
La policía, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, es la institución llamada a garantizar el orden público y la gobernabilidad democrática. Por ello resulta consecuente su traslado a un ministerio de naturaleza civil, lo cual además contribuirá a dotar, sin duda alguna, de mayor transparencia a los procedimientos policiales.
Una policía respetuosa de los derechos humanos y de las comunidades, seguramente recibirá la confianza de la población, debiendo ser este el eje principal del trabajo de la policía. Por ello, garantizando el debido proceso en todas las fases de la investigación, deben evitarse los ascensos de aquellos oficiales investigados por presuntas violaciones de DDHH.
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