En Cali acompañamos en relanzamiento de la campaña Lidera la Vida que busca difundir el trabajo de las lideresas, las defensoras, los líderes y los defensores en su labor de defensa de derechos humanos. La campaña, que comenzó hace más de 5 años, también tiene como objetivo contribuir a la no estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y a la protección de su vida y labor.
La campaña Lidera la Vida está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, es financiada por USAID Colombia y cuenta con aliados como la Defensoría del Pueblo, El Espectador, Codhes, Caracol y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, entre muchas otras organizaciones.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera espera que el relanzamiento de la campaña involucre a muchos actores de la sociedad, que genere conciencia, empatía y solidaridad ante el trabajo de las personas defensoras.
A continuación anexamos la intervención de Carlos de la Torre, representante adjunto encargado de la Oficina, durante el relanzamiento de la campaña Lidera la Vida, en Cali, este 1 de agosto:
Como Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) queremos agradecer a la Procuraduría General de la Nación y a las instituciones involucradas en la campaña por su invitación y por su confianza.
Consideramos que la primera acción para la prevención y protección de las personas defensoras es el pleno reconocimiento de su labor como agentes de cambio comunitario, constructores de paz, de democracia y de las condiciones para el pleno respeto de los derechos humanos en el país.
El pleno reconocimiento del rol crucial que tienen las personas defensoras es, a su vez, una condición necesaria para iniciar un diálogo franco y constructivo entre las instituciones del Estado y las personas defensoras. En este sentido, celebramos el relanzamiento Campaña Lidera la Vida, que busca entre otros objetivos fomentar el diálogo entre el Estado y las y los líderes sociales en los territorios con los mayores índices de violencia.
Como Oficina creemos que estos espacios de diálogo son muy necesarios, que deben ser sostenidos en el tiempo y, sobre todo, que deben de generar acciones concretas de prevención y protección de las personas defensoras en los territorios. Debemos buscar que sean de verdad diálogos transformadores de las realidades locales.
Todas y todos los aquí presentes somos conscientes de los altos niveles de riesgo y violencia que las personas defensoras enfrentan. Sobre todo. quienes defienden derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ, los derechos a la tierra y al territorio, al medio ambiente, o quienes denuncian actos de corrupción.
Consideramos que en este contexto, este espacio se hace necesario para que desde el Ministerio Público, en cabeza de la señora Procuradora y el señor Defensor, y el apoyo de todos las demás instituciones que nos hemos sumado a esta iniciativa, se genere un ambiente confianza entre las personas defensoras y el Estado en pleno, que permita mantener y fortalecer los espacios de interlocución necesarios para mantener el valioso trabajo de las personas que defiende derechos humanos en el país.
La preocupación por la situación de las personas defensoras en Colombia ha rebasado las fronteras. La semana pasada el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió sus Observaciones Finales al informe periódico de Colombia. Entre los principales motivos de preocupación subraya los altos niveles de agresiones en contra de las personas defensoras y el nivel de impunidad que continúan estos casos.
Entre sus recomendaciones, el Comité hace un llamado a la no estigmatización de las personas defensoras, lo cual es uno de los principales ejes de la campaña Lidera la Vida. También llama a reformar el modelo de protección, incluyendo a la Unidad Nacional de Protección, con el objetivo de establecer un sistema que priorice la prevención y la protección colectiva y comunitaria, focalizada en los territorios con mayores niveles de violencia y que incorpore los enfoques diferenciales, étnico, de género, feminista e interseccional[1].
El 13 de julio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, aprobó una resolución que recoge la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia, dirigida especialmente a respaldar la implementación de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad; lograr reformas al sistema de seguridad, incluyendo el enfoque de derechos humanos; y acompañar al trabajo de la rama judicial para mejorar la investigación de las violaciones de derechos humanos y de casos de corrupción que afectan los derechos humanos.
Esta sesión del Consejo resultó ser un espacio para visibilizar a nivel mundial la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, como también los escenarios de riesgo en los que la tienen que desarrollar. De igual forma se destacó el papel de la sociedad civil y la forma en que las personas defensoras en Colombia difunden y promueven derechos humanos. La resolución permitirá que ONU-DH fortalezca su asistencia técnica a las instituciones del Estado, entre otros temas, para fortalecer el trabajo de protección de personas defensoras de derechos humanos, y promover una política nacional de garantías.
ONU-Derechos Humanos celebra ésta iniciativa impulsada por le Procuraduría General de la Nación. Consideramos que el Ministerio Público tiene una labor fundamental en vigilar, controlar e impulsar que todas las autoridades en el nivel nacional, departamental y municipal cumplan con sus obligaciones relativas a la prevención y protección de las personas defensoras. La Procuraduría en particular está llamada a jugar un papel proactivo sobre todo en aquellos contextos donde la Defensoría del Pueblo ya ha alertado los altos niveles de riesgo para las personas defensoras y se han elaborado recomendaciones específicas para enfrentarlos.
Finalmente, quisiera destacar el papel que las Personerías, como parte esencial del Ministerio Público, desempeñan en el acompañamiento de las personas defensoras en los territorios. Son ellas quienes conocen de primera mano los territorios, quienes reciben los casos de violencias en contra de las personas defensoras y quienes tienen que iniciar las rutas de protección. La paradoja, es que muchas de ellas y ellos están también amenazadas por su labor de defensa de los derechos humanos. Incluso, algunas de ellas han tenido que dejar los territorios para evitar ser violentadas. Se requiere un mayor acompañamiento y recursos por parte del Estado para que puedan desarrollar su vital labor.
ONU-Derechos Humanos espera que el relanzamiento de la campaña involucre a muchos actores de la sociedad, que genere conciencia, empatía y solidaridad ante el trabajo de las personas defensoras.
[1] CCPR_C_COL_CO_8_53251_S_230726_135700.pdf
