Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes

Reunión
Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes

Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta de la Cámara de Representantes

Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Salón Luis Carlos Galán Sarmiento, 5 de septiembre de 2022

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) agradece a la Honorable Cámara de Representantes la invitación para participar en esta importante audiencia.

Saludamos la reciente creación de la Comisión Accidental para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de Personas Capturadas en el marco de la Protesta Social. ONU-Derechos Humanos expresa su disposición en poder brindar asistencia técnica a dicha Comisión para el cumplimiento de sus objetivos.

En cumplimiento de nuestro mandato, ONU-Derechos Humanos le dio seguimiento al derecho a la libertad de reunión y asociación en el marco de las protestas ocurridas entre los meses de abril a julio de 2021. Publicamos a finales del año pasado un documento titulado Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.

El documento concluyó que durante el Paro Nacional se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. También se documentaron afectaciones a los derechos consecuencia de acciones de los manifestantes. El documento recopila un conjunto de buenas prácticas observadas durante el Paro, notando que el diálogo entre las autoridades, los manifestantes y otros actores fue el instrumento más efectivo para darle seguimiento a los reclamos de los manifestantes, para proteger derechos y prevenir, evitar o neutralizar situaciones de violencia[1].

 

En relación al tema de la presente audiencia, ONU-Derechos Humanos identificó que durante las protestas del Paro Nacional se presentaron dos modalidades de restricciones a la libertad personal de manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica. El primero de ellos fue la privación de la libertad de manifestantes en circunstancias que no están definidas en la ley o contempladas bajo la figura de la flagrancia. El segundo de ellos fue la privación de la libertad mediante el abuso y desnaturalización de la medida administrativa de “traslado por protección”.

 

En relación con las detenciones bajo la figura de flagrancias, se documentó que en muchos casos no se habrían respetado las salvaguardas esenciales para la protección de la libertad, como la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos. En los casos sobre los cuales la Oficina pudo realizar seguimiento, se identificó que la mayoría de manifestantes que fueron llevadas ante los jueces de control de garantías fueron dejadas en libertad sin iniciar un proceso penal. Lo anterior, debido a que los jueces no habrían encontrado los elementos suficientes o pruebas frente a su presunta participación en un delito.

 

A partir del mes de agosto de 2021 y hasta junio de 2022, ONU-Derechos Humanos ha registrado 110 casos de personas, incluyendo 15 mujeres, detenidas y privadas de su libertad en relación a las protestas¿. Las detenciones se realizaron los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander y Sucre.

 

En este caso las detenciones se hicieron por orden judicial y como resultado de un proceso de investigación previo por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN), con información aportada por la Policía Nacional. En 85 de los casos registrados, la Fiscalía incluyó el delito de concierto para delinquir entre la lista de delitos imputados y en 54 casos el delito de terrorismo. En otros casos, también se incluyeron delitos comunes de especial gravedad como tortura, secuestro, tentativa de homicidio u homicidio. En estos casos, los jueces de garantías han vinculado a proceso penal a las personas imputadas y en muchos de los casos han decretado medidas de privación de libertad, incluyendo medidas intra-murales.

 

La mayoría de las personas imputadas son jóvenes de entre 18 y 25 años, de escasos recursos, que habrían participado en las protestas o en los denominados espacios de resistencia en las principales ciudades del país.

 

Del análisis de los casos la Oficina tiene las siguientes tres preocupaciones.

 

Primero: la utilización de tipos penales graves y desproporcionados a las conductas típicas observadas

 

Una de las principales preocupaciones de ONU-Derechos Humanos es el uso de tipos penales, como los de concierto para delinquir y terrorismo, que de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables no resultan adecuados para sancionar las conductas violentas que pueden surgir en el marco de las protestas.

 

De conformidad con las normas y estándares internacionales, la utilización del delito de terrorismo resulta excesiva para las conductas violentas que se dieron durante las protestas por parte de las y los manifestantes. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha sido enfático en sostener que la utilización del tipo penal de terrorismo debe limitarse exclusivamente a los actos de auténtico carácter terrorista[2].

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha subrayado la necesidad de que las tipificaciones y definiciones internas relativas al terrorismo no sean formuladas de manera

imprecisa de manera que faciliten interpretaciones amplias con las cuales se sancionen conductas que no tendrían la gravedad y naturaleza de ese tipo de delitos[3]. La jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que éstos tipos penales deben ser precisos y utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal[4].

 

 

Segunda preocupación: la estigmatización de las personas pertenecientes a las primeras líneas

 

La utilización de tipos penales como el de concierto para delinquir ha conllevado a la estigmatización de los jóvenes que participaron activamente en las denominadas primeras líneas. La utilización de este tipo (artículo 340 del Código Penal), tiene el efecto de representar a las primeras líneas como organizaciones que tiene un fin criminal, en el seno de las cuales se habría planificado y acordado la comisión de los delitos. Esta forma de proceder puede llevar a criminalizar de manera general a los jóvenes que han sido parte de las primeras líneas y de manera indirecta a quienes de una u otra forma han colaborado con ellas. Nuestro documento sobre lecciones aprendidas durante el paro reconoció el carácter mayoritariamente pacífico de la movilización de los jóvenes durante el paro y su importante valor democrático.

 

La Corte Interamericana ha establecido que los Estados deben asegurar que los fines y efectos de las medidas que se tomen en la persecución penal de conductas relacionadas con ciertos tipos penales, como el de terrorismo, no discriminen permitiendo que las personas se vean sometidas a caracterizaciones o estereotipos[5].

 

Tercera y última preocupación: la utilización de la persecución penal como un instrumento de disuasión

 

La tercera preocupación para la Oficina se refiere a que la serie de detenciones en contra de jóvenes que participaron en las protestas pudiera disuadir a otras personas seguir manifestándose en las calles. La Oficina observó que por lo general las detenciones tenían lugar entorno a los aniversarios del inicio del Paro Nacional (28 de abril). Las detenciones también ocurrieron en días claves de la política nacional, como las jornadas electorales, en que se esperaba la posible movilización de jóvenes. Algunos mandos de la Policía Nacional reconocieron públicamente que las detenciones de jóvenes en días previos a los días en que se esperaban las protesta tenían un efecto disuasorio para prevenir la participación masiva de jóvenes y la comisión de delitos[6].

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave y con serias consecuencias para los derechos de reunión y asociación y que por lo tanto, sólo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio[7]. La utilización de tipos penales de especial gravedad, que conllevan penas por varios años de prisión y en proceso en los que por lo general se están decretando medidas de privación de libertad, puede generar un gran temor entre las y los jóvenes y sus familiares que les lleva a la desmovilización social, a la desarticulación política y al final a restringir su libertad de expresión, de asociación, reunión, así como sus derechos a la participación política.

 

Para concluir, quisiera subrayar que durante los meses del Paro Nacional se registraron en efecto actos violentos graves contra la policía y bienes públicos y privados constitutivos de delitos que deben ser investigados y sancionados por las autoridades judiciales. Sin embargo, en este proceso se deben respetar las garantías del debido proceso de las personas presuntamente responsables y se debe evitar que la persecución penal se realice de manera tal que restrinja del derecho de las personas, particularmente de las y los jóvenes, a ejercer su derecho a la protesta pacífica. El establecimiento de la Comisión Accidental constituye un instrumento institucional para promover que la acción penal se realice en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

 

[1] ONU-Derechos Humanos, Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica en Colombia. 2021. Véase en: https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2022/05/211214-Colombia_Documento-lecciones-aprendidas-y-observaciones-Paro-Nacional-2021.pdf

 

[2] Ante la ausencia de una definición general y universalmente aceptada mediante convenciones internacionales sobre terrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sugiere una que los Estados adopten tipos penales sobre terrorismo que cumplan con las tres siguientes condiciones de manera acumulativa: que sean a) actos cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves; b) actos cometidos con la intención de provocar un estado de terror,  intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo; y c) actos que constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito. E/CN.4/2006/98, 28 de diciembre de 2005. §50.

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. 38.

[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. §121.

[5] Idem.

[6] Mensaje del 15 de junio de 2022 del Director Nacional de la Policía General Vargas en el marco de las elecciones presidenciales. Véase:  https://m.facebook.com/watch/?v=5030114163768036&paipv=0&eav=AfZZE_KiEuHkMlxxc3d6NeZcnaQc74o_3YcCxvkJhvySlDhebp-cYjPyUB7ISZPRXCI&_rdr

[7] CIDH, Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.22/19. Septiembre 2019. §185.

Links de interés:

Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes

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Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del alto comisionado, Colombia

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