Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en la instalación de la Mesa Humanitaria de Antioquia
A cargo de la Representante Adjunta, Montserrat Solano Carboni
Medellín septiembre 9 de 2022
Extiendo el saludo afectuoso de nuestra representante en Colombia Juliette De Rivero a este lanzamiento de la Mesa de humanitaria de Antioquia y reforzar su mensaje de la importancia clave que tiene este espacio no solo para los antioqueños sino para el país, y de escuchar las demandas de las comunidades sobre acuerdos humanitarios, y acciones urgentes para el respeto de la vida, la dignidad en los territorios.
Como dijo el Padre de Roux, desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad “si Antioquia avanza en hacer la paz, toda Colombia puede lograr la paz.” Esta frase que parece simple muestra la complejidad y el impacto del conflicto en este departamento. Un territorio en donde los grupos armados y las dinámicas de violencia han marcado la historia de las personas en el departamento y, en todo el país.
Antioquia para bien y para mal, ha sido un territorio clave debido a sus riquezas naturales, a sus corredores estratégicos y a los intereses en torno a su economía pujante. Pero es una región que ha visto todas las expresiones del conflicto y de la actual violencia armada que vive el país. Quizá lo más triste y admirable, es que su gente ha sabido sobrevivir de manera resiliente durante décadas de vulneración y reconstruirse una y otra y otra vez. Pero no podemos seguirles pidiendo resiliencia, lo que debemos pedir es que acabe la violencia.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que viene acompañando con su trabajo a la sociedad antioqueña desde el 2002, ha sido testigo de las complejidades y los desafíos de las comunidades para asegurar las garantías de los derechos humanos.
Ha visto y dado seguimiento a graves violaciones a los derechos humanos in situ: desplazamientos internos, confinamiento, minas antipersonales, reclutamiento y uso de NNAJ, persecución a defensores y defensoras, amenazas a líderes y a comunidades, así como restricciones de todo tipo. En su momento dio seguimiento a temas de los denominados “falsos positivos” y de la desaparición forzada perpetrados por distintos grupos armados.
Por eso rescatamos el valor supremo de esta mesa. Reconocemos y alentamos un espacio departamental humanitario, amplio, diverso, incluyente, que agrupe y de fuerza a las comunidades y organizaciones sociales para poder trabajar de manera conjunta y solidaria con la institucionalidad, que ponga el foco en las necesidades urgentes de los territorios para crear condiciones que respeten la vida, que garanticen la integridad y que, al final del día, salve vidas.
Hoy Antioquia vive un momento álgido con dinámicas de violencia elevadas y preocupantes, estamos dando seguimiento al repunte de la violencia en el Bajo Cauca y especialmente al Bagre y Caucasia; a las vulneraciones que sufre la gente en el Nordeste en Remedios y Segovia; a las afectaciones a las comunidades en Briceño, Valdivia e Ituango en el Norte; a las restricciones para la gente en Urabá y a los padecimiento de la ciudadanía en Occidente entre otras dinámicas que seguimos con detenimiento en Sur oriente o en el Oriente.
Sabemos y hemos conversado con los corregimientos indígenas, con los consejos comunitarios afrodescendientes, con las organizaciones campesinas, con las Juntas de Acción Comunal, con las comunidades mineras, con las organizaciones de mujeres, de población LGTBIQ+, de jóvenes, de víctimas, con maestros y el personal de salud del territorio y entendemos la importancia de esta iniciativa que hoy ve la luz.
En estos tiempos en que los vientos hablan de diálogos territoriales y de paz total, este tipo de espacio puede y debe ser una gran herramienta para aunar demandas, inquietudes y sumar esfuerzos y voces que faciliten crear las condiciones para que el territorio cuente con mínimos humanitarios que protejan la vida y garanticen la integridad de todas y todos.
Reiteramos el apoyo de la oficina y la disposición de acompañar y apoyar, dentro de lo que nos permite nuestro mandato y funciones en el país, los espacios de diálogo, de defensa de los derechos humanos y de las garantías para defensores y en general para asegurar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
