20 de mayo de 2024
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) agradece al Senado de la República, y en particular a la Senadora Jahel Quiroga, por la invitación a participar en esta importante audiencia.
ONU-Derechos Humanos saluda que desde el Senado de la República se realicen estas acciones de visibilización y reconocimiento de la importante labor y contribuciones que las y los defensores hacen al país. Estos espacios son ya en sí mismas una herramienta para mitigar los riesgos y generar acciones de prevención.
También nos parece importante destacar que en este espacio confluyan representantes de la cámara, senadores y senadoras, personas defensoras de derechos humanos de diversas regiones del país, plataformas y autoridades con mandatos de promoción y protección de derechos humanos. El trabajo colectivo debe contribuir a superar las difíciles situaciones que enfrenta día a día las personas defensoras en Colombia.
Según el informe anual de ONU-DH que presentamos al Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año, los niveles de violencia en contra de personas defensoras siguen siendo muy altos[1]. En 2023, ONU Derechos Humanos verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, en las que existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos. De los casos verificados, 14 eran mujeres, 87 hombres, una persona no-binaria, 2 hombres gays y una mujer transexual.
Del 1 de enero al 31 de abril de 2024, ONU-Derechos Humanos ha recibió 66 alegaciones de homicidios de personas defensoras, de las cuales 57 son hombres, 7 mujeres, 2 personas LGBTIQ+[2]. De ellas, ha verificado 16 casos, 17 casos han sido considerados como no concluyentes y 33 casos están en proceso de verificación. Comparado con las alegaciones recibidas en el mismo periodo en 2023 se identifica una disminución del 10%.
Aprovecho la oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los familiares de las personas defensoras que han sido asesinadas en lo que va del año, así como con los movimiento, comunidades y procesos sociales de los que eran parte. Este es el caso, por ejemplo, de Narciso Beleño, asesinado el 21 de abril en Santa Rosa del Sur, Bolivar, quien era presidente de FEDEAGROMISBOL; de Carmelina Yule Pavi, mayora del Resguardo Nasa de Toribio, asesinada el 17 de marzo en Cauca; de Josué Castellanos Pérez, dirigente comunal y delegado de Asojuntas en la mesa de víctimas, asesinado el 5 de mayo en Tame, Arauca; o de Ludivia Galíndez, presidenta de JAC y defensora del medio ambiente, asesinada el 23 de febrero en Florencia, Caquetá, por sólo mencionar algunos ejemplos.
Los patrones identificados en el primer cuarto de 2024 siguen siendo los mismos que en 2022 y 2023. Los homicidios buscan romper con procesos organizativos de defensa de derechos humanos y suelen darse en el marco del control social ejercido por grupos armados no estatales. Los perfiles de mayor riesgo son las autoridades indígenas y afrodescendientes, así como lideres campesinos y comunales. Los ámbitos de defensa en los que se genera mayor violencia son la defensa de la tierra y el territorio, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la corrupción, los derechos de las víctimas y los derechos de las mujeres. Los departamentos con los mayores niveles de violencia son: Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. En 2023, diversos grupos armados no estatales serían los presuntos responsables del 74% de los homicidios verificados.
Ante esta crítica situación, el 6 de diciembre de 2023 la Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-546/23 mediante la cual declaró el estado de cosas inconstitucional. La Corte concluyó que existe una falta de concordancia entre la situación de riesgo y violencia que experimentan las y los líderes sociales y personas defensoras y la capacidad institucional y presupuestal del Estado para garantizar y proteger sus derechos, incluyendo el derecho a defender derechos. La Sentencia de la Corte debe considerarse como punto de inflexión y una hoja de ruta para las transformaciones instituciones profundas que deben darse en los ámbitos de prevención, protección y lucha contra la impunidad para superar el estado de cosas inconstitucional en relación con las personas defensoras de derechos humanos. ONU-Derechos Humanos está trabajando con un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento a la implementación de las órdenes de la sentencia.
En este marco, deseo hacer un llamado a la instalación de la Mesa Nacional de Garantías por parte del órgano ejecutivo. Consideramos que la instalación de la mesa es la acción catalítica necesaria para reactivar plenamente el proceso nacional de garantías, incluyendo las mesas territoriales y la posibilidad de que este mismo año sean aprobadas la Política de Prevención y la Política Nacional de Garantías para las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
En diversos espacios, hemos insistido también en la necesidad de avanzar en una reforma profunda de la Unidad Nacional de Protección para transitar hacia un nuevo modelo de protección que privilegie la protección colectiva con la integración de los enfoques étnicos y de género. Este proceso debe ser ampliamente participativo y contar con las voces de las y los defensores de derechos humanos.
ONU-Derechos Humanos considera que la voluntad de la nueva Fiscal General de la República para luchar en contra de la impunidad, es una importante oportunidad para seguir fortaleciendo la capacidad de la institución para avanzar en la investigación de los casos de homicidios, ataques y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos. En el marco de las órdenes de la Corte Constitucional, mi Oficina está lista para trabajar en favor del fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación, del Cuerpo Élite y de los tribunales especializados para los casos de personas defensoras.
Aprovecho también la oportunidad para reiterar nuestro llamado al Congreso para que se apruebe lo más pronto posible la legislación que pueda dotar de mayores recursos a las personerías de los municipios de categoría cinco y seis. Me alegra saber, que ésta iniciativa ha logrado avanzar en el proceso legislativo y que tiene buenas expectativas de ser aprobada muy pronto.
Finalmente, quisiera expresar nuestro apoyo a la iniciativa de poder construir una ley estatutaria para garantizar el derecho a defender derechos humanos, reconocido también en la sentencia de la Corte Constitucional y de manera reciente por la Corte Interamericana en la Sentencia en favor del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo[3].
En línea con la Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensoras, esta iniciativa podría adoptar un marco normativo que reconozca los derechos indispensables para garantizar un ambiente adecuado para defender derechos humanos en Colombia. También podría establecer una definición amplia de persona defensora en concordancia con los estándares internaciones de derechos humanos y las recomendaciones que la Relatoría de Naciones Unidas en este tema ha desarrollado. Una definición amplia basada en la actividad de defensa de los derechos humanos podría además evitar el que se pretenda tener listas cerradas de personas defensoras que puedan resultar en la práctica excluyentes.
Una ley estatutaria también debería desarrollar las obligaciones y deberes del Estado y de sus instituciones y brindar las principales orientaciones de la política pública para la prevención y protección de las personas defensoras. Nos parece que esté espacio podría brindar aportes esenciales a este proceso. Mi Oficina está lista para poder contribuir con la asistencia técnica que se nos requiera.
Muchas gracias
[1] https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-anual-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-2023/
[2] https://www.hchr.org.co/micrositios/homicidios-de-defensoras-y-defensores/
[3] https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_16_2024.pdf
