Bogotá, 27 de mayo de 2021
Buenos días. Un saludo caluroso y fraterno a todas y todos los asistentes a este foro. Quiero agradecerles de parte de toda nuestra Oficina el contar con nosotras y nosotros para que acompañemos este importante proceso que busca ahondar en los impactos que ha ocasionado la violencia sexual y otras violencias ocurridas en el marco del conflicto armado en los cuerpos y proyectos de vida de las mujeres. Igualmente agradecemos la invitación realizada por la Red Petra Mujeres valientes para participar en este espacio. Su proceso organizativo para la exigibilidad de los derechos de las mujeres y de visibilización de la violencia sexual como una grave violación de derechos humanos nos merece nuestra mayor admiración y respeto.
La violencia sexual y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas constituyen una grave violación de los derechos humanos. Desde el momento que ocurren se da un quebrantamiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las víctimas. Estas violencias impiden el más básico ejercicio de ciudadanía. Son un grave obstáculo para el logro de la efectividad de todos los derechos humanos.
Esta supresión del ejercicio de la ciudadanía de las víctimas persiste en el tiempo. Se convierte en un muro permanente que les impide a las mujeres intervenir en la vida política y social de sus comunidades. Muchas veces son empujadas al ostracismo, y al aislamiento familiar y comunitario. Y cuando pueden huir de estas violencias se ven obligadas a enfrentar otros contextos igual o peor de violentos. La imposibilidad de ejercer sus derechos más fundamentales se acrecienta.
La violencia sexual y, en general, las violencias basadas en el género no cesarán si no se entiende que son una práctica extendida en contextos altamente patriarcales, como lo ha sido el conflicto armado. Por ello, las soluciones con potencial transformador requieren el reconocimiento por parte de las instituciones públicas de la naturaleza sistémica de estas violencias. El abordaje del problema como casos aislados puede impedir que sea sumido como un asunto de derechos humanos.
Los altos niveles de impunidad que caracterizan la violencia sexual reflejan la necesidad de respuestas más eficaces por parte de instituciones estatales.
Cada vez es más creciente el empoderamiento de las mujeres y de sus procesos organizativos para visibilizar estas prácticas criminales, develar sus características estructurales e identificar los impactos que causan. Es un deber de las entidades encargadas de proteger y garantizar derechos incluir estos elementos en sus respuestas.
Es necesario reiterar también que el Estado tiene claras obligaciones internacionales en esta materia. Sus instituciones de justicia y de reparación deben incluir un enfoque basado en el género que les permita entender que estas violencias se dan en el marco de una discriminación sistémica y estructural contra las mujeres, propiciada por el patriarcado y las atribuciones de roles basados en estereotipos de género, y que repercute en todos los ámbitos de la vida de las víctimas y sus entornos familiares y sociales.
Los impactos generados por la violencia sexual y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas deben ser debidamente sancionados y reparados. Las decisiones judiciales deben avanzar en la identificación y sanción de los responsables, así como en la definición de medidas que garanticen la no repetición de lo sucedido. El derecho a la reparación debe dar cuenta no sólo de las afectaciones iniciales que sufrieron las víctimas, sino también debe buscar la transformación de los entornos violentos a los que se siguen viendo enfrentadas. Mientras que la justicia tiene el deber de enfrentar estas violencias como un asunto de graves violaciones a los derechos humanos, las reparaciones deben enfocarse en la transformación de las realidades actuales de las víctimas.
Es el momento de reiterarles nuestra entera disposición para seguir acompañando su trabajo en esta larga lucha que han dado para visibilizar y esclarecer estas violencias. También reiteramos nuestra entera colaboración para con las instituciones del Estado colombiano en la implementación de estrategias adecuadas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
