Muy buenos días. Desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en delegación de nuestra Representante en Colombia, Juliette de Rivero, saludamos a todas las personas participantes, a las instituciones y a las personas representantes de la sociedad civil presentes en este espacio, expresando nuestro más profundo agradecimiento a todos, todas y todes por dedicarle su tiempo y energía a esta conversación tan relevante y oportuna. Agradecemos, especialmente, la invitación de Global Partnership for Sustainable Development Data, Colombia Diversa y la Red Sin Violencia LGBTI para participar en este evento, reconociendo su trabajo incansable para avanzar en esta lucha colectiva por la igualdad, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+ en la región. Es un honor compartir espacio con ustedes.
El derecho internacional de los derechos humanos se sustenta sobre la idea de que todas las personas deben estar protegidas contra la discriminación. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos“: esta es la base y el núcleo de nuestro mandato, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son para todos, todas y todes, sin excepción: lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras personas de género diverso tienen derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización.
Sin embargo, lamentablemente, seguimos enfrentando numerosos desafíos y seguimos documentando graves violaciones y abusos generalizados contra personas LGBTIQ+ en la región. Además, estas personas siguen enfrentando graves discriminaciones en el trabajo, en el hogar, en la educación, la salud, la vivienda y en el acceso a los servicios públicos, entre otros, incluyendo formas de discriminación múltiple en base a la interseccionalidad de múltiples factores como el sexo, la raza, la etnia, la edad, la pobreza o la diversidad funcional. Estas situaciones son alarmantes y deben tomarse medidas urgentes al respecto.
Informes recientes, como el del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género[1], y el de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos[2], destacan como las personas LGTBIQ+ y de género diverso han sido y son objeto específico de violencia y son atacadas de manera específica por su identidad de género u orientación sexual. La Relatora determina que “la orientación sexual y la identidad de género son multiplicadores del riesgo”, no solo por la recepción de violencias motivadas en el prejuicio, sino por las barreras adicionales para la presentación de denuncias que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+.
En este punto, es crucial recordar los Principios de Yogyakarta, un conjunto de principios que aplican los estándares de la legislación internacional sobre derechos humanos a los problemas que afectan a las personas LGBTIQ+. Además, también contamos con herramientas como el Protocolo de la Esperanza, que llama, por ejemplo, a la eliminación de sesgos, estereotipos y prejuicios por parte de personal público que puedan llevar a “culpar a las víctimas por lo sucedido, a minimizar o naturalizar las amenazas que sufrieron o, más ampliamente, a interferir en las investigaciones”.
A pesar de la existencia de fuertes preocupaciones sobre la violencia y la discriminación específica que sufren las personas LGBTIQ+, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya destacó en el 2022, las pocas pruebas y los escasos datos que existían sobre las necesidades de las personas, comunidades y poblaciones LGBTIQ+ y de género diverso, lo cual establece serias barreras para la planificación, la asignación de recursos y la recopilación de datos para el seguimiento y la evaluación de las afectaciones de las personas LGBTIQ+.
En nuestra campaña “Libres e Iguales”, la Oficina destaca que “los datos oficiales sobre la violencia homofóbica y transfóbica son irregulares y las estadísticas oficiales son escasas”, ya que “relativamente pocos países cuentan con sistemas adecuados para monitorear, registrar y denunciar delitos de odio homofóbicos y transfóbicos”. El problema es aún mayor, ya que incluso cuando existen tales sistemas, es posible que las víctimas no confíen lo suficiente en las instituciones “para denunciar el hecho”, y que éstas no estén lo suficientemente sensibilizadas “para reconocer y registrar adecuadamente el motivo”. No obstante, y a pesar de esta falta de datos estadísticos con enfoque diferencial, lo que concluye esta campaña es que “al reunir todas las estadísticas nacionales disponibles y complementarlas con informes de otras fuentes, surge un patrón claro: violencia generalizada y brutal, a menudo cometida con impunidad”.
En relación con esto, el Experto pide a los Estados, hacer todo lo posible para evaluar exhaustivamente la victimización de las personas LGBTIQ+ y de género diverso, tomando como primera medida, hacer mapeos, recopilar datos y publicarlos, asegurando que los procesos de recopilación de datos sean espacios seguros para esas personas. Además, destaca que las bases de datos oficiales sobre los conflictos deben desglosar los datos sobre la identidad de género y la orientación sexual, promoviendo una evaluación de las experiencias diferenciadas y evitando fundir en la sigla la experiencia general de todas las víctimas LGBTIQ+ y de género diverso de los conflictos.
Precisamente, esto hace parte de uno de los compromisos alcanzados en la Agenda 2030: el de realizar un desglose más sistemático de los datos estadísticos para contribuir a la consecución y la medida de los objetivos de la Agenda, junto con la premisa de “no dejar a nadie atrás”.
La falta de esta información es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos y alcanzar este objetivo requiere de datos sólidos y de información basadas en la evidencia para poder influenciar en políticas públicas y marcos políticos y legales. Un enfoque estadístico basado en derechos humanos mejora la calidad, la pertinencia y el uso de datos y estadísticos con arreglo a normas y principios internacionales de derechos humanos.
Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacan 6 principios/recomendaciones para la construcción de datos con enfoque de derechos humanos: participación, desglose de datos, autoidentificación, transparencia, privacidad y rendición de cuentas. Les enviamos el link al documento por el chat de este encuentro, para que lo puedan revisar de manera más detallada, aunque de manera resumida los principios consisten en:
- Primero, asegurar la participación activa de los grupos interesados en las tareas de compilación estadística, incluidos el planeamiento, diseño, recolección, difusión e interpretación de datos. La participación es fundamental para que se mantenga la confianza en los datos y las estadísticas. Para ello, se debería no solo generar diálogo y proveer de actividades de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables que han sufrido tradicionalmente estigma social y estereotipos negativos; sino también asegurar el retorno de la información que sea significativa para esta población para alentar futuros aportes.
- Desglose de datos: esto permite la comparación de los distintos grupos de población entre sí y comprender las situaciones concretas de cada grupo específico, obteniendo información acerca del grado de desigualdad y discriminación que pueda existir. Destacamos la importancia de: i) desarrollar y adoptar estándares y metodologías comunes para la recolección de datos, permitiendo comparaciones y seguimientos regionales efectivos; ii) construir formatos que permitan identificar y analizar las múltiples formas interrelacionadas de disparidad y discriminación, considerando las múltiples interseccionalidades que pueden darse en una misma persona; y iii) impulsar esfuerzos específicos por contar con datos desglosados que incluyan a sectores tradicionalmente excluidos, que se quedan fuera de encuestas de hogares tradicionales –como las personas sin hogar o las recluidas en instituciones- y de los registros administrativos.
- El tercer principio es la autoidentificación: los grupos de población de interés deben poder autodefinirse sin tener repercusiones negativas. Las actividades de recopilación de datos deben realizarse teniendo en cuenta el principio de derechos humanos de “no causar daño”, con respeto y protegiendo la identidad personal de las personas implicadas. La información relativa a las características personales se debe utilizar únicamente en beneficio de los grupos destinatarios y de la sociedad en su conjunto. Asimismo, las actividades de recopilación de datos no deben generar discriminación, prejuicios ni estereotipos, ni tampoco reforzar los que ya existan.
- Transparencia: la información proporcionada debe ser clara y de fácil acceso. Las estadísticas oficiales deben ser públicas y accesibles a la población.
- Privacidad: toda la información revelada a las personas encargadas debe ser protegida y se debe garantizar su privacidad, manteniendo el carácter confidencial de la información personal.
- Rendición de cuentas: las personas encargadas de la recopilación de datos tienen la obligación de defender los derechos humanos durante todo el proceso. Asimismo, estas estadísticas pueden cumplir un papel fundamental en su utilización para exigir a los Estados y otros agentes que rindan cuentas en materia de derechos humanos. En este sentido, el ACNUDH recomendó un marco de indicadores estructurales de proceso y resultado, susceptibles de evaluar el grado de compromiso con la normativa de derechos humanos y los progresos realizados en su consecución.
Para todo ello, es muy importante la capacitación y sensibilización de aquellas personas involucradas en la recolección de datos en temas de diversidad sexual y de género, de tal manera que se minimice el sesgo y se asegure la recolección de datos de manera respetuosa y sin discriminación. Asimismo, la articulación entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y agencias internacionales es fundamental para amplificar nuestros esfuerzos y recursos.
Los datos permiten visibilizar las desigualdades, identificar patrones de violencia y prácticas que obstaculizan el acceso a servicios, como justicia, educación y/o salud, así como demandar cambios concretos. Reconocemos los desafíos inherentes en la construcción de una agenda de datos LGBTIQ+. Estos incluyen la estigmatización, el miedo a la discriminación y la falta de preguntas inclusivas en las investigaciones, en encuestas e incluso en los censos nacionales. Son necesarias estrategias de recolección de datos que respeten y reflejen la diversidad de las personas LGBTIQ+. En definitiva, la construcción de una agenda de datos LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe es una tarea compleja pero muy necesaria. Los datos nos equipan con la evidencia necesaria para desafiar estructuras de poder y reclamar cambios concretos en defensa de los derechos humanos. Sigamos adelante con determinación y compromiso, para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa para todas, todos y todes independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género.
Gracias por su atención y por su compromiso con esta causa tan importante. ¡Muchas gracias!
[1] Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, “Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, 27 de julio de 2022, UN Doc. A/77/235.
[2] Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, “Caminos hacia la paz: las defensoras de los derechos humanos en situaciones de conflicto, posconflicto y crisis”, 7 de julio de 2023, UN Doc. A/78/131, párr. 65.
