Insólito e inexplicable, así califica el nuevo representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia que el Estado colombiano solo haya acreditado su estancia en el país hasta diciembre.
Alberto Brunori habla con franqueza. De hecho, parece menos diplomático que sus antecesores. Está en la oficina que hasta hace poco y durante seis años perteneció a Todd Howland. Su tono es sereno, aunque es notable su incomodidad. No sabe dónde ponerse.
Brunori, de 52 años, fue nombrado como representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El anuncio se conoció el pasado 21 de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza). Ese día, Beatriz Londoño Soto, la embajadora y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, dijo: “Celebramos la designación del señor Alberto Brunori y reiteramos la voluntad para mantener con la Oficina del Alto Comisionado una interlocución permanente y constructiva, en beneficio de toda la población”. Pero a su llegada a Colombia la realidad fue otra.
En esta entrevista, la primera que da desde que está en el país, habla del asombro que le produjo ser acreditado por el Estado colombiano sólo hasta diciembre. “No tengo condiciones para trabajar”, comentó este italiano que viene de desarrollar su labor en escenarios complicados en términos de violaciones a los derechos humanos como son Guatemala, El Salvador y México. Ahora le toca lidiar con Colombia, con todos los desafíos que en términos de defensa de los derechos humanos representa, y el arranque no ha sido nada fácil.
¿Cómo lo recibió el país?
Esta oficina es grande, una de las mejores que tiene el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en todas las Américas. En ese sentido, estoy muy contento. Pero no puedo negarle que ha sido difícil entender por qué el Estado colombiano me acreditó temporalmente.
Pero su cargo no es interino…
Exacto. El Alto Comisionado me envió como representante. Sin embargo, por algún problema que desconocemos, primero me llega una acreditación hasta el 31 de agosto y después hasta el 31 de diciembre. Una acreditación que no tiene precedentes en Colombia para este cargo.
Entonces, ¿cuál es su situación?
Estamos definiendo, pero seguimos sin entender por qué si por la vía electrónica el Estado colombiano me otorgó la visa, cuando llegó la acreditación resultó ser temporal. Eso no fue lo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas me encargó. Hablé con él y estamos de acuerdo en que ese no fue el acuerdo.
¿Siente que esa acreditación no se compadece con su tarea?
Sí. Necesito una acreditación congruente con la función que tengo.
¿Cree que este “impasse” tuvo algo que ver con la campaña electoral que vive el país?
No creo que el nombramiento del representante de la Oficina esté atado a temas políticos o electorales. Debe haber una mala interpretación, o algo más, que no he logrado aclarar. No tengo, hasta el momento, una razón que se me haya explicado. Siempre en mi carrera profesional he sido acreditado como corresponde. Supongo, entonces, que puede haber una discusión interna.
¿Eso quiere decir que la Oficina está en un limbo jurídico?
Sin una acreditación como la que el Alto Comisionado me ha instruido, no puedo operar. Ahora, no es que en estos momentos la Oficina no esté trabajando, tenemos más de 15 presencias en el territorio, que interlocutan con autoridades locales e indígenas. Se está preparando el ejercicio del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas para el 10 de mayo, que evalúa la situación de derechos humanos de cada país miembro. Pero obviamente que me den una acreditación hasta diciembre es insólito y desde mi punto de vista inexplicable.
¿Cómo ha sido su comunicación con la Cancillería?
De hecho, en la reunión que tuve en Cancillería nunca se hizo referencia a una temporalidad. Fue una reunión cordial de coordinación sobre cómo íbamos a operar. Incluso, después tuvimos una comunicación telefónica y la Oficina sacó un comunicado a raíz de que se anunció la acreditación en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Así que espero que esto se solucione, pero mientras eso sucede, la verdad, no me siento muy cómodo de iniciar todas las coordinaciones de la Oficina.
¿Por qué aceptó este nombramiento en Colombia?
¿Quién no quiere estar en la operación de Naciones Unidas más grande del mundo? ¿Quién no quiere estar en Colombia en este momento? He trabajado mucho sobre justicia transicional, y lo sigo haciendo en El Salvador. Consideré que con esta experiencia podía contribuir también aquí. Además, los mejores colaboradores que he tenido en oficinas han sido colombianos y mexicanos. Hay, desde luego, una riqueza cultural y política que es realmente estimulante. Me gustaría poder integrarme bien en el equipo de Naciones Unidas y para que eso suceda necesito ciertas condiciones y garantías.
¿Hasta cuándo va el mandato de la Oficina en Colombia?
El mandato va hasta el 31 de octubre de 2019, fue renovado por este Gobierno hace un año y medio.
¿Cuál era la visa que usted estaba esperando?
Un período congruente que permita el traslado mío y de mi familia, así como la coordinación de la Oficina y sus integrantes, que suman más de 150 personas. Algo que desde luego no puedo hacer en ocho meses. En ese período ni puedo conocer el país, que es muy bello, pero muy complejo. No creo que sea un tema personal.
¿Por qué su presencia en Guatemala fue incómoda para ciertos sectores?
Soy una persona franca y respetuosa de las autoridades. Lo que sí no respeto son a los violadores de derechos humanos y a los corruptos condenados. En Guatemala, como representante del Alto Comisionado, pude haber sido incómodo para ciertos sectores porque digo lo que pienso. Aun así, salí de ese país con el reconocimiento más alto que da el Estado de Guatemala, que es la Orden del Quetzal. En este trabajo siempre hay quienes están de acuerdo y quienes no. Y, desde luego, a los violadores de derechos humanos no les gusta mi trabajo.
¿Qué simbolizó para usted el juicio por genocidio en Guatemala?
Simbolizó que, 30 años después, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de tener al victimario en el banquillo de los acusados con el derecho a defenderse, aunque el tema haya terminado como terminó…
Con una anulación a la condena del dictador Efraín Ríos Montt, ¿qué significó ese revés jurídico para usted?
Que a veces la justicia no es pronta ni cumplida, como debería ser. Sin embargo, la anulación fue formal no de procedimiento, no fue algo sustantivo. Sea como sea, las víctimas pudieron contar y escuchar, y eso contribuyó a su reparación.
Pero Ríos Montt no fue condenado…
Puede que formalmente no hubo una condena, pero tampoco se pudieron desmentir los hechos que terminaron siendo parte del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Fue un paso importante, el primer juicio por genocidio en un tribunal nacional del mundo. Sin ese juicio no hubiera empezado la lucha que inició Guatemala contra la impunidad.
El 1° de abril Ríos Montt falleció en su casa por una dolencia cardiaca y en libertad. ¿Cómo recibió la muerte del dictador guatemalteco?
Fue una lástima, porque nunca llegó a defenderse en juicio ni a presentar sus razones. No hubo una discusión en los tribunales. Lo único que quedó fue la verdad de las víctimas, que al final fue la verdad que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad retomó. Quizás un proceso de esclarecimiento de su actuación pudo ayudar mucho más al país.
Noto que se fue de Guatemala positivo.
Sí, definitivamente salí de Guatemala con la esperanza de que no había un retorno al pasado. Es la esperanza que tengo también con Colombia, quiero creer que la implementación del Acuerdo de Paz no tiene vuelta atrás.
¿Es cierto que durante mucho tiempo en su estancia en Guatemala tuvo la maleta lista para salir corriendo?
Sí, es cierto (se ríe) y se lo dije en broma también al canciller porque, claro, hay momentos difíciles en este trabajo. Hay tensiones no sólo con el Gobierno, sino con otras instituciones. No mido el momento político. Si hay una violación de derechos humanos es nuestro deber evidenciarla. Cuando sucede, sucede y si es lo que hay que decir hay que decirlo.
¿Cuál fue el momento más tensionante que vivió como representante en Guatemala?
Bueno, con el caso de Ríos Montt siempre. Pero recuerdo otro tema, en Guatemala se creó un salario mínimo diferencial más bajo en algunos municipios. Esto era contrario a los estándares internacionales. El tema se aprobó por decreto un 31 de diciembre a las 3.00 p.m. Y el 3 de enero, que era el primer día hábil, sacamos un comunicado en contra de la medida. En ese momento el presidente de entonces estaba dando declaraciones y le mencionaron el comunicado. Al otro día, un periódico me puso en contraposición al mandatario. Cuando vi la prensa en la mañana preparé la maleta. Después el Gobierno entendió el trabajo que veníamos haciendo con la Corte Constitucional y no pasó nada. Hay quienes creen que nosotros solo decimos las cosas en negativo, pero realmente ahí se había hecho un trabajo con la Corte Constitucional para que no sucediera lo del salario mínimo. Después se descubrió que detrás de la idea del salario mínimo diferenciado en ciertos municipios había elementos de corrupción.
¿Cuáles cree que son sus mayores logros en defensa de los derechos humanos?
El primer informe sobre defensores de derechos humanos que sacamos cuando estuve en México llevó a la construcción del primer mecanismo de protección de defensores que no existía. En Guatemala apoyamos el fortalecimiento a la justicia que permitió juicios como el de genocidio que no tenía precedentes en el mundo.
¿Cuál cree que es la importancia de su cargo?
Hay temas que si no los saca el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, nadie los va a sacar. Fue el caso del matrimonio igualitario en Panamá o el caso del aborto en El Salvador. En este último caso, por ejemplo, la Corte Suprema nos ha pedido ayuda porque quieren revisar los casos de cerca de 18 mujeres presas, condenadas a 30 y 40 años por homicidio agravado, por abortar, pero los magistrados se enfrentan a una sociedad muy conservadora. Por eso nos pidieron respaldo para dar ese debate público.
¿Por qué un Estado no debe tenerle miedo a la defensa de los derechos humanos?
Porque el Estado democrático es un Estado de derecho. En un Estado democrático se debaten todos los temas. No hay por qué tenerles miedo. ¿Hay temas espinosos? Sí, por supuesto, pero para debatirlos está la democracia. Si no estás ante otros regímenes. Es lo mismo que pasa con la polarización. Es preocupante cuando se trata de una polarización estéril, pero que haya debates encendidos sobre los temas más álgidos, como la justicia, es la garantía de un Estado Democrático sólido. Uno lo olvida, pero en América Latina hemos pasado de la época de las dictaduras al período democrático con debates difíciles y hay que seguir progresando con relación a otros temas, como el aborto y el matrimonio igualitario.
