Bogotá 4 de marzo de 2026
Muy buenos días a las personas que nos acompañan en este recinto y a quienes siguen esta transmisión en redes sociales.
- Hoy presento el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, 2025.
- Este Informe examina la situación de derechos humanos en Colombia, así como algunos avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, las políticas de seguridad, desmantelamiento y paz total, entre otras.
Dividiré mi intervención en tres partes:
- Reconocimientos a avances del Estado colombiano.
- Principales preocupaciones en materia de derechos humanos.
- Recomendaciones para este Gobierno y para el próximo Gobierno
- A modo de introducción me gustaría decir que este es un Informe sobre prevención y progresos.
- Buscamos prevenir el retroceso en materia de derechos humanos y formular recomendaciones para mejorar la situación y construir sobre los avances.
- Utilizar el monitoreo de derechos humanos, nuestra voz e incidencia y la asistencia técnica para prevenir un conflicto y contribuir a la consolidación de la paz, es una función fundamental de nuestra oficina.
- Intentamos ser lo más objetivos en nuestro análisis, reconociendo los avances alcanzados -en temas que trabaja la Oficina- y señalando situaciones graves y factores de riesgo que requieren mayor atención (urgente o a largo plazo).
- La realidad es mixta, y el análisis requiere matices: hemos presenciado una apertura del gobierno, un compromiso y unos avances políticos sin precedentes.
- Hemos visto algunos avances concretos en áreas importantes, pero aún continúan muchos retos subyacentes y estructurales que generan situaciones de derechos humanos muy preocupantes en varias áreas.
- Reconocemos, por supuesto, que cambiar las causas estructurales de problemas que llevan décadas no es fácil y lleva tiempo.
Voy a comenzar por los reconocimientos:
- Reconocimientos
El informe reconoce avances importantes.
- En 2025 el Gobierno mantuvo su apertura y cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos, recibiendo tres visitas oficiales de relatoras especiales;
- Fortaleciendo la colaboración con ONU Derechos Humanos, con la comunidad internacional, con la sociedad civil;
- Y desempeñando un papel activo en la defensa de los derechos humanos en escenarios multilaterales como, por ejemplo: el Consejo de Derechos Humanos.
- Además, hoy quiero hacer un reconocimiento expreso al valor y al compromiso de la Defensoría del Pueblo.
- En un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado, la violencia de los grupos armados no estatales y los recortes presupuestales, su voz objetiva, clara y valiente es un acompañamiento esencial para muchas comunidades.
- También quiero destacar el papel de las personeras y personeros quienes en todo el país llevan a cabo su rol de protección de los derechos humanos en medio de riesgos y dificultades.
- Deseo además reconocer especialmente a la Procuraduría General de la Nación por su papel fundamental en la defensa del orden constitucional, la vigilancia de la función pública y también en la protección y avance de los derechos humanos.
- El Informe Anual 2025 reconoce con relación a la Fuerza Pública, los siguientes cuatro puntos:
- La adopción de políticas de seguridad y de derechos humanos por parte del Ministerio de Defensa y la revisión de la doctrina operativa de la Policía Nacional, con asesoría técnica de nuestra Oficina.
- Por tercer año consecutivo hay un menor número de alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida por parte integrantes de la Fuerza Pública. En 2025 la reducción fue del 41 % respecto de 2024.
- Fortalecimiento de mecanismos de mando y control para prevenir violencia basada en género, incluida violencia sexual, por ejemplo:
- En Montes de María, en Bolívar, se incluyeron mujeres policías en la zona y se cambió de lugar la base de infantería de marina;
- adicionalmente se llevaron a cabo talleres específicos sobre violencia basada en género y violencia sexual;
- La adopción de la Política de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Inteligencia, elaborada con asistencia técnica de nuestra Oficina.
En materia de protesta social:
- Reconocemos que la gran mayoría de las protestas en 2025 se desarrollaron de forma pacífica y que, en términos generales, la Fuerza Pública actuó conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.
- El Ministerio de Defensa adoptó un nuevo manual sobre el empleo de armas menos letales, como resultado de un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, que contó con el apoyo nuestra Oficina.
- La Fiscalía General de la Nación continuó fortaleciendo sus procesos de investigación de violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta.
- Un ejemplo a destacar es que el grupo de fiscales encargado de los casos relacionados con las protestas de 2021 logró vincular catorce casos de privaciones arbitrarias de la vida con la responsabilidad de altos mandos de la Fuerza Pública.
- Asimismo, con apoyo de ONU Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía identificó ciento trece casos de lesiones oculares ocurridos entre 2018 y 2022 para analizar posibles patrones de uso indebido de armas menos letales.
En cuanto al diálogo entre el Estado y la sociedad civil:
- Destacamos la Mesa del Norte del Cauca, que permitió canalizar tensiones sobre acceso a la tierra y facilitó un convenio entre sector público, sector privado y organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para avanzar en derechos económicos, sociales y culturales.
- Este modelo, acompañado por nuestra Oficina, podría consolidarse como política de Estado.
Sobre la Reforma Rural Integral saludamos:
- La decisión de la Corte Constitucional que declaró la constitucionalidad de la ley que da forma a la jurisdicción agraria y rural.
- En 2025 el Fondo de Tierras incorporó más de setecientos mil hectáreas, alcanzando el 84 % de la meta prevista en el Acuerdo de Paz.
Saludamos también que:
- El Estado adquirió más de noventa y tres mil hectáreas para grupos étnicos en el país.
- Amplió noventa y cuatro resguardos y tituló sesenta y cinco territorios para comunidades negras.
- Sin embargo, continúa el rezago en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, profirió:
- Sus primeras sentencias de sanción propia en los casos sobre secuestros y ejecuciones extrajudiciales, un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.
También el Informe reconoce avances:
- En la formulación de la política pública integral sobre desaparición forzada
- la actualización del registro de personas desaparecidas
- y el trabajo de la Unidad de Búsqueda.
- Principales preocupaciones
A pesar de los avances, continúan profundos desafíos.
- La persistencia del conflicto armado y el fortalecimiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales continúan afectando a la población civil, debilitando el tejido social y generando control territorial mediante homicidios, amenazas, extorsiones, reclutamiento, violencia sexual y privaciones de libertad, entre otras vulneraciones.
- Las Regiones más afectadas por la situación fueron en 2025: Catatumbo, Magdalena Medio y Sierra Nevada de Santa Marta; y departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
- Con relación a las elecciones, la Alerta Temprana de octubre, de la Defensoría del Pueblo, identificó seiscientos cuarenta y nueve municipios que necesita una acción inmediata.
- En 2025, ONU Derechos Humanos verificó 99 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
- Entre los principales perfiles se destacan 20 personas defensoras indígenas, 6 afrodescendientes y 36 campesinos, lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas.
- En el 70 % de los casos, los presuntos responsables fueron grupos armados no estatales.
- En las próximas semanas presentaremos un Informe Temático sobre los homicidios contra personas defensoras.
- La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 45 excombatientes en 2025, mientras que en 2024 verificó 33, observándose un aumento del 36 %.
- Según OCHA: el desplazamiento forzado masivo se incrementó un 85 % comparado con 2024, particularmente por la crisis registrada en Catatumbo, y el confinamiento aumentó un 12%.
- En 2025 ONU Derechos Humanos verificó 150 casos de reclutamiento de niñas y niños por parte de grupos armados no estatales. Sabemos que esta cifra representa solo una fracción del total.
- En 2025 ONU Derechos Humanos verificó 63 masacres. En el 95 % de las masacres verificadas, la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales.
- Con base en seis variables que son: Homicidios de personas defensoras, masacres, reclutamiento de niñas y niños, homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz, desplazamiento y confinamiento hemos calculado el índice de impacto de la violencia que ustedes ven en este momento.
- En 2025, el Índice identificó 202 municipios en los que el impacto de la violencia es crítico, muy alto y alto. Estos municipios se ubican en los 32 departamentos del país.
- Desde mi llegada a Colombia en abril de 2025 he visitado 15 departamentos. En casi todos escuché relatos de miedo, por la coerción ejercida sobre la población por parte de grupos armados no estatales.
Un integrante de una junta de acción comunal, no puedo decir en qué lugar, por su seguridad, me dijo entre lágrimas:
o Abro Comillas. “Nosotros hablamos con ustedes, pero nadie puede saberlo… el grupo nos revisa los celulares y tiene cámaras instaladas para ver por dónde nos movemos. Luego nos llaman, nos muestran los videos y nos amenazan. Dicen que se van a llevar a mis hijas, tengo una de 12, otra de 15 y otra de 18. A varios líderes ya los han matado”. Cierro Comillas.
- La realidad es muy grave: verificamos la muerte de 30 niños y niñas en situación de reclutamiento, incluidos 15 niños y niñas muertos en operaciones militares.
- En Arauca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta y Valle del Cauca se registraron amenazas y desplazamientos de docentes. En Cauca y Putumayo, varias escuelas fueron utilizadas para reclutar estudiantes indígenas.
En una cocina campesina mientras tomábamos un café una madre me contó:
o Abro Comillas. “Un comandante vino y me dijo que le entregáramos a la niña de 15 años. Yo le dije que no, que ella iba a estudiar. Apenas se fue el comandante, recogimos ropa en un morral y nos fuimos, mis dos hijas y yo esa misma tarde. Las llevé lejos, a la costa. Solo nos vemos una vez al año, cuando yo voy y las visito. Pero mejor lejos de nosotros que reclutadas”. Cierro Comillas.
- También observamos un aumento de ataques contra la Fuerza Pública. Con relación a estos ataques varios de ellos afectaron gravemente a la población civil y pueden calificarse como indiscriminados y desproporcionados.
- En Cauca y Valle del Cauca, por ejemplo, se registraron 44 de estos ataques, en los que murieron veintiún civiles y 8 uniformados y al menos doscientas seis personas resultaron heridas.
- Según cifras oficiales, 173 integrantes de la Fuerza Pública murieron en diferentes ataques.
- En Catatumbo, la población nos habló del uso de drones con explosivos:
o Abro Comillas. “Uno ve el dron y se esconde, porque sabe que va a explotar”, me dijo una mujer, en mi segunda misión a la región. Cierro Comillas.
- La violencia de género perpetrada por grupos armados no estatales continúa, incluida violencia sexual y explotación.
En la Sierra Nevada de Santa Marta una mujer indígena me dijo:
- “A mí me violaron cuando era niña y no pasó nada. Ahora veo que les pasa lo mismo a otras niñas y nadie hace nada. Somos parte de este Estado y también nos tienen que proteger, pero vamos a denunciar y no nos reciben las denuncias”.
- Debo decir también que, con base en nuestro monitoreo, el conflicto armado y la violencia afectan de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes.
- Por otro lado, en Arauca aumentaron las privaciones arbitrarias de libertad de civiles por parte de grupos armados no estatales y se pasó de ciento sesenta y tres casos, en 2024, a doscientos setenta y siete casos, en 2025.
- Con relación a los procesos de diálogo con actores armados no estatales en 2025 la mayor parte de las mesas no logró prevenir homicidios ni reclutamientos, ni garantizar participación segura de las comunidades. Solamente Nariño y Putumayo presentan alguna reducción de algunas vulneraciones. Sin embargo, hay una reconfiguración de la violencia en esta zona del país.
- Dicho esto, consideramos esencial el diálogo como el camino a la paz duradera, desde los territorios.
- Uno de los grandes retos para materializar este objetivo es generar las condiciones de desarrollo mediante inversión social y la transición de las economías ilícitas a economías formales, equitativas y sostenibles con el medio ambiente, en línea con los planes de desarrollo territorial.
- Estos procesos deben construirse e implementarse especialmente con las comunidades y las autoridades locales, así como con otros procesos sociales que históricamente defienden los territorios, y no de manera directa con los actores armados como interlocutores principales en los territorios.
- Antes de pasar a las recomendaciones, debo decirles que el Informe Anual tiene un límite de palabras, por esta razón no podemos incluir todos los temas y situaciones que observamos en terreno.
III. Algunos puntos destacados de las recomendaciones:
- El período electoral ofrece una oportunidad decisiva para fortalecer las garantías democráticas y avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz.
- La principal recomendación de este Informe Anual es la necesidad de que todas y todos, tanto personas colombianas como la comunidad internacional, el gobierno actual y el gobierno futuro, renueven su compromiso y redoblen sus esfuerzos para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que se aborden las causas profundas del conflicto armado, de la violencia y de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
- El Acuerdo de Paz nos proporciona la hoja de ruta hacia una paz sostenible y una Colombia donde todas y todos podamos disfrutar de los derechos humanos.
El Informe del Alto Comisionado, entre otros, recomienda:
Al Estado:
- Garantizar la plena implementación del Acuerdo de Paz como política central de Estado.
- Contar con mecanismos de verificación para las sentencias de sanción propia proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y que el Estado garantice las condiciones necesarias para el cumplimiento de los componentes de las sanciones propias.
Al Gobierno nacional y local:
- Consolidar la política de desmantelamiento como política de Estado a largo plazo.
- Consolidar los avances en la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana.
- Adoptar la política nacional de garantías para personas defensoras y el plan de acción en derechos humanos.
- Incluir como punto central en cualquier negociación con actores armados no estatales la terminación inmediata del reclutamiento y la liberación de niñas y niños menores de 18 años.
- Garantizar la protección de pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural.
- Respetar plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos que afecten territorios étnicos.
Al Congreso:
Avanzar en la discusión del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria.
A las Empresas tecnológicas:
- Adoptar medidas de debida diligencia en derechos humanos, con participación directa y sostenida de comunidades, orientadas a identificar riesgos y mitigar impactos asociados al uso de plataformas digitales para reclutar y utilizar niños y niñas.
En general:
- Brindar el apoyo adecuado a las organizaciones de defensa de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo y a ONU Derechos Humanos para que continúen desempeñando su papel esencial en Colombia
Para finalizar,
- En 2025 el presupuesto de ONU Derechos Humanos en Colombia se redujo drásticamente, generando la disminución de aproximadamente el 50 % del personal y el cierre de tres de nuestras 8 oficinas sobre el terreno.
- Quiero agradecer a las decenas de personas defensoras y autoridades que trabajan con nosotros a diario y a quienes nos enviaron cartas solicitando que nuestra presencia permaneciera en el país, explicando cómo nuestro trabajo ha contribuido a salvar vidas.
- Su trabajo, sus voces y las cartas que recibimos confirman lo esencial de nuestro mandato en Colombia.
- Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando al país, buscando los recursos necesarios y manteniendo nuestra labor por la protección y garantía de los derechos humanos.
Muchas gracias.
