DISCLAIMER: Éstos contenidos no reflejan necesariamente la posición oficial de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y están basados en fuentes externas

Medellín innova estrategias para enfrentar el desplazamiento forzado

El desplazamiento dentro de la misma ciudad, un fenómeno que se observó por primera vez en Medellín hace una década, ya es común en Soacha, Tumaco o Buenaventura.

Todas las noches, desde hace una semana, los funcionarios de la unidad municipal de víctimas de Medellín han dormido en La Loma, un barrio montañoso en el noroccidente de la ciudad de donde poco antes tuvieron que salir 250 personas amenazadas por uno de los grupos armados surgidos tras la desmovilización paramilitar.

La salida forzosa de estas 54 familias de La Loma, un estratégico enclave para las bandas criminales entre la Comuna 13 y la salida hacia el Urabá, es el episodio de desalojo masivo más agudo dentro de la capital antioqueña desde el año pasado. Y en una clara advertencia de que el desplazamiento forzado intraurbano se está convirtiendo en uno de los mayores flagelos no sólo en Medellín, sino también -como muestra una investigación de Codhes- en otras ciudades como Soacha, Buenaventura, Tumaco y Santa Marta.

Pero también se ha convertido en una especie de laboratorio experimental en el que se están aplicando medidas de prevención novedosas para evitar que la gente deje sus casas y que el barrio se vuelva un escenario para las disputas territoriales entre las bacrim. Sólo dos semanas después del desalojo masivo en que la gente sacó hasta sus neveras y colchones, han regresado ya a La Loma la tercera parte de las familias.

La Loma, al vaivén de las bacrim


Medellín, que observó el desplazamiento intraurbano por primera vez hace una década, está buscando nuevas maneras de hacerle frente a la mudanza del conflicto a los cascos urbanos, especialmente marcada desde la desmovilización de los paramilitares.

Al convertirse las ciudades en mercados ilegales mucho más rentables para los grupos armados que las zonas rurales, las bandas criminales -desde estructuras que no se desmovilizaron hasta pandillas- han venido adueñándose de lugares estratégicos para el microtráfico como casas esquineras o con miradores. Y lo han hecho creando una atmósfera de zozobra permanente, desde amenazas y vacunas hasta el reclutamiento de jóvenes, que obliga a sus habitantes a desplazarse.

Por eso la primera decisión de las autoridades fue evitar a toda costa que los grupos pudieran saquear o habitar las casas, como solía suceder.

“El 99 por ciento de las familias en La Loma son propietarias de sus casas. Tienen ahí sus animales, tienen salud y educación. Tienen la vida ya bien armada. No podemos vivir otra vez lo que pasó el año pasado, cuando a 20 familias les desmantelaron todo”, le contó a La Silla Luz Patricia Correa, la directora de víctimas de la Alcaldía de Medellín y una de las personas con mayor experiencia en atención a desplazados intraurbanos en el país.

Así que los funcionarios de la unidad de víctimas -que forma parte de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía- se dieron a la tarea de proteger las casas de este empinado barrio semirural del sector de San Cristóbal. Pusieron sellados humanitarios, que ya han venido utilizando en el pasado, en las puertas para convertir cualquier ingreso forzoso en delito.

A sabiendas de que con los solos sellados no conseguirían devolver la confianza a los habitantes, decidieron hacer turnos para dormir allí, acompañar a los que se quedaron y prestarles una atención psicosocial que les permita superar el temor. Además, han hecho corredores de protección para que los niños puedan ir al colegio y han levantado censos poblacionales para evitar que se cuelen personas que no pertenecen al barrio.

Y también cosas aparentemente sencillas como cortar la maleza, el lugar predilecto para esconder armas y droga, o pasar el Día de la madre en La Loma. O darle de comer a los animales.

"La mayoría de la gente nos decía 'cuídeme a este gato', 'llévese al perro'. Nosotros sabemos que los animales son una de las cosas que ellos más valoran y ayudarles a cuidarlos nos permite mantener viva en ellos la esperanza de retornar", cuenta Juan José Quintero, otro de los funcionarios.

El alcalde Aníbal Gaviria realizó el consejo de seguridad en una de las casas abandonadas, en el que ordenó la presencia de un CAI móvil y le prometió a los habitantes del barrio que la Fuerza Pública se quedaría. Él mismo ha visitado el lugar varias veces de noche.

“Nos fuimos a vivir al barrio con la gente que se quedó haciendo resistencia y estamos allá las 24 horas. Prácticamente montamos la oficina de víctimas allá y el mensaje ha sido muy potente”, dice Correa, quien dirigió la oficina de atención al desplazamiento -la primera de su tipo en Colombia- que creó el ex alcalde Alonso Salazar en 2008 y que lideró el retorno a San Carlos.
Esa combinación de estrategias, viejas y nuevas, parece estar funcionando. No ha habido hasta el momento ningún saqueo en La Loma, ni tampoco ha vuelto a hacer presencia el grupo amenazante en el barrio. El viernes pasado retornaron las primeras seis familias. A lo largo del fin de semana regresaron otras nueve y se espere que en los próximos días continúen haciéndolo.

Qué hacer con el desplazamiento en la ciudad

Ninguna de las 16 familias de La Loma esperaba regresar en tan poco tiempo. Sobre todo porque salieron después de que una de las bandas surgidas tras la desmovilización paramilitar pasara golpeando casa por casa, dándole a la gente 48 horas -hasta el domingo de la semana pasada- para dejarlo todo e irse.

Ni la presencia de la Policía y el Ejército pudo convencerlos de permanecer, como atestiguan las dramáticas fotos de El Colombiano que los muestran ayudando a la gente a cargar sus cosas cuesta abajo.

Ahora que las familias están comenzando a regresar, el gran reto es garantizarles condiciones de seguridad duraderas. Aníbal Gaviria prometió que la presencia policial será permanente, pero el temor de los habitantes de La Loma es que pase el tiempo y haya otras prioridades, u otros casos de desplazamiento, que atender.

“Hay desconfianza entre la gente. ¿Quién garantiza la presencia de la Policía o el Ejército más allá de la semana entrante? Se atienden los incidentes de desplazamiento de manera coyuntural, pero no hay una presencia institucional permanente”, dice Max Yuri Gil, un investigador de la Corporación Región que ha seguido de cerca el tema.

En el fondo, el mayor temor de quienes vienen trabajando con las víctimas y monitoreado la violencia en la capital antioqueña es que sólo estén logrando ponerle pañitos de agua tibia a un problema que, ellos creen, requiere ya con urgencia una respuesta más allá de Medellín.

Y es que, para las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, esta forma de despojo sigue siendo invisible para el Gobierno pese al poderío de las bacrim y la magnitud del problema humanitario.

Codhes, una de las pocas ONG en estudiar el desplazamiento intraurbano, advierte que podría convertirse en uno de los mayores flagelos de Colombia durante la próxima década, como en efecto ha sucedido en El Salvador o Guatemala.

"Está rebasada la capacidad de respuesta. Todo el tiempo hay expulsiones de la Comuna 13 y de la 8. A medida que el conflicto se siga presentando, todos los días seguirá habiendo desplazados", dice Fernando Quijano, director de Corpades y uno de los investigadores que más ha monitoreado el conflicto en Medellín.

Ni siquiera se oyeron voces de alarma muy sonoras cuando en octubre pasado más de cuatro mil personas abandonaron sus hogares en Buenaventura -en nueve migraciones masivas- a raíz de la disputa territorial entre Los Urabeños y Los Rastrojos.

La experiencia de Medellín muestra que las víctimas de este tipo de desplazamiento siguen siendo invisibles. En gran parte porque se mudan a casas de conocidos dentro de la misma ciudad y, por lo tanto, no se suelen reconocer a sí mismas como desplazadas. Y también porque la Ley de Víctimas contempla a las víctimas de la guerrilla y los paras, pero no de los grupos que surgieron a partir de la desmovilización de éstos últimos.

Esto podría comenzar a cambiar, como muestra la sentencia de hace una semana del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín que ordenó a la Unidad de Víctimas que dirige Paula Gaviria a incluir a 18 familias desplazadas por las bacrim del Cerro Pan de Azúcar en el registro nacional que esa entidad lleva, tras una tutela de la Defensoría del Pueblo.

Por lo pronto continúa la 'operación retorno' en La Loma, aunque diez familias se desplazaron ayer del vecino barrio de San Gabriel. "Estamos encontrando maneras prácticas y nuevas de trabajar conjuntamente para evitar llegar a los desenlaces que ya conocemos", dice Luz Patricia Correa.

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