Intervención de Juliette de Rivero, Representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hunanos
6 de noviembre de 2023
Saludo a las/los Comisionadas/Comisionados, a las autoridades del Estado, a las representantes de la Sociedad Civil y a las autoridades y personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes, al papa de Brayan Santiago, Rodolfo Pama – un saludo muy solidario.
Agradezco a la Comisión Interamericana (CIDH) por su invitación a participar en esta audiencia.
Mi nombre es Juliette de Rivero. “Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de Representante en Colombia del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.”
Según el Índice del impacto de la violencia en los territorios elaborado por ONU-Derechos Humanos, para el primer semestre de 2023, seis de los 13 municipios del Departamento de Putumayo se ubicaban entre los 144 municipios con los mayores índices de violencia en el país[1].
Desde enero de 2022 hasta la fecha, mi Oficina ha documentado el homicidio de 20 personas defensoras de derechos humanos (4 personas Indígenas, 1 afro y 14 campesinos) y ocho masacres en el departamento, resultando en la muerte de 4 mujeres y 26 hombres. OCHA reportó el desplazamiento y confinamiento de 687 personas en 2022 y de 40 personas en el primer semestre de 2023. En septiembre de este año las autoridades del Pueblo Siona reportaron el desplazamiento de 2,861 personas en Puerto Asís.
Uno de los principales factores generadores de la violencia se relaciona con la presencia y disputa del territorio entre el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC (FCR) y los denominados Comandos de la Frontera (CDF).
Según el último informe de UNODC en el 2022 el 77% del incremento neto de cultivos de coca en Colombia se concentraron en el Putumayo. También informó que en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguizamo la extensión de cultivos se duplicó de 2021 a 2022[2].
Las disputas de los grupos armados impactan negativamente en los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, y las comunidades campesinas[3]. La estrategia de control territorial de los grupos armados implica el control social en las comunidades, el cual incluye homicidios selectivos de sus líderes, lideresas y autoridades, violencia sexual y basada en género, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, imposición de horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras. Según información recibida, los grupos armados suelen desconocer a los Pueblos Indígenas y sus autoridades, generando desplazamiento y despojo territorial de estos pueblos, lo que afecta a su pervivencia física y cultural.[4]
En este contexto, quisiera llamar la atención sobre el especial riesgo de reclutamiento de niñas y niños Indígenas en el Putumayo. La limitada presencia de las instituciones del Estado impide la implementación de las políticas de prevención y protección de reclutamiento. Un caso que ilustra esta situación fue el reclutamiento y asesinato de cuatro niños Indígenas Murui del Resguardo Gran Predio Putumayo, presuntamente por parte de las disidencias de las FARC el 17 de mayo 2023 en Caquetá.
Adicionalmente, la falta de enfoque de género y étnico en las rutas de prevención y protección generan una mayor desprotección frente a las violencias basadas en género y una mayor vulnerabilidad en las niñas y niños Indígenas. El reclutamiento y utilización de niñas Indígenas por los grupos armados no estatales implica en ocasiones algunas de las peores formas de trabajo infantil, trata, explotación y esclavitud sexual.[5]
Un ejemplo reciente del impacto de la disputa y enfrenamientos entre los grupos armados no estatales es el desplazamiento y confinamiento de 18 comunidades Indígenas, afros y campesinas en el municipio de Puerto Asís el pasado septiembre.[6] Dentro de estos hechos, también se reportó el desplazamiento de (142 familias 475 personas) del Resguardo (Buena Vista) del Pueblo Siona, el cual cuenta con medidas cautelares por parte de esta Comisión. A pesar de los múltiples llamados del pueblo Siona, la respuesta institucional ha sido lenta para atender las necesidades humanitarias.
Quisiera destacar cinco medidas que podrían mejorar la situación de derechos humanos en el Putumayo, especialmente de las comunidades Indígenas, afro y campesinas.
Primero, el Estado colombiano debe redoblar los esfuerzos para la implementación de los Acuerdos de Paz. Es fundamental avanzar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y resarcir los incumplimientos que se han dado en el pasado. La nueva política de drogas también constituye una gran oportunidad para el Putumayo ya que puede propiciar el tránsito hacia economías lícitas y fomentar oportunidades de desarrollo. [7]
Otro eje central es la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, en tanto genera una mayor presencia de instituciones civiles. Se requiere especialmente avanzar en el acceso y restitución de tierras, en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y en el cumplimiento de los 16 planes nacionales sectoriales.
Tercero, es imperativo que el Gobierno avance en la implementación de la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana con el principal objetivo de que la Fuerza Pública brinde la protección que las comunidades requieren. En este sentido, la política de seguridad también debe armonizarse con la Política de desmantelamiento de Conductas y Organizaciones Criminales recientemente aprobada.[8] La puesta en práctica de ambas políticas debe generar las condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio por parte de las instituciones del Estado.
Cuarto, es importante que el Estado refuerce el dialogo directo con autoridades indígenas y afro y las organizaciones de base del territorio, los refuerce y empodere. Dichos diálogos y fortalecimiento debe realizarse independientemente de los diálogos con armados.
Quinto, es importante avanzar en el combate a la impunidad y fomentar el acceso a la justicia para víctimas de las violaciones y abusos de derechos humanos, en particular en el caso de la masacre del Alto Remanso. La Fiscalía General de la Nación se disponía a imputar a los 25 militares que participaron en la operación cuando el 27 de julio de 2023 el juzgado de Puerto Leguízamo suspendió la audiencia por una solicitud de la defensa de que el caso lo asumiera la Justicia Penal Militar, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Es fundamental que estos procesos avancen con mayor celeridad, que se conozca la verdad de lo sucedido, que las personas responsables sean sancionadas y que las víctimas lleguen a ser reparadas integralmente.
Desde el enfoque humanitario, es necesario reforzar las capacidades humanas y financieras de las municipalidades y la gobernación departamental para que puedan atender como primeros respondientes en casos de desplazamiento de personas, con enfoque étnico y diferencial. Es crucial también mejorar la coordinación entre municipios, gobernaciones y gobierno central para atender las emergencias humanitarias que reiteradamente se han presentado en el departamento.
La Oficina Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia confía en que esta audiencia sirva para visibilizar el impacto de la violencia en los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas en Putumayo y las autoridades del Estado adopten medidas efectivas para su prevención y protección.
Muchas gracias.
[1] El índice se compone de cinco variables que miden los homicidios de personas defensoras de derechos humanos; 2) Masacres; 3) Asesinatos de excombatientes de las FARC-EP; 4) Tasa de confinamiento x 100.000 habitantes; 5) Tasa de desplazamiento x 100.000 habitantes. Naciones Unidas Derechos Humanos, Colombia, informe: Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, 2022, disponible en: www.ohchr.org/sites/default/files/2022-07/reporta-Informe-Violencia-Territorial-en-Colombia-Recomendaciones-para-el-Nuevo-Gobierno-Oficina-ONU-Derechos-Humanos.pdf
[2] Ver: UNODC, Colombia desacelera la siembra de coca, disponible en: https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-con-presencia-de-cultivos-de-coca-2022.html
[3] Ver: Naciones Unidas Derechos Humanos, Colombia, informe: Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, 2022, disponible en: www.ohchr.org/sites/default/files/2022-07/reporta-Informe-Violencia-Territorial-en-Colombia-Recomendaciones-para-el-Nuevo-Gobierno-Oficina-ONU-Derechos-Humanos.pdf
[4] Ver: Corte Constitucional, Auto No. 04 del 2009, disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm ; Ver también: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia, marzo 2023, disponible en: https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-anual-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-2022/
[5] Ver: ONU Derechos Humanos Colombia, Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones
para el Nuevo Gobierno, 2022, disponible en: https://www.hchr.org.co/informes_tematicos/violencia-territorial-en-colombia-recomendaciones-al-nuevo-gobierno/
[6] Ver: https://www.colectivodeabogados.org/denuncia-publica-por-desplazamiento-forzado-y-confinamiento-de-la-comunidad-de-puerto-silencio-del-resguardo-buenavista-del-pueblo-siona-ziobain/
[7] Ver: Política de drogas y derechos humanos: un enfoque para que sean compatibles, disponible en: https://www.dejusticia.org/politica-de-drogas-y-derechos-humanos-un-enfoque-para-que-sean-compatibles/#:~:text=1%20Apoyar%20la%20documentaci%C3%B3n%20y%20esclarecimiento%20de%20da%C3%B1os,los%20temas%20de%20pol%C3%ADtica%20de%20drogas.%20M%C3%A1s%20elementos
[8] https://portalparalapaz.gov.co/aprobada-politica-de-desmantelamiento-de-organizaciones-criminales/08/
