle una política pública de búsqueda de nuestros familiares, que cuente con nosotros”, dijo Fuentes.
“Además, ONU Derechos Humanos ayuda a que el Estado se articule y coordine, porque uno de los problemas de la búsqueda es que las autoridades no se complementan en su labor, y son negligentes”.
https://www.ohchr.org/es/stories/2025/08/women-lead-search-victims-enforced-disappearance-colombia
Women lead search for victims of enforced disappearance in Colombia
Katy Fuentes arrived at school with a batch of newspaper and magazine clippings for a class reading exercise.
When she approached a classmate to look at her clippings, Fuentes was shocked to see a photo of her father along with the news that three months earlier, on January 14, 1990, he had been taken by armed men and possibly murdered with 42 other people in northern Colombia.
Fuentes was 13 years old at the time. Her mother had told her that her father was away on a trip, without mentioning that he hadn’t returned from Pueblo Bello that night to celebrate her sister’s birthday. The next day, Fuentes, unaware that she would never see her father again, left with her mother and sister for another city.
“I was filled with sadness at that moment,” she said.
Seven years later, Fuentes joined the Coordinating Committee of the Pueblo Bello Case, an organization for victims of enforced disappearance created to locate the many thousands of people reported missing during the armed conflict in Colombia.
“From that moment on, I became a leader and human rights defender,” Fuentes explained.
“I don’t see myself in life without defending human rights. I haven’t found my father and I’m still looking for him, although I’m preparing myself in case I don’t find his remains. I’m encouraged that I can help other relatives of disappeared people, and when they find their relatives, it’s a bit like me finding my father.”
In the Pueblo Bello case, for which the Colombian State was condemned by the Inter-American Court of Human Rights in 2006, heavily armed men belonging to an outlawed paramilitary group called Los Tangueros arrived in the village in two trucks and took 43 farmers at random, including Fuentes’s father, Wilson Fuentes.
The 43 were tortured and murdered in revenge for the disappearance of 43 cattle a few months earlier, an act the paramilitaries attributed to armed guerrillas. The Colombian army, as established in the ruling, allowed the paramilitaries to reach the town and commit the crimes.
132,877 missing persons
According to the Search Unit for Missing Persons, a State entity created after the historic 2016 peace agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia guerrilla group and the government, there are 132,877 missing persons in Colombia stemming from its armed conflict.
Women — mothers, daughters, wives, sisters, grandmothers — have played a leading role in the search and lead organizations for families of victims of enforced disappearance in Colombia.
Despite facing threats and even physical violence in some cases, these women have taken the initiative to denounce and expose enforced disappearances, leading the demand for accountability, truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition.
UN Human Rights, in Colombia since 1997 with the mandate to monitor human rights violations, provide technical cooperation to State authorities and civil society, report on the situation, and promote human rights, carries out comprehensive work to advance the fight against enforced disappearances, including supporting victims and their families.
State policy
Over the last three years, UN Human Rights in Colombia has supported, advised, and advocated with State authorities for the development of a State policy on the search for disappeared persons and the prevention of this crime against humanity, with a human rights perspective.
“The Office supports organizations and families of missing persons in strengthening their knowledge of international standards related to the search and prevention of enforced disappearances,” said Scott Campbell, Representative of UN Human Rights in Colombia.
“Katy has been one of the people supported by the Office.”
A searcher is someone who has a missing relative. We represent the voice of those who don’t dare to mention their disappearance. We go to the field, to cemeteries, to risk zones, to bodies of water to search for missing people, and we need to be recognized.
For Fuentes, the Office’s support is key.
“The Office’s support legitimizes our work with the authorities. They urge the State to take our experience into account and to allow us to effectively participate, and to develop a State policy for the search of our relatives, a policy that includes us,” said Fuentes.
“Furthermore, UN Human Rights also helps the State articulate and coordinate policies, because one of the problems with the search is that authorities don’t complement each other’s work and are negligent.”
https://www.ohchr.org/en/stories/2025/08/women-lead-search-victims-enforced-disappearance-colombia
