Audiencia de rendición de cuentas. Representante Alirio Uribe Muñoz
Intervención de Carlos de la Torre,
Representante Encargado de ONU Derechos Humanos
Junio 25 de 2026
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos agradece la invitación a este espacio de rendición de cuentas de la gestión del Representante a la Camara Alirio Uribe Muñoz.
Reconocemos el valor de este espacio para el fortalecimiento de la cultura democrática y la confianza en las instituciones.
Sea esta la oportunidad para destacar los avances recientes del Congreso de la República, en iniciativas que son trascendentales para la garantía de los derechos humanos y para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.
Durante este periodo legislativo hemos presentado observaciones técnicas basadas en normas y estándares internacionales de derechos humanos, y valoramos la apertura institucional para recibirlas, analizarlas y, en varios casos, incorporarlas en los proyectos legislativos.
Valoramos el proceso realizado para la adopción de la Ley 2364 sobre Mujeres buscadoras, que representa un progreso sin precedentes, en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres buscadoras.
Esta normativa constituye una oportunidad histórica para visibilizar y abordar los impactos diferenciados que la desaparición ha generado en los proyectos de vida de niñas y mujeres en todas sus diversidades.
La ley 2421 que modificó la Ley de víctimas incorporó disposiciones para fortalecer su reconocimiento y sus derechos.
Valoramos también, la aprobación de la ley 2569 de 2026, que adoptó la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989. Sin duda, constituye un paso importante para armonizar la legislación interna con las obligaciones internacionales del Estado, particularmente, en materia de prevención, sanción y no repetición.
Esta iniciativa responde a recomendaciones de mecanismos internacionales y constituye un avance en la protección de la población civil frente a actores armados irregulares y dinámicas transnacionales de violencia.
De la misma manera, la Oficina destaca, la promulgación de la Ley 2371 mediante la cual se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional y ratificada formalmente por Colombia. Ahora, el desafío esta relacionado con la puesta en marcha del mecanismo nacional de prevención y que se promueve una discusión amplia, plural y efectiva con las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, la academia y la sociedad en general para su constitución.
El país atraviesa una oportunidad histórica frente a la adopción de legislación que garantizará la protección de derechos. Por ejemplo, es necesario abordar y avanzar en la reforma a la ley de inteligencia y contrainteligencia tal y como lo establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso CAJAR. El objetivo de esta ley es garantizar que estas actividades se desarrollen bajo estrictos controles democráticos, con respeto a los derechos humanos y en cumplimiento de estándares internacionales.
También es necesario avanzar en la adopción de una ley estatutaria para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Es fundamental contar con un marco jurídico aplicable en todo el país que de manera integral garantice este derecho esencial en el ejercicio de la democracia incorporando los estándares internacionales y recuperando los avances que en materia de uso de la fuerza se han alcanzado vía decretos y instrucciones por parte del Ministerio de Defensa.
Otra Ley Estatutaria que nos parece fundamental para el fortalecimiento del Espacio Cívico, es la relativa a la garantía del derecho a defender derechos humanos, que integre los estándares de la Declaración de Naciones Unidas sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
De forma prioritaria se debe completar el marco jurídico para hacer efectiva la jurisdicción agraria y rural, que no alcanzó a completar su trámite en el Congreso de la República, y que como lo ha destacado la Defensora del Pueblo[1], es un acto de justicia con el campo.
Por otra parte, la Oficina lamenta que el Proyecto de ley sobre la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional de Justicia no haya alcanzado su último debate.
Es fundamental que se puedan redoblar esfuerzos para su presentación nuevamente, el Relator de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas en su informe de visita a Colombia, recomendó su adopción y exhorto que se implementan las medidas adecuadas proteger a las autoridades indígenas que imparten justicia propia.[2]
La Oficina reconoce los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años para avanzar en la regulación de la actividad empresarial a la luz de las obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Hacemos un llamado para que la próxima legislatura retome profundice en estos trabajos, en áreas urgentes como la regulación de las redes sociales y plataformas para la prevención del reclutamiento de niños y niñas.
Los avances logrados muestran que, cuando existe voluntad política y apertura al diálogo técnico, es posible transformar los marcos normativos para contribuir para la dignidad, la justicia y la no repetición.
La Oficina reafirma su disposición para continuar acompañando al Congreso y al Estado colombiano para contribuir a la incorporación de las normas y estándares internacionales durante el trámite de iniciativas legislativas relativas a los derechos humanos.
Muchas gracias.
[1] https://x.com/DefensoriaCol/status/1992210562571182409?s=20
[2] https://docs.un.org/es/A/HRC/57/47/Add.1 Párrafo 112.
