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Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia

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Riohacha, 11 de junio de 2019
 
Guillermo Fernández-Maldonado
Representante Adjunto en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 
 
Buenos días (Saludos a asistentes y mesa principal)
 
Explicación mandato
 
Hoy tengo el honor de presentar en la región Caribe el Informe Anual 2018 de la Alta Comisionada de NU para los Derechos Humanos, informe que fue presentado en marzo pasado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de DDHH.
 
¿Qué contiene este informe? El Informe presenta un análisis de la situación de DDHH en Colombia en 2018, que surge de la observación y diálogo con cientos de personas e instituciones con quienes trabajamos y que hemos acompañado mediante más de 1.300 misiones de terreno por todo el país.
 
Hoy queremos agradecer a todas nuestras contrapartes, tanto del Estado como de la sociedad civil, por abrirnos las puertas, por permitirnos entrar a sus territorios, por trabajar hombro con hombro por la paz y por la vigencia de los DDHH en Colombia; y hoy queremos agradecer muy en especial a nuestras contrapartes de la región Caribe.
 
En mi exposición sobre el informe abordaré brevemente temas relacionados con el Acuerdo de Paz, el DIH, los defensores y defensoras de DDHH, Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección,el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, la seguridad, las ejecuciones extrajudiciales, la reparación colectiva y restitución de tierras,los DESC y género y la corrupción.
 
Empezaré por los temas relacionados con el Acuerdo de Paz. Para la Alta Comisionada “El Gobierno –actual- … tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, y por ello urgió a que “se incrementen los esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos en el Acuerdo de Paz, puesto que no puede haber vuelta atrás”.
 
La Alta Comisionada también nos recuerda algo muy importante: que la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de DDHH que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
 
La Alta Comisionada ha observado que el Estado, pese a los esfuerzos desplegados, no ha podido llegar de manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial, particularmente en las zonas rurales más alejadas y donde el conflicto generó los mayores impactos. Por ello alienta al Gobierno a priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo, en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales.
 
Respecto del DIH, lo primero recordar que es el marco jurídico de protección para las personas que todas las partes en un conflicto deben respetar y que, en situaciones de conflicto armado no internacional, establece prohibiciones precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades.  Además, en situaciones como la de Colombia, el derecho internacional de los DDHH exige que todos los agentes estatales cumplan con el deber de respeto y garantía, incluso en situaciones de conflicto. 
 
En este marco, la Alta Comisionada “hace un llamado al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que lo respeten, e insta al ELN a que se abstenga de tomar rehenes, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.”
 
El informe también analiza la situación de defensores y defensoras de DDHH. “En julio de 2018, un presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) fue asesinado en el sur del país. La víctima era un impulsor del proceso de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Conforme a la información recibida, las motivaciones del crimen estarían relacionadas con esa actividad. Tres meses antes de los hechos, tanto las familias que suscribieron los acuerdos voluntarios de sustitución como este líder comunitario habían recibido amenazas, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades. Al igual que muchas otras personas, este líder buscaba alternativas económicas viables y legales para su comunidad, dados los altos índices de pobreza multidimensional en la región. Esta falta de oportunidades y las altas tasas de pobreza habrían llevado a la comunidad a vincularse a la economía ilegal para subsistir, lo que la expuso a la violencia ejercida por los grupos ilegales o criminales que manejaban esas economías…”
 
Para una sociedad, el asesinato de un solo defensor o defensora es ya un crimen muy grave, porque socava la democracia y el Estado de Derecho; porque no sólo viola el derecho a la vida, sino que siembra el miedo entre las personas y las comunidades, a quienes termina privando de otros derechos, como la libertad de expresión, de participación o la movilidad.
 
La cifra de homicidios de defensores y defensoras que registra nuestra Oficina no comprende necesariamente el total de casos, pero es una muestra altamente significativa que permite identificar tendencias. 
 
Es oportuno mencionar que estamos articulando esfuerzos para apoyar al Estado en consolidar sus propias estadísticas, aportando nuestra metodología y otras, como la de la misma Defensoría del Pueblo, con el fin de que se constituya un registro único de estos homicidios.
 
Tras estas necesarias precisiones, en el Informe Anual, la Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio al menos 115 defensores en 2018; 7 de estas muertes tuvieron lugar en la región caribe.
 
Este año, hastael 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe.
 
De los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018 “…el 27 % (…) afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)”.
 
¿Dónde ocurren los asesinatos de defensores/as? En el informe se señala que “ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander”.
 
A ello se añade que “el 93 % de los casos de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento –en 2018- ocurrieron en contextos regionales … que registran una débil o nula presencia del Estado Y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos.
 
¿Por qué amenazan y asesinan a los defensores/as? La Alta Comisionada señala en su informe que “el 66% de los asesinatos de defensores y defensoras estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo”.
 
Y ¿quiénes son los presuntos autores de estos asesinatos? En informe se señala que “(…)fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).”
 
Con respecto a las defensoras de DDHH, la Alta Comisionada destacó que persisten los asesinatos, habiéndose registrado al menos 9 casos en 2018. La mayoría en municipios donde además existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género.
 
Igualmente, la Alta Comisionada expresó su preocupación por las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI, incluyendo, según Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad.
 
Merecen una mención especial los líderes de las Juntas de Acción Comunal, quienes muchas veces desarrollan su importante función en precarias condiciones de vida. Conforme al informe, el 59 % de los asesinatos – de personas que defienden los DDHH – fueron líderes de las JAC. En Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo se registra la mayoría de casos.
 
Al referirse a la Unidad Nacional de Protección, la Alta Comisionada señaló “con preocupación que, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”.
 
Por ejemplo: “la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del país, quien fue amenazada enabril de 2018 recibió como medidas de protección enseptiembre un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones”. Casos similares han denunciado defensores y defensoras indígenas en el departamento de La Guajira.
 
La Alta Comisionada reiteró que debe priorizarse el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal. Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entre otras instancias deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque”.  
 
Nuestra oficina destaca la importancia de fortalecer los mecanismos colectivos propios de prevención y protección de las comunidades, como es la Guardia Indígena, que en Cauca desempeña un rol trascendental de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
 
De igual manera reconocemos las medidas de protección de carácter espiritual que han adoptan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, como una estrategia propia de protección. 
 
En 2019 la Oficina ha acompañado varias visitas de la Ministra del Interior, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría a distintas regiones del país (Tibú, Carmen de Bolívar, el Salado y Caucasia) donde el riesgo para quienes defienden los DDHH es extremadamente alto. Saludamos estas iniciativas porque contribuyen a la adopción de medidas urgentes y apoyan públicamente la labor de defensa de los DDHH.
 
En Colombia, los niveles de impunidad los homicidios dolosos han sido históricamente muy altos; hoy están entre el 86,58 % y el 94,30 %. En este contexto, la Alta Comisionada reconoció los avances obtenidos por la Fiscalía en las investigaciones por homicidios y amenazas contra defensoras y defensores, y señaló que “debe fortalecerse la investigación penal para poder sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican”.  
 
En la región Caribe, la Oficina brinda asistencia técnica a la Fiscalía para avanzar en la investigación y contextualización de ataques contra defensores y defensoras de DDHH, como el atentado contra líderes y lideresas Wiwa y Wayúu en 2018 y 2019, y el homicidio de una lideresa Wayúu en 2017.
 
Es oportuno señalar aquí, que uno de los mecanismos más efectivos de prevención y protección de las personas que defienden los DDHH es poner fin a su estigmatización en el discurso y a la descalificación de su labor; por el contrario, los mensajes públicos de apoyo y reconocimiento de su labor previene nuevos ataques y fortalece la democracia.
 
Con relación al derecho a la participación, la Alta Comisionada destaca el derecho a la protesta social y acoge con beneplácito las declaraciones del Presidente de la República donde ratifica la protesta pacífica como un derecho y espera que todas las instituciones del Estado actúen en consecuencia.
 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición: La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y los pueblos étnicos en todo el país, contribuyendo al reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos y a la promoción de la convivencia pacífica.
 
En su informe, la Alta Comisionada reitera que “Es esencial que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) cuenten con los recursos financieros necesarios para desarrollar plenamente su mandato”.
 
Ejecuciones Extrajudiciales del pasado: La Fiscalía General de la Nación transmitió en junio de 2018 un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las muertes ilegítimamente registradas como “bajas en combate” por integrantes del Ejército Nacional.
 
 La Fiscalía identificó un total de 2.248 víctimas de ejecuciones registradas como bajas en combate entre 1988 y 2014, observándose una mayor incidencia entre 2006 y 2008.Con base en este informe y con información complementaria proveniente de distintas fuentes, entre otras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió abrir el caso núm. 003 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. 
 
La Alta Comisionada espera que el caso núm. 003 sea una oportunidad para esclarecer los hechos y contribuya a reducir los niveles de impunidad.
 
Seguridad: La presencia integral y efectiva del Estado —no limitada a la sola presencia de la fuerza pública— es indispensable para garantizar el acceso de la población a los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia y a la seguridad, y para estimular el desarrollo económico. Esto rompería con los ciclos crónicos de pobreza multidimensional que es aprovechada por grupos armados ilegales (ELN, EPL), grupos de antiguos integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, grupos del crimen organizado nacional y transnacional y numerosos grupos de la criminalidad local que se desarrollan y se aprovechan de las economías ilícitas, propiciando niveles endémicos de violencia.
 
La Alta Comisionada “sigue observando que… el Estado llega (en ocasiones) solamente a través del ejército, por lo que este debe desarrollar tareas que no son propias de su responsabilidad institucional, tales como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado o el fomento de la convivencia y el desarrollo, esto lo hemos observado en Antioquia, Chocó, Guaviare, Huila, Meta y Nariño, entre otros lugares. Esto contraviene normas regionales e internacionales de derechos humanos”..y debilita aún más la escasa y/o precaria presencia de la institucionalidad civil.
 
 “La Alta Comisionada recuerda que varios expertos de las Naciones Unidas han señalado que el uso del ejército en la lucha contra el crimen puede producir un incremento en las violaciones de los derechos humanos.
 
Un Ejemplo de lo anterior es el homicidio de un defensor de los derechos humanos indígena en enero de 2018 en El Carmen de Atrato (Chocó), cometido por miembros del ejército durante una protesta social. Ese mismo mes, una niña sufrió lesiones en Cáceres (Antioquia) durante el desarrollo de una operación militar contra el Clan del Golfo.”
 
La participación del ejército en situaciones en las que la naturaleza de su formación y disciplina no son las adecuadas genera riesgos para la población en términos de afectación por uso de fuerza letal y produce distorsiones en su relacionamiento con otras autoridades estatales, especialmente con las autoridades locales y étnicas y con la policía…. Esto pudo ser observado en Antioquia, el Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Vaupés, entre otros departamentos. En Bolívar, el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de uno de los municipios contempla expresamente la intervención principal del ejército para atender situaciones de convivencia y seguridad ciudadana”.
 
Asimismo, “La Alta Comisionada manifiesta su preocupación por los 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander (en 2018).
 
Derechos económicos, sociales y culturales, y género: Avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, promover la igualdad de género mediante el acceso equitativo a los recursos económicos y garantizar una educación inclusiva y la disponibilidad de agua y saneamiento como garantías de salud y bienestar son compromisos asumidos por Colombia en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
 
Es de anotar que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país más desigual en la región.
 
Según un reciente informe del DANE, la región Caribe tuvo en 2018 la mayor incidencia de pobreza multidimensional, con un 33,5%; es decir, de cada 100 habitantes en el Caribe, 33 viven en situación de pobreza multidimensional. Si hablamos de pobreza monetaria, Riohacha tuvo la segunda mayor población en condición de pobreza extrema en Colombia y la primera del Caribe, seguida en la región por Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Montería y Cartagena.
 
Por lo anterior, es esencial que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 aborde la desigualdad con un enfoque de derechos humanos, y territorial que permita atender las realidades particulares como en la región Caribe.
 
Si bien los datos oficiales indican importantes avances en la lucha contra la pobreza, también reconocen la profunda brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas.Por ejemplo, el analfabetismo en los hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos”. 
 
La Alta Comisionada menciona en su Informe las “vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento de Amazonas, donde 450 personas que habitan en la ribera del río Caquetá se han visto gravemente afectadas por las actividades de explotación ilícita de yacimientos de oro. Las investigaciones demuestran que estas personas tienen concentraciones promedio de mercurio entre 15 y 20 veces superiores al límite fijado por la OMS, debido principalmente al consumo de pescado”.  
 
 “Las disparidades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales son mayores en los municipios más afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, los municipios considerados por el Gobierno como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado tienen en promedio un índice de pobreza multidimensional del 76 %”. Esta situación se observa en 9 de los 15 municipios de La Guajira.
 
Ante esta constatación, la Alta Comisionada alienta al Gobierno a redoblar esfuerzos en la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz; en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial; en los enfoques de género y étnico establecidos por el Acuerdo; en el avance de la implementación de las fases posteriores a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, y en los pagos de subsidios.
 
En conexión con ello, la Alta Comisionada destaca el punto del Acuerdo de Paz referido a cómo enfrentar el problema de las drogas ilícitas porque “establece un abordaje distinto (al problema de las drogas ilícitas), en concordancia con los avances en el debate internacional sobre las políticas antidrogas, que apuntan a la búsqueda de soluciones basadas en el desarrollo, la salud pública y la observancia del derecho internacional de los derechos humanos. La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos… favorece la sostenibilidad de los esfuerzos de sustitución”. Importante notar que, de acuerdo a UNODC, el 92% de las familias inscritas en el programa de sustitución de cultivos ilícitos cumplieron.
 
Reparación colectiva y restitución de tierras: La Alta Comisionada observó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha reconocido 634 sujetos de reparación colectiva, de los cuales en solo seis casos (el 0,9 %) ha habido avances significativos en la implementación de los planes de reparación. Respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados. 1 de ellos en La Guajira que es el caso de Nuevo Espinal en el municipio de Barrancas.
 
Para continuar con el proceso de restitución en zonas de alta conflictividad y violencia se requiere de una actuación institucional coordinada que incluya a las autoridades locales. Así se evidenció, por ejemplo, en algunas veredas de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Turbo, en las que nuestra Oficina brindó asistencia técnica.
 
El impacto de la corrupción en el goce de los derechos humanos es innegable.
 
La Alta Comisionada alienta a la sociedad civil a continuar ejerciendo su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos a través del seguimiento y escrutinio de las acciones del Estado que tengan como propósito la construcción de una política anticorrupción integral, ejemplo que ha dado un importante sector del Pueblo Wayúu, quienes han realizado seguimiento a la inversión pública en seguridad alimentaria y acceso al agua en el departamento de La Guajira.
 
En julio de 2018, la Fiscalía General reveló que el plan Bolsillos de Cristal de lucha contra la corrupción había permitido investigar y judicializar a 2.100 personas por actos de corrupción, equivalentes a más de 4.1 billones de pesos.
 
En este contexto la Alta Comisionada destaca que los recursos recuperados de la corrupción pueden ser una fuente importante de financiamiento para implementar los compromisos de reforma rural integral y sustitución de cultivos ilícitos contemplados en el Acuerdo.
 
A lo largo de esta presentación he mencionado varias de las recomendaciones planteadas por la Alta Comisionada en el informe. Para finalizar deseo destacar, de entre las diversas recomendaciones del informe, primero: el llamado al Estado para fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de los derechos humanos a través del fortalecimiento y la ampliación de los espacios existentes de participación cívica a nivel territorial, de modo que se pueda superar el enfoque de adoptar medidas físicas como estrategia principal para prevenir y proteger a los defensores de los derechos humanos y se pasen a abordar las causas estructurales que generan riesgos en los territorios, particularmente en las zonas rurales afectadas por el conflicto;
 
Y, en segundo lugar, destacar la recomendación que Invita al Estado a continuar avanzando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una herramienta para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales que facilite la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, así como la promoción de la igualdad de género.
 
Muchas gracias por su paciente atención