9 de septiembre de 2025
Muy buenos días.
Mi nombre es Scott Campbell, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina se une a esta conmemoración poniendo en el centro la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento.
- Agradezco a la Procuraduría General de la Nación por convocar este espacio de diálogo sobre un tema tan sensible y preocupante.
- Saludo a las autoridades presentes y a la institucionalidad del Estado colombiano.
- Sobre todo, reconozco a la niñez, a las víctimas, familias, comunidades y liderazgos sociales que no han dejado de denunciar estas violaciones y exigir protección, aun en medio de enormes riesgos.
La niñez sigue siendo una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, con graves impactos en sus derechos a la vida, a la educación y a la protección.
Entre 2022 y 2024, la Oficina de ONU Derechos Humanos recibió 788 denuncias de violaciones contra niñas, niños y adolescentes, de las cuales verificó 658. De ellas, 474 correspondieron a reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes.
A esto se suman homicidios, lesiones, violencia basada en género —incluida la sexual—, privaciones arbitrarias de libertad, desplazamiento y desapariciones.
En los tres primeros meses de 2025 recibimos 118 denuncias de reclutamiento, verificando 51, muchas contra niños y niñas indígenas, afrodescendientes, campesinos y migrantes.
También hemos documentado ataques a escuelas y hospitales, así como restricciones al acceso humanitario.
En Antioquia, Cauca o Putumayo, las escuelas —que deberían ser espacios seguros— fueron blanco de reclutamientos, amenazas y la instalación de minas antipersonal, vulnerando el derecho a la educación.
En 71 de los 474 casos verificados, niñas y niños fueron trasladados entre departamentos, incluso en buses comerciales, lo que exige mayores controles y que las empresas transportadoras cumplan con su deber de diligencia para proteger a la niñez.
Estas cifras son solo una parte de la realidad. El miedo, la estigmatización y la normalización de la violencia hacen que muchos casos no se denuncien. Cada número es un proyecto de vida interrumpido y una comunidad afectada.
Los grupos armados no estatales emplean múltiples estrategias:
- persuasión con regalos o dinero,
- engaños en espacios educativos o comunitarios,
- acoso sexual,
- y, cada vez más, el uso de plataformas digitales.
El reclutamiento ya no se limita a territorios en disputa: alcanza a adolescentes urbanos y rurales, en internados, comunidades migrantes y en redes sociales.
A través de mensajes y publicaciones, los grupos hacen apología de la violencia, ofrecen falsas oportunidades y difunden imágenes de menores uniformados y armados.
Estas prácticas exponen a la niñez a estigmatización y revictimización, dificultando su reintegración.
La Oficina ha transmitido estas preocupaciones a empresas operadoras de redes sociales, recordando su obligación de respetar los derechos humanos según los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH.
Si bien reconocemos avances, la falta de moderación de contenidos y la ausencia de cooperación eficaz con Fiscalía e ICBF continúan exponiendo a la niñez a graves riesgos.
Se requieren mecanismos ágiles para reportar cuentas sospechosas, recursos suficientes para moderación y cooperación activa con las autoridades.
El reclutamiento se aprovecha de condiciones estructurales: pobreza, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, deserción escolar, problemas de salud y discapacidad sin atención adecuada, consumo problemático de sustancias y desprotección de la niñez migrante.
Las consecuencias son diferenciadas:
- Las niñas enfrentan violencia sexual, anticoncepción forzada, uniones tempranas con mandos armados y trata con fines de explotación sexual.
- Los niños suelen ser sometidos a castigos físicos.
- La niñez indígena y afrodescendiente, que representa casi la mitad de los casos verificados entre 2022 y 2024, sufre impactos desproporcionados que amenazan también la pervivencia cultural y el tejido comunitario.
El reclutamiento y utilización constituyen graves violaciones de derechos humanos, reconocidas como una de las peores formas de trabajo infantil en el Convenio 182 de la OIT y como crímenes de guerra en el derecho internacional.
La Comisión de la Verdad documentó las consecuencias devastadoras: daños permanentes a la salud física y mental, violaciones al derecho a un nivel de vida adecuado y traumas de por vida, especialmente en las niñas sometidas a anticoncepción forzada y abortos tempranos.
Permítanme subrayar tres mensajes:
- El reclutamiento es una grave violación de derechos humanos, crimen de guerra y de las peores formas de trabajo infantil. El Estado colombiano tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y reparar; los grupos armados deben cesar de inmediato esta práctica y liberar a todos los niños y niñas bajo su poder.
- Las empresas operadoras de redes sociales deben cumplir con su responsabilidad de derechos humanos. Deben aplicar con rigor la debida diligencia, prevenir contenidos nocivos, moderar con eficacia y cooperar activamente con las autoridades en la identificación de cuentas y la protección de la niñez.
- Las respuestas deben ser integrales y diferenciales. Con enfoque de género, porque niñas y niños enfrentan riesgos distintos; con enfoque étnico y territorial, por los impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales; y con atención especial a la niñez migrante.
Avances y desafíos
Reconocemos avances: la Política Pública de Prevención del Reclutamiento, la ratificación de la Declaración de Escuelas Seguras, programas de atención a víctimas, la estrategia de Gestión del Riesgo Escolar del Ministerio de Educación, la Ley 2326 de Alerta Rosa para la búsqueda de niños desaparecidos y el protocolo del Mecanismo de Búsqueda Urgente en Cauca, que faculta a autoridades indígenas a activar este procedimiento.
Sin embargo, persisten grandes retos: débil articulación territorial, rutas de atención que no garantizan derechos básicos, acceso limitado a justicia y enfoques diferenciales, y escasa participación comunitaria.
Colombia debe fortalecer la implementación territorial, la cooperación interinstitucional y asegurar que cualquier proceso de paz contemple no solo el fin del reclutamiento, sino también la desvinculación y reintegración integral.
La Procuraduría General cumple un rol clave en su mandato preventivo y disciplinario, investigando acciones y omisiones de autoridades que no cumplen con su deber de prevención, atención y protección de la niñez.
Cada caso de reclutamiento refleja factores estructurales que afectan a toda la sociedad. Hablar de reclutamiento es hablar de proyectos de vida interrumpidos, de derechos arrebatados y de la negación del futuro mismo de Colombia.
La protección de la niñez no es solo un deber jurídico: es una condición indispensable para la paz duradera.
Reafirmo el compromiso de mi Oficina de acompañar a la niñez y a sus comunidades en la prevención de estas graves violaciones.
Agradezco nuevamente a la Procuraduría General de la Nación por esta invitación y por abrir este importante espacio de diálogo.
Muchas gracias.
