Tibú, Norte de Santander.16 de enero de 2026. Saludo y agradezco a la Defensora del Pueblo, Señora Iris Marín Ortiz, por invitar a ONU Derechos Humanos a participar en esta audiencia defensorial.
Saludo también a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a la Iglesia Católica, a la consejera presidencial, señora Lourdes Castro, y a los colegas de las Naciones Unidas.
En particular, saludo muy especialmente y les expreso mi admiración y solidaridad por su labor a las personas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones sociales del territorio.
A un año de la escalada del conflicto armado en la región del Catatumbo, me parecen de vital importancia la convocatoria realizada por la Defensoría del Pueblo a esta audiencia defensorial en Tibú y los dos informes y sus recomendaciones, publicados hoy.
En el último año, más de 91 mil personas han tenido que desplazarse de la región abandonando sus casas, fincas y sus medios de vida al ser víctimas o tener el temor fundado de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos por parte de los dos actores armados no estatales que disputan el territorio y las economías ilícitas.
De acuerdo con el más reciente Puesto de Mando Unificado, PMU departamental, 166 personas, incluyendo 10 niños y niñas, han perdido la vida, y 63 personas han resultado lesionadas. También 19 integrantes de la Fuerza Pública han perdido la vida y 66 han resultado lesionados. A lo largo de este año, miles de personas resultaron confinadas con fuertes restricciones a sus derechos y libertades básicas, como el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la libertad de movimiento, de expresión, de asociación y de reunión.
Pese a la atención nacional e internacional, y pese a varios esfuerzos por parte de las instituciones del Estado, la situación humanitaria y de derechos humanos en el Catatumbo no se ha logrado estabilizar. Por el contrario, en el mes de diciembre de 2025, la violencia volvió a escalar, generando mayores restricciones a la movilidad, destrucción de viviendas, y temor generalizado.
ONU Derechos Humanos ha mantenido el monitoreo constante de la situación de derechos humanos, buscando fortalecer la respuesta de las instituciones del Estado ante la crisis, y acompañar a las comunidades y a las personas defensoras. Quiero destacar varias preocupaciones y recomendaciones, que espero sean útiles para que la situación de derechos humanos mejore en el Catatumbo.
Defensores de derechos humanos
En el Catatumbo, ONU Derechos Humanos ha verificado en 2025 el homicidio de 7 personas defensoras de derechos humanos (6 hombres y una mujer menor de edad), entre otras violaciones de derechos humanos.
Hemos podido identificar que los homicidios se relacionan con la confrontación entre los grupos armados no estatales, y en su interés en debilitar los procesos organizativos de la región
Reconocemos que la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar con algunas de las investigaciones por el homicidio de personas defensoras y de firmantes de paz. Sin embargo, aún subsisten retos muy importantes para la investigación de amenazas y ataques en su contra.
Recomendamos fortalecer el trabajo de la Fiscalía e integrar el Catatumbo dentro de las regiones priorizadas para la implementación de la política de desmantelamiento.
En cuanto a la protección, la Oficina ha acompañado a personas defensoras afectadas y varias acciones de la Unidad Nacional de Protección en la implementación de rutas individuales y especialmente colectivas. A pesar de los esfuerzos institucionales, la magnitud de la crisis desbordó la capacidad para la protección individual. Hoy es más necesaria la implementación acelerada e integral de las medidas colectivas para proteger comunidades y organizaciones sociales.
Proceso electoral
ONU Derechos Humanos identifica como uno de los retos centrales, el generar las garantías de seguridad necesarias para el desarrollo del proceso electoral en Catatumbo. Subsiste el riesgo de un escalamiento de la violencia en contra de líderes y lideresas políticas que quieran hacer campaña, así como de barreras impuestas por los grupos armados no estatales para el ejercicio de la participación política, particularmente para las elecciones a la CITREP.
También preocupa la falta de condiciones para las elecciones previstas para el mes de abril de las personas dignatarias de las juntas de acción comunal. Subsiste el riesgo de que los grupos interfieran en estos procesos y que el miedo no permita a los integrantes de comunidades querer asumir cargos dentro de las juntas.
Recomendamos que la Comisión para las Garantías de Seguridad para Comunales sesione y coordine la adopción de medidas efectivas para generar las condiciones para el desarrollo pacífico y seguro de estos procesos.
Derechos de las niñas y los niños
La situación de las niñas y los niños y en particular el riesgo a ser víctimas de uso, utilización y reclutamiento en el marco del conflicto armado sigue siendo sumamente preocupante.
Según el PMU departamental en 2025 se recuperaron 41 niños y niñas reclutados por los grupos armados no estatales. Sin embargo, se sabe que existe un importante subregistro del número de casos de niños y niñas que han sido reclutados, y que a medida que las confrontaciones continúan, aumenta el riesgo de reclutamiento
Hay varios centros educativos rurales que están minados en sus alrededores y por esa razón se encuentran inactivos. La crisis ha generado que cientos de niños y niñas no hayan podido completar el ciclo escolar, e incluso, que varias de ellas y ellos no volvieron realmente a clases.
Recomendamos que se adelanten acciones amplias de desminado humanitario en los entornos escolares y en las vías o caminos de acceso, antes de autorizar un reinicio de clases presenciales.
La respuesta institucional
ONU Derechos Humanos reconoce los esfuerzos realizados para atender la situación humanitaria por parte de las administraciones municipales de Cúcuta, Tibú y Ocaña, con el apoyo complementario de la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad para las Víctimas. Quiero hacer un reconocimiento especial al Ministerio Público, en particular a la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, el ICBF, entre otras, que han hecho enormes esfuerzos para atender a las víctimas y canalizarlas a las diversas rutas de protección.
También reconocemos los esfuerzos de la Fuerza Pública para extraer del territorio a más de 3 mil personas en alto riesgo de ser asesinadas, incluyendo 55 firmantes de paz.
Sin embargo, como lo indica el informe de seguimiento No. 014/25 de la Defensoría del Pueblo a la Alerta Temprana 026-24 para el Catatumbo, la respuesta del Estado ha sido parcial y fragmentada con mayores avances en acciones reactivas, pero no en acciones preventivas y estructurales.
ONU Derechos Humanos subraya que es fundamental acelerar en los siguientes meses que queden a este gobierno la implementación del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, con la plena participación de los movimientos y organizaciones históricas del Catatumbo.
Para ello resulta indispensable que la Fuerza Pública retome el control del territorio con pleno respeto de los derechos humanos y la observancia del DIH, al tiempo que la institucionalidad civil ingresa de manera articulada, integral y permanente para la gobernanza territorial y la consolidación del Estado Social de Derecho.
Pueblo Indígena Bari
No puedo dejar de mencionar en mi intervención las graves afectaciones que sufre el Pueblo Indígena Barí. Al Pueblo Barí, lo acompañamos desde hace varios años en sus demandas de derechos, y lo seguiremos acompañando.
El Pueblo Barí ha registrado más de 15 hechos y afectaciones en el marco de esta crisis, que van desde amenazas individuales y colectivas a sus autoridades tradicionales, hostigamientos y vigilancia con drones, estigmatizaciones por redes sociales, audios amenazantes, retenes ilegales en sus territorios ancestrales, violación de sus sitios sagrados e instalación de artefactos explosivos.
Al mismo tiempo la crisis ha afectado la atención en salud que, al no ser tratadas a tiempo, han generado una emergencia sanitaria.
Otro aspecto que la crisis ha afectado es el desarrollo de las actividades de implementación de la Sentencia T-052 de 2017 en cuanto a las actividades en terreno de la Agencia Nacional de Tierras que en algunas zonas se ha visto interrumpida por la presión de alguno de los grupos armados. Sobre este tema, resulta urgente la protocolización e implementación del Plan de Salvaguarda, derivado del Auto 266 de 2017 que declaró al Pueblo Barí en riesgo de extinción física y cultural.
Finalmente, reitero nuestro llamado a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y a parar ya los ataques con drones y otros artefactos explosivos improvisados en áreas con población civil, a liberar de inmediato a niñas y niños en su poder, y a suspender el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años en Catatumbo.
Me uno al llamado de la Defensoría del Pueblo que urge a los grupos armados no estatales a aplicar el principio de distinción.
También retomo el llamado de las comunidades por un Acuerdo Humanitario que recoja los mínimos humanitarios y que este pueda ser monitoreado por la Comisión Humanitaria.
Los grupos armados no estatales deben comprender que toda acción en contra de la población civil es prohibida por las normas internacionales y puede constituir crimines internacionales, incluidos crímenes de guerra o crímenes lesa humanidad, como mencionó la Defensoría. Los grupos armados no estatales están obligados a cumplir con las normas nacionales e internacionales, para proteger a la población civil y a quienes no participan en las hostilidades.
Muchas gracias de nuevo a la Defensoría, a la Iglesia, al PNUD, y a todos quienes han apoyado la organización de esta importante reunión.
