Buenas tardes, mi nombre es José Luis Plaza López, soy el coordinador del equipo de género y niñez, en la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su representante, Juliette de Rivero, les envía un sororo saludo y lamenta no poder asistir a este evento, por motivos de agenda. Me ha pedido que comparta estas palabras en su nombre.
Un saludo especial a la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, nuestro agradecimiento por facilitar un encuentro entre mujeres campesinas y rurales que les permita seguir reflexionando en el papel que desempeñan en la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos.
Un saludo sororo a las mujeres campesinas y rurales, a sus familiares y sus organizaciones. Reconocemos y exaltamos la dignidad, la valentía y la fortaleza que han tenido en la defensa de sus derechos.
Saludo a mis colegas de la comunidad internacional aquí presentes.
Sea esta la oportunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, “una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.[1]
Para continuar con este trabajo incansable, desde la Oficina queremos hablarles de algunos instrumentos que facilitan la defensa, promoción y protección de los derechos de las mujeres campesinas y rurales. Seguramente ya los conocen, pero es importante recordar que están allí, disponibles para orientar el trabajo que hacen cotidianamente, para recordarle al Estado qué recomendaciones se han hecho y a la sociedad en general el valioso papel que tienen en la construcción de la paz y la garantía de los derechos de todas, todos y todes.
El primer instrumento que quiero referir es la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, conocida como CEDAW. Fue aprobada en 1979 y ratificada en Colombia en 1981.
La Convención, entre otras cosas refiere que “Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales”, de igual manera señala que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
- a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
- b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive en materia de planificación de la familia;
- c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
- d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, a fin de aumentar su capacidad técnica;
- e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
- g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconoce los derechos de las mujeres campesinas y aborda las formas específicas de discriminación que enfrentan en el ámbito rural; reconoce el derecho de las mujeres campesinas a poseer, heredar y controlar la tierra, garantizando su seguridad económica y contribuyendo a la seguridad alimentaria de sus comunidades, promueve la participación activa de las mujeres campesinas en la toma de decisiones a nivel local y nacional, asegurando su representación en las instituciones políticas y fomentando su liderazgo en las comunidades rurales.
Finalmente, la CEDAW, condena todas las formas de violencia contra las mujeres campesinas, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual y el acoso en el lugar de trabajo agrícola, y exige medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia.
En resumen, la CEDAW busca eliminar la discriminación y promover la igualdad de género en el ámbito rural, reconociendo y garantizando los derechos específicos de las mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales.
Sin embargo, sigue siendo un reto alcanzar la equidad para las mujeres en muchos de estos aspectos. Por ejemplo, de acuerdo con el DANE, el porcentaje de mujeres beneficiarias en regulación de tierras ha sido particularmente en Norte de Santander (33,4%), Casanare (35,6%) y la zona rural de Bogotá (36%) del total de procesos alcanzados. De igual manera, es preocupante el bajo porcentaje de ocupación laboral de las mujeres en Norte de Santander. Hasta 2021 el DANE reportó que solo el 37% de mujeres estaban vinculadas formalmente a una actividad productiva.[2]
Por ello, la CEDAW presentó, en 2016, la Recomendación General 34 en la que resalta la contribución significativa de las mujeres campesinas a la agricultura y la seguridad alimentaria, así como sus derechos específicos en el ámbito rural.
Entre los aspectos que realza la Recomendación en relación con los derechos de las mujeres rurales se encuentra el acceso a la tierra y recursos naturales, destacando la importancia del acceso equitativo de las mujeres campesinas a la tierra y otros recursos naturales, reconociendo que la tenencia segura de la tierra es fundamental para su empoderamiento económico y su participación en la toma de decisiones.
Así mismo subraya la necesidad de garantizar la participación activa y el liderazgo de las mujeres campesinas en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional, así como su representación en las instituciones políticas y organizaciones agrícolas.
Recuerda, también, la importancia de proteger los derechos laborales de las mujeres campesinas, incluido el acceso a un trabajo digno, salarios justos, condiciones de trabajo seguras y protección contra la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo agrícola.
La Recomendación General 34 hace hincapié en la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres campesinas a servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento, así como a servicios de cuidado infantil y apoyo social para facilitar su participación en la agricultura y el desarrollo rural.
Otro aspecto fundamental de este instrumento es el reconocimiento y el llamado al Estado a garantizar la participación de las mujeres rurales como responsables de tomar decisiones en las actividades y los procesos de consolidación de la paz.
Por su parte, La Declaración de Derechos Campesinos, emitida en 2013, reconoce y aborda, entre otros aspectos, las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las mujeres campesinas en el ámbito rural.
La declaración reconoce a las mujeres campesinas como actores clave en la agricultura y la producción de alimentos, garantizando su plena participación en la toma de decisiones y el acceso a recursos. De igual manera, recuerda que debe garantizarse la igualdad de género en el acceso, tenencia y control de la tierra y otros recursos naturales, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la gestión sostenible de la tierra y la conservación del medio ambiente.
En relación con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, recuerda el deber del Estado en garantizar el respeto y la protección de los derechos reproductivos y de género de las mujeres campesinas, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como la prevención y protección contra la violencia de género.
Finalmente, esta declaración recuerda el derecho de las mujeres campesinas a participar en la “adopción de decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que afecte a sus tierras y sus territorios”. 
Sin embargo, los rezagos continúan. De acuerdo con el DANE “para 2021, el 63,7% de los predios de único propietario tienen a un hombre como titular, y el restante 36,3% tiene a una mujer como titular.” [3]
Según cifras del DANE, La población del Catatumbo es más pobre que el resto del país. En sus zonas rurales, la pobreza extrema alcanza el 58.9 por ciento. Mientras que en Colombia el porcentaje de población considerada pobre por ingresos llegó a 27,8 % en 2015, en Norte de Santander alcanzó al 40 %, lo que representa 12,2 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Un 11% del total de la población del departamento vive en pobreza extrema. En todos los casos, los hogares que tienen como jefa de hogar a una mujer era mayor que en el de los hombres.[4] La situación se complejiza con la presencia de grupos armados ilegales.
Si bien a través de diferentes programas se adelantan iniciativas asociadas con la gestión del desarrollo económico, social y ambiental, aún hay un vacío en cuanto a propuestas claras y efectivas que impacten directamente a las mujeres y promuevan asuntos relacionados con la equidad de género. Temas como la autonomía económica de las mujeres y la generación de espacios de empoderamiento son conceptos que, aunque están en la agenda nacional, aún requieren de un desarrollo mayor en el territorio del Catatumbo.
No obstante, el avance en la formulación de una política pública y en los indicadores de desarrollo, todavía siguen existiendo en el país desafíos para el goce efectivo de derechos, la superación de las brechas de género y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, escenario que resulta más crítico en el caso de las mujeres rurales. Fortalecer la capacidad de las mujeres en el Catatumbo para la generación de ingresos que garanticen su autonomía económica debe ser un objetivo central en la lucha contra las desigualdades y la violencia basada en género, de ahí que la adecuada incorporación del enfoque de género en los proyectos productivos constituya una estrategia central para avanzar hacia el goce efectivo de derechos.
Para superar estas brechas, se requieren de políticas y programas específicos que reconozcan y aborden las necesidades y desafíos particulares de las mujeres rurales, incluidas iniciativas que promuevan su acceso a recursos económicos, educación, servicios de salud, tierra y tecnología agrícola. Además, es fundamental promover un enfoque inclusivo y sensible al género en todas las intervenciones destinadas al desarrollo rural, de manera que se reconozca y se aborde la diversidad de roles y experiencias de las mujeres campesinas.
Impulsar y valorar los saberes, usos y costumbres ancestrales que las mujeres del Catatumbo están recuperando en sus prácticas diarias, revitaliza y preserva la identidad campesina, la medicina tradicional y la economía solidaria, estas son estrategias efectivas para fortalecer la independencia económica y la autonomía de las mujeres, reconociendo la riqueza cultural y el conocimiento transmitido de generación en generación, dando el valor que corresponde a las prácticas ancestrales como una forma de empoderar a las mujeres rurales y fortalecer su capacidad económica.
Con esto en mente, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas busca aportar un instrumento más que facilite la superación de las condiciones de desigualdad e inequidad persistentes, particularmente contra las mujeres, promoviendo no solo la protección de sus derechos sino impulsado su participación en la construcción de la paz. Sí, en los espacios de negociación del Estado con los actores en conflicto, pero también y sobre todo, participar en la construcción de paz territorial más allá de esos conflictos. De que les sean garantizadas las posibilidades de construir la sociedad que buscan desde su casa, hasta en la formulación de políticas y en la toma de decisiones.
La Resolución 1325 es un instrumento internacional que resulta del trabajo conjunto de muchas mujeres y de múltiples organizaciones de mujeres, que durante muchos años han trabajado para que los temas de mujeres, paz y seguridad estuvieran en la agenda internacional.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución en el año 2000. Este instrumento insta a los Estados miembros a garantizar los derechos de las mujeres durante los conflictos armados y a velar por aumentar su representación en todos los niveles de adopción de decisiones para la prevención, gestión y solución de conflictos.
Es importante porque reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado que la guerra y el conflicto armado tienen en la vida de las mujeres y las niñas por su condición de género.
Reconoce el enfoque de género y la participación de las mujeres como una cuestión fundamental para la terminación y prevención de los conflictos, y para el logro y el mantenimiento de la paz. Esto como un punto de partida que incorpore diversas reflexiones sobre los factores y situaciones de inseguridad específicas para las mujeres y las prácticas de construcción de paz que vienen desarrollando.
Insta a reconocer y resolver las vulneraciones de derechos específicos de las mujeres y las niñas en el período de recuperación y consolidación de la paz.
La resolución 1325 cuenta con 5 pilares
- Participación:
Involucra a las mujeres campesinas en la toma de decisiones a todos los niveles para el diseño e implementación de políticas públicas de construcción de paz territorial. Anima a su participación en los diálogos y en la resolución de conflictos locales y en la participación en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
- Protección:
Llama al Estado a prevenir y responder a la violencia contra las mujeres campesinas, a implementar medidas para prevenir la violencia sexual y de género en zonas rurales, a brindar acceso a la justicia y reparación a las víctimas y a capacitar a las fuerzas de seguridad en perspectiva de género.
- Prevención:
Promueve la participación de las mujeres campesinas en la prevención de conflictos, sugiere entre otras, la implementación de programas de educación para la paz y resolución de conflictos, diálogo intercultural y construcción de confianza y las iniciativas de alerta temprana y respuesta a crisis.
- Socorro y recuperación:
Llama al Estado a garantizar el acceso de las mujeres campesinas a la asistencia humanitaria, a distribuir de manera equitativa los alimentos, agua y refugio; a brindar atención médica y psicosocial especializada y a implementar programas de reintegración y recuperación económica.
- Reconstrucción:
Para la reconstrucción social, la construcción de paz territorial y la garantía de los derechos, la Resolución pide incluir a las mujeres campesinas en el diseño de estrategias de desarrollo económico y social, de reparación del daño ambiental y social y en el fortalecimiento de las instituciones locales.
En este momento existen varios escenarios en los que las mujeres campesinas, teniendo como respaldo estos instrumentos presentados, pueden intervenir para ejercer sus derechos y aportar en el diseño de políticas que cierren las brechas que padecen:
Incidencia para inclusión del enfoque de género al Plan Departamental de Desarrollo
Colombia se comprometió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, 17 objetivos destinados a abordar los desafíos globales en el mundo para el año 2030. La alineación de los planes departamentales y municipales con los ODS es fundamental para asegurar que las políticas y estrategias adoptadas a nivel nacional y territorial estén en sintonía con los objetivos globales establecidos por la comunidad internacional.
Dentro de estos 17 objetivos, queremos destacar el Numero 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
El PND 2022-2026 plantea el enfoque de género de manera transversal e incluye un capítulo denominado “cambio con las mujeres” definiendo seis sectores claves:
- Acceso a tierras para mujeres
- Empleabilidad de mujeres
- Vida libre de violencias
- Paz y participación
- Derechos sexuales y reproductivos
- Transformación cultural
A su vez, la ley 2294 de 2023, que se ocupa del Plan Nacional de Desarrollo (PND), introduce referentes a la población LGBTIQ+ y protección especial a la mujer, entre otros, enfatizando las expresiones culturales como mecanismo de protección y estímulo a la diversidad.
Incorporación del enfoque de género a planes locales de desarrollo
La alineación de los planes de desarrollo municipales con el plan de desarrollo nacional en Colombia busca optimizar los esfuerzos para lograr un desarrollo integral y coordinado en todo el país, asegurando que las políticas y acciones a nivel local estén alineadas con las metas y objetivos nacionales.
En este sentido, la inclusión de la perspectiva de género en los planes de desarrollo de las alcaldías es fundamental para promover la igualdad de género y abordar las necesidades específicas de mujeres, hombres y sectores LGBTIQ+ en la comunidad, facilitando un escenario en el que las mujeres estén en el centro de la transformación productiva, potenciando su autonomía económica y liderazgo.
Algunas recomendaciones para incorporar la perspectiva de género para mujeres de manera efectiva en los PDT son:
- Análisis de Género en Diagnósticos y Estudios Previos;
- Participación Activa de Mujeres en la Planificación;
- Objetivos y Metas Específicas relacionadas con la igualdad de género en áreas clave del plan de desarrollo, asegurando que aborden las desigualdades y promuevan el empoderamiento de las mujeres;
- Presupuesto Sensible al Género asignando recursos de manera equitativa y asegurando que las políticas y programas beneficien a mujeres y hombres por igual;
- Indicadores de Género que permitan medir el progreso hacia la igualdad en diversas áreas;
- Formación en Género para Funcionarios/as Públicos encargados de la implementación y supervisión de políticas;
- Prevención y Atención de la Violencia de Género, incluyendo el fortalecimiento de servicios de atención a víctimas y la promoción de campañas de concienciación;
- Empoderamiento de los liderazgos femeninos en el marco de las Juntas de Acción Comunal en su rol importante de organización cívica, social y comunitaria de gestión social para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.
Por todo lo anterior, ONU DDHH saluda la realización de estos espacios que amplían el espacio democrático de las mujeres campesinas, e invita a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a la cooperación internacional, a las entidades nacionales y regionales y a las mujeres campesinas a que fortalezcan los escenarios de participación e incidencia a nivel departamental y municipal, para la construcción, consolidación, puesta en marcha y seguimiento de la construcción de paz territorial.
Finalizo ratificando nuestra disponibilidad para continuar brindando asistencia técnica a las autoridades del Estado en su conjunto para la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente el de la participación en los escenarios de toma de decisiones en el municipio y el departamento en favor de la plena garantía de sus Derechos Humanos en el territorio y nuestra voluntad de continuar acompañando los esfuerzos de las mujeres campesinas y de las organizaciones de la sociedad civil.
Muchas gracias.
[1] Historia del Día de la Mujer, en Naciones Unidas https://www.un.org/es/observances/womens-day/background#:~:text=La%20expansi%C3%B3n%20del%20D%C3%ADa%20Internacional&text=Finalmente%2C%20en%201975%2C%20coincidiendo%20con,vez%2C%20el%208%20de%20marzo.
[2] Microsoft Word – Boletín Departamentos 2021_SV_.doc (dane.gov.co)
[3] DANE. Situación de las Mujeres Rurales en Colombia. Segunda Edición Pág. 52 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/oct-estadisticas-mujer-rural.pdf
[4] “Para 2021, en las zonas rurales el 33,7% de la población que habita en hogares con jefatura femenina se encontraba en situación de pobreza multidimensional, siendo 3,8 p.p. superior al porcentaje evidenciado entre la población que reside en hogares rurales con jefatura masculina” Ibid. Pág. 28
