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Notas Informativas

Nota Informativa Defensoras y defensores asesinados durante 2019

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Nota informativa Colombia 2019-01-14
Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinado en Colombia durante el año 2019. De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por ONU Derechos Humanos en Colombia. Y esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero.

Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones. El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
 
La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98%) en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86% del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional. Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes. El grupo más afectado, fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron en casi un 50 por ciento en 2019, en comparación con el año 2018.
 
Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos.
 
Hubo una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación, incluida la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP, el favorecimiento por parte del gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia, Los continuos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas, también ha jugado un papel importante.
 
Reconocemos algunos avances positivos, como es la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que fue convocada a principios de año por el Gobierno para abordar este problema. No obstante, la sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer. Hacemos un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en aras de garantizar un entorno libre y seguro para el participación cívica y aumentar la presencia de autoridades civiles estatales en áreas rurales para proporcionar servicios básicos como salud y educación. Disparidades en el disfrute de todos los derechos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales – especialmente en áreas rurales- deben abordarse con suma urgencia. Medidas de protección colectiva que busquen proteger áreas geográficas o comunidades deben desarrollarse aún más.

ENGLISH VERSION

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:  Marta Hurtado 
Location: Geneva 
 
Date: 14 January 2020
 
Subject:       Colombia
 
 
We are deeply troubled by the staggering number of human rights defenders killed in Colombia during 2019. According to our records, 107 activists were killed last year, and our staff in Colombia are still in the process of verifying 13 additional cases reported during 2019 which, if confirmed, would raise the annual total to 120 killings. Attacks on human rights defenders had already intensified during 2018, when 115 killings were confirmed by the UN Human Rights Office in Colombia. And this terrible trend is showing no let-up in 2020, with at least 10 human rights defenders already reportedly killed during the first 13 days of January. 
 
We renew our call on the Colombian Government to make a strenuous effort to prevent attacks on people defending fundamental rights, to investigate each and every case and to prosecute those responsible for these violations, including instigating or aiding and abetting violations. The vicious and endemic cycle of violence and impunity must stop. Victims and their families have a right to justice, truth and reparations.
 
The great majority of the 107 killings in 2019, happened in rural areas, almost all (98%) in municipalities with illicit economies where criminal groups or armed groups operate, and 86% of the total number took place in villages with a poverty rate above the national average. While more than half of the killings occurred in just four provinces -- Antioquia, Arauca, Cauca and Caquetá -- murders were nevertheless recorded in 25 different provinces. The single most targeted group was human rights defenders advocating on behalf of community-based and specific ethnic groups such as indigenous peoples and Afro-Colombians. The killings of female human rights defenders increased by almost 50 per cent in 2019 compared to 2018.
 
The figures reflect the gravity of the problem, but they conceal the structural causes that sustain violence against human rights defenders. The Human Rights Office reiterates that any attack against human rights defenders is unacceptable and constitutes an assault against democracy, undermining participation and people’s access to their human rights.
 
There were a number of other contributing factors including the penetration of criminal groups and armed groups linked to illicit economies in areas vacated by the FARC-EP, and the favouring of a military response from the Government to control the violence. The continuous challenges in the implementation of the Peace Agreement, especially the dismantling of groups with paramilitary links, the security situation in communities affected by the conflict, land restitution and rural reform, illicit crop substitution programmes, and fulfilment of victims’ rights have also played a role.
 
We acknowledge some positive steps, such as the recent meeting of the National Commission on Security Guarantees convened by the Government early this year, to tackle this problem. However, the number of killings clearly shows much more needs to be done. 
 
We call on the authorities to redouble their efforts to ensure a free and secure environment for civic engagement and to increase the presence of civil State authorities in rural areas to provide basic services such as health and education. Disparities in the enjoyment of all rights, particularly economic, social and cultural rights – especially in rural areas – need to be tackled urgently. Measures of a collective nature aimed at protecting geographical areas or communities must be further developed.  
 
ENDS 
 
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