Tumaco, 17 de septiembre de 2022
Muchas Gracias señor, Ministro
Autoridades Nacionales, departamentales y municpales. Alcaldías, entidades, organizaciones y/o representantes de la sociedad que se encuentran presentes en el PMUV.
Les transmito un saludo de la oficina y de parte de nuestra representante, en especial a los líderes y lideresas, personas defensoras de derechos humanos y personas firmantes de los acuerdos de paz. Quisiera reconocer la voluntad de la Gobernación, Alcaldías, entidades, organizaciones y/o representantes de la sociedad que se encuentran presentes en el PMUV.
Asimismo, quisiera reconocer la importancia del “Plan de Emergencia para la Protección a Personas Líderes Sociales, Defensoras de Derechos Humanos y Firmantes de Paz”, y la adopción por parte del Gobierno de un plan que tiene origen en sociedad civil. Los PMUV, incluido este, son una medida transitoria incluida en el Plan, que busca identificar las situaciones de riesgo para líderes, lideresas, personas defensoras y firmantes del acuerdo, para tomar medidas preventivas y de protección, a través de la activación de rutas, de la coordinación interinstitucional y de la activación de casos ante la Fiscalía. Nuestra oficina ha brindado asesoría técnica al desarrollo del Plan de Emergencia, y ha adoptado como una de sus prioridades la instalación y puesta en marcha de los PMUV y la participación en este espacio.
En ese sentido, reiteramos que es esencial facilitar y asegurar una participación activa, efectiva de autoridades étnico-territoriales, líderes y comunidades, que reconocemos, como conocedoras del territorio, y de sus propios riesgos, tienen recomendaciones, demandas y propuestas importantes que merecen ser escuchadas, para que la acción del Estado sea efectiva.
La Oficina tiene una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos en el departamento de Nariño, donde desde la Cordillera hasta la costa, se sufren situaciones gravísimas, desde masacres, confinamientos, desplazamientos, y en especial el asesinato de personas que ejercen liderazgo o ejercen su derecho a defender derechos. Hasta el 16 de septiembre, habíamos recibido información sobre el asesinato de 15 defensores y defensoras en el departamento, de las cuales hemos verificado 7.
Reiteramos que es fundamental abrir un espacio seguro para la participación de las personas y comunidades afectadas para poder considerar cada uno de estos casos, y considerar la viabilidad de las propuestas para su protección, incluidas las de autoprotección y protección colectiva.
Respondiendo a la naturaleza operativa de este espacio, quisiéramos centrarnos en tres situaciones de urgencia.
En primer lugar, quisiéramos recordar la situación de los pueblos indígenas y consejos comunitarios, en general. En particular, la situación del pueblo Awá ha producido una profunda consternación para las comunidades indígenas, el departamento, el país, y también la comunidad internacional. A pesar de las medidas previstas para su protección, el Pueblo Awá ha sido víctima de masacres, desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad y homicidios de autoridades Awá en 2022. El pueblo Awá es un pueblo en riesgo de extinción física y cultural, y es fundamental proteger a sus pueblos y en especial a sus autoridades étnicas. Para ello, es fundamental reactivar la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá para implementar las medidas concertadas en el marco de los Autos de la Corte Constitucional y los Autos de seguimiento, priorizando la implementación de los planes de salvaguarda, medidas de protección y consulta previa. Asimismo, es clave que la Defensoría del Pueblo pueda acompañar y fortalecer los procesos de gobierno propio y autonomía, de los distintos grupos étnicos en el departamento de Nariño. Respecto a las medidas de protección, sugerimos que tanto las medidas de protección cautelares emitidas por los Jueces de Restitución de Tierras, como los esquemas de protección individual y colectiva de la UNP puedan implementarse de manera adecuada en temporalidad, contexto y necesidades, con enfoque diferencial.
En segundo lugar, queremos resaltar las dificultades que las personas defensoras de derechos humanos tienen para ejercer su labor de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el control social y territorial en la Cordillera nariñense por Grupos Armados No Estatales incrementa los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos, quienes son instrumentalizadas por el actor armado, señaladas de ser cómplices de otro grupo o estigmatizadas por la institucionalidad. Esta situación se presenta en otras subregiones, como Frontera, Telembí o Costa Pacífica. Por ello, es esencial que se utilicen los espacios de prevención, protección e investigación previstos en las Mesas Territoriales de Garantías. La Mesa Territorial de Garantías para Nariño debe activarse, y para ello señor Ministro, es clave que usted encabece su instalación, pues esto es lo que han solicitado sociedad civil y la Gobernación. Igualmente, la Mesa de Costa Pacífica debe reactivarse. Para ambos espacios debe garantizarse la participación efectiva de las instituciones competentes, las autoridades étnico-territoriales y organizaciones defensoras de derechos humanos. El rol de la Defensoría del Pueblo como Secretaría Técnica es esencial y debe reforzarse. Saludamos los esfuerzos que viene adelantando la Defensoría del Pueblo para la emisión de nuevas Alertas Tempranas para el departamento, sin embargo, subrayamos la urgencia de su emisión. También, recomendamos que la CERREM pueda sesionar en distintas subregiones de Nariño.
Por último, la situación de las autoridades afrodescendientes de la Costa Pacífica y Telembí es crítica, a pesar de que no está tan visibilizada como otras en el departamento. Ante la disputa por el control del territorio por los grupos armados al margen de la ley, las autoridades afrodescendientes han recibido numerosas amenazas y algunas han debido desplazarse ante la presión de los grupos, el señalamiento y la estigmatización, mientras que otras han sido asesinadas, lo que ha debilitado los procesos organizativos y de defensa de los derechos humanos en estos territorios colectivos. En ese sentido, se hace necesario que se reactive la Mesa de Concertación para la población afrodescendiente nariñense. También, la intervención temprana, la prevención y la protección individual y colectiva con enfoque diferencial son clave. Recomendamos que se incremente la implementación de medidas de protección colectivas e individuales por la UNP y de las medidas cautelares emitidas por los Jueces de Restitución de tierras. Recordamos que las medidas de protección deben ser apropiadas en temporalidad y adecuadas al contexto donde las autoridades afrodescendientes ejercen su labor de defensa de derechos humanos.
Ante estos casos y los casos que hemos escuchado hoy, es necesario definir medidas concretas que reduzcan el riesgo, y dar un seguimiento con acciones integrales, coordinadas y concertadas con las comunidades. La idea del seguimiento ha de ser la efectividad de las medidas y la toma de decisiones, para evitar, como sucede en otros espacios, que las autoridades vengan solo a hacer un recuento de acciones emprendidas. En ese sentido, su liderazgo, señor ministro, para que este sea un espacio de toma de decisiones y de evaluación de la efectividad es fundamental.
Finalmente, señor ministro, quisiera reconocer la declaración que ha hecho el Estado de reconocimiento de la labor de líderes sociales. Desde la oficina lo hemos resaltado en redes sociales, y consideramos que es fundamental difundirla ampliamente. De la misma manera, es fundamental que a todo nivel del Estado, se haga un llamado a la no estigmatización de líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos, y de autoridades étnico territoriales, incluidas las guardias indígenas.
Desde la oficina reiteramos, una vez más, nuestra disposición, tanto a nivel territorial como nacional para acompañar este espacio, para hacer recomendaciones a las instituciones para su efectividad, y también para trabajar con las comunidades, líderes y lideresas en el territorio.
