“Implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia”
Intervención de Montserrat Solano Carboni, Representante Adjunta para Colombia de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
27 de octubre de 2022
Muchas gracias y muy buenas tardes señor Comisionado Vicepresidente. Saludo a las comisionadas y comisionados, a las ilustres autoridades del Estado colombiano, a las y los representantes de la Sociedad Civil, y demás participantes en esta audiencia. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para hacer esta intervención.
Mi nombre es Montserrat Solano Carboni. “Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de Representante Adjunta en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.”
Quisiera iniciar por rendir homenaje a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, quienes cada día ponen en riesgo su vida para proteger a las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad, para proteger la tierra, el agua, el medio ambiente y la cultura, a quienes luchan para promover el respeto de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, de los pueblos étnicos y muchos más. Esta comunidad comprometida y resistente de personas defensoras es una de las mayores riquezas de Colombia.
Pese a ello, los niveles de violencia contra personas defensoras en Colombia siguen siendo muy altos. En lo que va del 2022, mi Oficina ha recibido 202 alegaciones de homicidios, de las cuales ha verificado 58 y 62 están en proceso de verificación. Cinco de las víctimas de los casos verificados eran mujeres defensoras.
La Oficina también ha registrado un alto número de amenazas, ataques y otro tipo de agresiones contra personas defensoras, particularmente por grupos armados no estatales o grupos criminales. Las amenazas suelen transmitirse a través de panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o intermediarios. En el caso de las mujeres defensoras, éstas contienen un contenido de violencia sexual o están dirigidas contra sus familias. Los ataques pueden incluso llegar a constituir intentos de asesinato. En muchos de los casos documentados por la Oficina, la gravedad de las amenazas ha obligado a las víctimas a cesar sus actividades, abandonar sus comunidades e incluso, el país. Tan sólo entre 2021 y lo que va del 2022, la Oficina documentó 1,911 amenazas y ataques. Pero esto es sólo una fracción del universo de casos. Existe además un alto nivel de estigmatización de las personas defensoras, incluso por agentes del Estado.
Los ataques a personas defensoras buscan debilitar la capacidad organizativa y de resistencia de las comunidades frente a actores armados que quieren controlar y despojar el territorio. En muchos casos, se ha asesinado a autoridades tradicionales, guías espirituales y miembros de las guardias indígenas y cimarronas, para quebrar el tejido social y ejercer mayor control social. Al hacerlo, ponen en riesgo la pervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes. Este año también ha incrementado de manera alarmante la violencia contra organizaciones campesinas, al registrarse 61 alegaciones de homicidios de miembros de las Juntas de Acción Comunal.
Ante esta realidad, reconocemos la adopción por parte del Gobierno de un Plan de emergencia, propuesto por la sociedad civil, para prevenir y proteger a las personas defensoras, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en 69 municipios y 3 capitales priorizadas por sus altos niveles de violencia. El Plan tiene seis ejes y 49 acciones de corto y mediano plazo. Una de las acciones más visibles han sido los Puesto de Mando Unificado por la Vida que, pese a los desafíos, son una oportunidad para adoptar acciones concretas de prevención y protección de personas defensoras. El Plan también busca fortalecer el diálogo social relanzando el proceso nacional de garantías; mejorar la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, reformar la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Decreto 660 sobre medidas de protección colectiva. La Oficina espera que este plan de emergencia sirva de base para la adopción de una política pública integral y coherente de prevención y protección de personas defensoras, que se construya participativamente con la sociedad civil.
Una de las medidas de corto plazo contemplada en el plan es la adopción de una estrategia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar y garantizar la implementación de las medidas cautelares individuales y colectivas otorgadas por el Sistema Interamericano. La Oficina ha dado seguimiento a varias de estas medidas y, a partir de esta experiencia, sugerimos trabajar en cinco ejes:
- Fortalecer el rol activo de la cancillería en el impulso y seguimiento de la implementación de las medidas cautelares para que convoque con mayor regularidad al resto de instituciones para revisar el cumplimiento de las medidas, con participación efectiva de las y los beneficiarios en todo el proceso.
- Profundizar la reforma de la UNP. Existe actualmente un proceso liderado por la Corte de Constitucionalidad, a raíz de varias acciones de tutela, que es una oportunidad única para revisar a fondo el sistema de protección individual y colectiva de la Unidad.
- El fortalecimiento de la implementación de medidas colectivas, pues la ruta de protección colectiva impulsada por la UNP enfrenta un rezago frente al gran número de solicitudes, debido a problemas presupuestarios y de capacidad de respuesta, y a la ausencia de medidas que protejan holísticamente al colectivo, atiendan integralmente los factores de riesgo y que se construyan a través de un diálogo intercultural.
- El fortalecimiento de los enfoques étnico y de género en la implementación de las medidas cautelares.
- Finalmente, la implementación de las medidas cautelares de la CIDH debería estar acompañada por una estrategia robusta de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los ataques y amenazas.
La Oficina respalda la recomendación de la sociedad civil sobre la adopción de un protocolo de actuación gubernamental sobre medidas cautelares otorgadas a personas defensoras. Consideramos necesario revisar puntualmente la implementación de las medidas que enfrentan rezagos importantes. La Oficina está dispuesta a acompañar algunos de esos procesos y compartir con la Comisión información en casos concretos.
Concluyo resaltando la importancia del trabajo de la Comisión para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Colombia, a través del otorgamiento y seguimiento de las medidas cautelares.
Muchas gracias.
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