Saludo a Iris Marín, Defensora del Pueblo de Colombia, Raquel Caballero de Guevara, Presidenta de la FIO, Mauricio Jaramillo, Viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Matthew Brook, Representante Adjunto de ACNUR y Pablo Ceriani, Vicepresidente del Comité para la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas.
Estamos siendo testigos de un momento de crisis y enormes retos para la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en nuestra región.
Si bien las cifras sobre cruces fronterizos y detenciones en frontera han disminuido enormemente en los diversos países de la región relacionado con la política migratoria de los Estados Unidos de América, los niveles de incertidumbre, vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas siguen siendo muy altos.
Hoy cientos de miles de personas que se vieron forzadas a salir de sus países de origen por motivos de la violencia, la crisis climática o la violación sistemática a sus derechos económicos, sociales y culturales, están varadas en países de tránsito y recepción en condiciones de falta de acceso a los derechos más básicos y con cada mes menos oportunidades de regularizar su situación y encontrar medios de subsistencia.
El número de personas deportadas, sin que existan condiciones dignas y sostenibles para su recepción, ha incrementado considerablemente. A partir del monitoreo que ha realizado ONU-Derechos Humanos en relación con las personas deportadas desde EE.UU a países como Panamá, Costa Rica y El Salvador, por ejemplo, se han identificado necesidades de protección: como la falta de información sobre el motivo de la detención y ausencia de representación legal; privación de libertad de facto; preocupación por el acceso efectivo a los procesos de refugio; indicios de posibles tratos crueles e inhumanos recibidos en la etapa previa a la deportación; acceso limitado a servicios básicos; y detención prolongada.
También son miles las personas que han decidió iniciar una ruta migratoria inversa llena de riesgos de protección. Ante medidas cada vez más restrictivas para la movilidad humana en diferentes países, las personas son forzadas a migrar por rutas cada vez más peligrosas y quedar atrapadas de las redes de tráfico y trata de personas, así como a correr riesgos de perder la vida o desaparecer, especialmente, en el uso de vías marítimas, donde se han reportado naufragios y desapariciones de migrantes.
A estas situaciones fácticas se suman políticas, normas y prácticas adoptadas por varios gobiernos que contradicen directamente normas, principios y estándares internacionales de derechos humanos que deberían servir de cimientos básicos de las políticas migratorias regionales; como el principio de no devolución ante el riesgo de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, la prohibición de deportaciones masivas sin análisis individuales, la prohibición de la detención de niños y niñas, el principio de la unidad familiar, el deber de proteger a las personas en movilidad ante los riesgos a su vida e integridad y el acceso al asilo y refugio, entre otros. Hoy parece que las prácticas de la región están cada vez más lejanas del cumplimiento del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado el 10 de diciembre de 2018 en Marrakech y a la Convención de los Derechos sobre los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, entre otros instrumentos y estándares.
Los recientes recortes en la cooperación internacional también han debilitado la rede de asistencia humanitaria y protección de derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales habían desarrollado para dar respuesta a los retos de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
En este contexto, la labor de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en los diversos países resulta de vital importancia. Su mandato, reforzado por la independencia, legitimidad y cercanía con las comunidades, les permite documentar violaciones de derechos con rigor y elevar alertas tempranas directamente a las autoridades, incidir en políticas públicas y promover respuestas regionales coordinadas, situando siempre a las personas migrantes en el centro de la protección.
Desde ONU-Derechos Humanos, a través de diversos proyectos impulsados desde nuestras Oficinas regionales y desde nuestras oficinas de país, hemos venido trabajando para impulsar el trabajo de las INDHs en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Deseo resaltar un ejemplo de muchos, la alianza que se ha consolidad con las Defensorías del Pueblo de Panamá, Costa Rica y Colombia, que se ha traducido en una cooperación en misiones de monitoreo conjunto en zonas fronterizas y el fortalecimiento de su capacidad para documentar y visibilizar las condiciones que enfrentan las personas migrantes y refugiadas. Además, mediante declaraciones conjuntas y la emisión de alertas tempranas, han contribuido a una respuesta más articulada frente a los riesgos y violaciones de derechos humanos en contextos de movilidad humana.
Desde ONU-Derechos Humanos celebramos la realización de esta Cumbre, reconocemos la importancia estratégica de las plataformas regionales como la RINCADH y la FIO y reiteramos nuestra disposición de continuar trabajando conjuntamente con las INDH, autoridades institucionales, la sociedad civil, las comunidades, víctimas, así como con las agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, para monitorear y visibilizar la situación de derechos humanos de las personas en movilidad para promover sistemas integrales de protección basados en derechos humanos.
Muchas gracias
