Organos de las Naciones Unidas
Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias al 56 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Comunicaciones enviadas al Gobierno de Colombia y respuestas recibidas
E/CN.4/2000/3/Add.1

Distr. GENERAL E/CN.4/2000/3/Add.1 2 de febrero de 2000 ESPAÑOL Original: FRANCÉS/INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
56º período de sesiones
Tema 11 b) del programa provisional

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DESAPARICIONES Y LAS EJECUCIONES SUMARIAS
Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jahanhir, presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión

Adición

Resumen de los casos transmitidos a los Gobiernos y de las respuestas recibidas

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1 - 2

RESUMEN DE LOS CASOS TRANSMITIDOS Y DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS 3 - 501

A. PAÍSES 3 - 497

Afganistán 3 - 7

Albania 8 - 10

Argelia 11 - 22

Angola 23 - 33

Argentina 34 - 37

Austria 38 - 39

Azerbaiyán 40 - 41

Bahamas 42 - 45

Bangladesh 46 - 47

Bolivia 48 - 50 11

Bosnia y Herzegovina 51 - 53

Botswana 54 - 57

Brasil 58 - 70

Bulgaria 71 - 76

Burkina Faso 77 - 78

Burundi 79 - 86

Camerún 87 - 94

Chile 95 - 106

China 107 - 121

Colombia 122 - 162

Cuba 163

República Democrática del Congo 164 - 193

República Dominicana 194 - 195

Ecuador 196 - 199

El Salvador 200 - 201

Alemania 202 - 204

Guatemala 205 - 211

Guinea-Bissau 212 - 213

Haití 214 - 217

Honduras 218 - 224

India 225 - 241

Indonesia 242 - 275

 

(…)

INTRODUCCIÓN

1. En la presente adición al informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se describen las situaciones imperantes en 69 países y se hace una reseña de las actividades llevadas a cabo por la Relatora Especial entre el 3 de noviembre de 1998 y el 13 de diciembre de 1999. La presente adición contiene también en resumen las respuestas recibidas de los Gobiernos a sus comunicaciones y las observaciones pertinentes de la Relatora Especial.

2. Debido a las limitaciones impuestas a la extensión de los documentos, la Relatora Especial se ha visto obligada a reducir considerablemente los detalles de las comunicaciones enviadas y recibidas. En consecuencia, no fue posible atender las peticiones de los Gobiernos de que sus respuestas se publicaran íntegramente. Por la misma razón, las respuestas de distintas fuentes a los pedidos de la Relatora Especial, si bien de gran importancia para su labor, solamente se mencionan brevemente en el informe.

(…)

Colombia

122. Durante el período que se examina, la Relatora Especial ha seguido recibiendo un gran número de denuncias de violaciones del derecho a la vida en Colombia. Si bien la mayoría de las comunicaciones se refieren a actos extremadamente violentos cometidos por grupos paramilitares, las alegaciones recibidas también incluyen actos cometidos contra el derecho a la vida atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado.

123. La Relatora Especial agradece al Gobierno de Colombia su cooperación y rapidez a la hora de responder a las comunicaciones. Sin embargo, lamenta que la situación en Colombia no haya cambiado sustancialmente desde el anterior informe. Durante el período que se examina, se han hecho más evidentes y sistemáticas las amenazas a defensores de los derechos humanos, en concreto a dirigentes sindicales y estudiantiles.

Llamamientos urgentes

124. Durante el período en examen, la Relatora Especial envió varios llamamientos urgentes al Gobierno de Colombia. Algunos hacen referencia tanto a personas que perdieron la vida como a situaciones en las que la Relatora Especial pedía al Gobierno que tomase medidas para evitar futuras violaciones contra el derecho a la vida.

a)

Acciones de grupos paramilitares

125. Activistas de los derechos humanos. El 28 de enero, la Relatora Especial hizo un llamamiento urgente al Gobierno en relación con Carlos Ulloa y Stella Guerra, dos activistas de los derechos humanos que colaboraban con la Comisión de Justicia y Paz de Trujillo y que, al parecer, habían sido amenazados de muerte por una persona relacionada con los grupos paramilitares de la zona. El 29 de enero, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno con referencia a un ataque de un grupo de civiles armados contra el Instituto Popular de Capacitación, una organización no gubernamental de derechos humanos. Según se ha informado, el 31 de enero los integrantes de un grupo paramilitar asesinaron a Everardo de Jesús Puerta y a Julio Ernesto Gonzáles, miembros del Comité de solidaridad con los prisioneros políticos. La Relatora Especial envió un llamamiento urgente para pedir al Gobierno que brindara protección a los demás miembros del Comité. La Relatora Especial expresó su preocupación por la seguridad de los dirigentes comunitarios secuestrados el 10 de abril, al parecer por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en las Comunidades Peace de Villahermosa y Clavellino, departamento de Chocó, y de San José de Apartado, en Antioquia. Los informes señalan que el grupo paramilitar había iniciado una campaña contra las Comunidades Peace y los activistas de derechos humanos que colaboraban con ellas. El 11 de octubre, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia en relación con las amenazas de muerte recibidas por los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Barrancabermeja.

126. Dirigentes y profesores universitarios. El 5 de marzo, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno, después de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de Luis Peroza y Numael Vercel, dos profesores de San Diego, Cesar. La Relatora Especial instó al Gobierno a que tomara las medidas pertinentes para impedir los ataques sistemáticos contra los profesores en la región. El 30 de agosto, el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia envió varias cartas a organizaciones estudiantiles en las que se proferían amenazas contra Rubén Tobon, Javier Cañaveras, René Jaramilllo, Jairo Torres y Manuel Cardona. La Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno recordándole que un mes antes había sido asesinado Gustavo Alonso Marulanda, a quien el mismo grupo paramilitar había amenazado en parecidos términos.

127. Dirigentes sindicales. El 24 de febrero, la Relatora Especial señaló a la atención del Gobierno las amenazas de muerte presuntamente recibidas por Emilio Calvo, dirigente del sindicato SINTRAMUNICIPIO, de Cartago. La Relatora Especial recordó al Gobierno que una semana antes Gilverto Tovar Escudero, también dirigente de SINTRAMUNICIPIO, había sido asesinado al parecer por los integrantes de un grupo paramilitar. El 5 de marzo y el 15 de julio la Relatora Especial envió llamamientos urgentes en relación con la seguridad de los afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias (FENACOA), tras haber tenido conocimiento del asesinato de su Presidente, Julio Poveda. El 15 de julio, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente en el que expresaba su preocupación por la seguridad del Director de FENACOA, Efrain Pardo Moreno, así como por la de la esposa y las hijas del anterior Presidente de FENACOA, que fue asesinado después de haber recibido, según parece, amenazas de muerte. El 27 de abril la Relatora Especial señaló con urgencia a la atención del Gobierno las amenazas de muerte recibidas por Jairo Cordona, ex Presidente del sindicato SINTRAMUNICIPIO, de Cartago, quien había publicado una lista de personas presuntamente vinculadas con los grupos paramilitares. En dicha lista figuraban miembros de presuntos responsables del asesinato de sindicalistas de la región. La Relatora Especial envió otro llamamiento urgente al ser informada de un ataque contra Jesús González Luna, Director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El 26 de agosto, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente en nombre de varios sindicatos y organizaciones estudiantiles de la Universidad del Atlántico y la Universidad de Antioquia, que habían recibido amenazas por carta, al parecer del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.

128. Campesinos. El 30 de abril se envió un llamamiento urgente a propósito de la gran concentración de grupos paramilitares alrededor de los municipios de Simtí y San Pablo. Según los informes disponibles, desde el 12 de abril, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército, junto con grupos paramilitares, habían emprendido operaciones intensivas de persecución de los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían secuestrado un avión de pasajeros. La Relatora Especial recibió informes en los que se afirmaba que paramilitares de uniforme fuertemente armados estaban patrullando las calles de San Pablo, al parecer en colaboración con las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Relatora Especial instó al Gobierno a que vigilara estas operaciones para impedir las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, la Relatora Especial pidió al Gobierno que esclareciera las circunstancias de la muerte de Ismael Rincón Sierra, Alfiodys Durán Rodríguez y Ernesto Fernández Botero, asesinados en San Pablo en ese mismo período. El 25 de agosto, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno en relación con un ataque de las Autodefensas Unidas de Colombia en La Gabarra, municipio de Tibú, Santander. La Relatora Especial instó al Gobierno a que tomara medidas para impedir en lo sucesivo las incursiones y las violaciones de los derechos humanos de este grupo paramilitar en la región. El 28 de septiembre, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente en relación con las amenazas de muerte recibidas por Antonio Barrera Riaño, Fredisminda Álvarez, Plinio Ramiro Mahecha y Juanario Tapiero, habitantes todos ellos de Villa Lorena. Sus nombres habían aparecido en unos panfletos con amenazas de muerte que habían repartido por el poblado los integrantes de un grupo paramilitar. El 17 de septiembre, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente respecto de la presencia en Monterralo de integrantes de un grupo paramilitar que preguntaban por un grupo de personas cuyos nombres figuraban en una lista. Los paramilitares capturaron a algunas de estas personas y les dieron muerte en el acto. El resto recibieron amenazas de muerte y fueron conminados a abandonar el pueblo.

129. Dirigentes indígenas. El 27 de abril, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno tras ser informada de que dos hombres con uniforme paramilitar habían asesinado el 24 de abril a Lucindo Dominico Jarupia, un dirigente indígena de la comunidad de Embera-Katio, Alto Sinú, Córdoba. Además, el Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia señaló a la atención de la Relatora Especial los constantes ataques contra las comunidades indígenas y sus dirigentes, en particular en el Resguardo del Alto Sinú. Al parecer, la mayoría de estos incidentes guardan relación con la explotación de una presa por la compañía hidroeléctrica Urrá.

130. Periodistas. El 23 de abril se envió un llamamiento urgente, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión para advertir al Gobierno de que el editor literario Gerardo Rivas Moreno había recibido amenazas de muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 10 de junio, la Relatora Especial envió una comunicación al Gobierno en respuesta a sus cartas de 7 y 10 de mayo de 1999 y pidió más información sobre el caso. Asimismo, la Relatora Especial pidió que se le siguiera informando sobre el curso de la investigación, así como sobre las medidas que se hubieran tomado para proteger la vida y el derecho a la libertad de opinión y expresión del Sr. Rivas Moreno.

b)

Alegaciones recibidas en relación con actos cometidos por miembros del ejército o las fuerzas de seguridad

131. Activistas de los derechos humanos. El 22 de julio, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente, junto con el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, acerca de las amenazas de muerte recibidas por el abogado Humberto Torres Díaz. Según la información recibida, estas amenazas guardaban relación con una investigación del Sr. Torres sobre supuestos abusos policiales en Barranquilla.

132. Sindicalistas. El 31 de agosto, se informó a la Relatora Especial de que José Domingo Tovar, ex Director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) murió al recibir disparos de la policía en los alrededores de la sede de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), donde iba a participar en diferentes reuniones. El ataque tuvo lugar durante el primer día de paro nacional coordinado por la CUT. José Domingo Tovar acababa de ser nombrado Director cuando tuvo lugar el incidente. Su predecesor, Jesús González Luna, abandonó el país después del atentado.

133. Campesinos. El 30 de diciembre de 1998, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno en relación con un ataque contra la población de Santo Domingo, Arauca, perpetrado al parecer por las Fuerzas Armadas de Colombia. Asimismo, el 30 de diciembre se envió un llamamiento urgente en relación con el ataque supuestamente cometido el 8 de noviembre de 1998 por el Batallón Palacé de Buga en el Corregimiento de Monterolo, municipio de Tulá, Valle del Cauca. En el ataque perdieron la vida José Lucas Villamil, Ramón Gómez Montolla, José Helmer Grajales Forero, José Escenover Patiño y José Octavio López. Al parecer, se había acusado a los habitantes de Monterolo de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

134. Dirigentes indígenas. El 16 de abril, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, en relación con una operación de las Fuerzas Armadas de Colombia contra las FARC. El incidente tuvo lugar entre el 7 y el 10 de abril y afectó a la comunidad indígena Paeces. Según parece, dos dirigentes indígenas, Isidro Campo Ulcue y Rómulo Guetia Yatacue, fueron detenidos por la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

135. Asimismo, la Relatora Especial envió ocho llamamientos urgentes en relación con las amenazas de muerte recibidas por civiles y autoridades eclesiásticas durante el período objeto de examen. Las amenazas forzaron a algunas de estas personas a abandonar su hogar, o incluso el país. El 11 de marzo, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente con respecto a las amenazas de muerte recibidas por Francisco Javier Trujillo y su esposa, que debieron abandonar el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca. A pesar de haberse escondido en un seminario católico cerca de Bogotá, el matrimonio siguió recibiendo amenazas, al igual que el Padre Guillermo Campuzano, Director del seminario.

Comunicaciones enviadas

136. La Relatora Especial transmitió comunicaciones sobre actos contrarios al derecho a la vida en nombre de las personas siguientes, algunas de las cuales también fueron objeto de llamamientos urgentes (véase supra).

137. Activistas de los derechos humanos. El 31 de enero, Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto Gonzales, miembros del Comité de solidaridad con los prisioneros políticos, viajaban en transporte público desde Medellín cuando integrantes de un grupo paramilitar detuvieron el autobús, sacaron a las dos personas del vehículo y les dieron muerte en el acto. El 21 de noviembre, Iñigo Eguiluz y el Padre Jorge Luis Mazo navegaban por el río Atrato, en Chocó, cuando la embarcación fue interceptada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que colisionaron con ella deliberadamente. Al parecer, las dos personas murieron en el accidente.

138. Dirigentes y profesores universitarios. Luis Peroza y Numael Vercel, profesores afiliados a la Asociación de Profesores de San Diego, Cesar, fueron secuestrados y asesinados tras haber sido objeto de numerosas amenazas en febrero por parte de miembros de un grupo paramilitar. Sus cadáveres fueron encontrados el 12 de febrero. El 6 de marzo, Alejandro Melchor Suárez y Gildardo Tapasco Calvo, profesores del colegio La Iberia en una de las comunidades indígenas del municipio de Riosucio Caldas, fueron sacados del colegio y asesinados por integrantes de un grupo paramilitar. El 4 de mayo, Hernán Henao Delgado, antropólogo y arquitecto, fue asesinado mientras daba clase en la Universidad de Antioquia, Medellín. Al parecer, dos miembros de un grupo paramilitar entraron en el aula, lo sacaron a rastras y le dispararon, tras de lo cual murió ese mismo día en el hospital. El 7 de agosto, Gustavo Alonso Marulanda fue asesinado al salir de la Universidad de Antioquia, Medellín. Según parece, el atentado fue obra de las Autodefensas Unidas de Colombia.

139. Sindicalistas. El 17 de febrero, Julio Poveda, Presidente de FENACOA, se dirigía a su oficina en Bogotá cuando fue asesinado, al parecer por un grupo de civiles armados.

140. Campesinos. El 28 de febrero, un grupo de 20 paramilitares armados que se dirigían a Barrancabermeja, Santander, dieron muerte a José Darío Sánchez y Orlando Forero Tarazona en el distrito de Provivienda. Más tarde, se trasladaron al distrito de Versalles, donde asesinaron a Israel Ariza. En El Ramaral, estos mismos paramilitares dispararon contra Leonardo Guzmán y José Darío Hernández, causándoles la muerte. Asimismo, los paramilitares detuvieron e inspeccionaron a unos 30 vehículos; William Rojas y Jesús Manuel Gil, cuyos vehículos habían sido detenidos, fueron muertos a tiros por los paramilitares. Se informó a la Relatora Especial de que para salir de la ciudad los paramilitares tuvieron que franquear un control militar al mando del 45º batallón, también conocido como "Los Héroes del Majagual". El 20 y el 21 de agosto, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia se dirigieron al poblado de Caño Lapa, en La Gabarra, municipio de Tibú (Santander), donde dieron muerte a Luis Jesús Contreras, José Ángel Contreras, Jorge Paez Garza, Edison Alfredo Galván, José Antonio Padilla, Luis Francisco Gutierrez, Luis Moncada y Chango Quintero. Los asesinados figuraban, junto con otras personas, en una lista que llevaban los paramilitares. El 21 de agosto, un grupo paramilitar se dirigió a Monterralo, donde preguntaron por Ramón Albeiro Rojas, Uldarico Vargas y Misael Monroy y les dieron muerte en el acto. El 8 de noviembre, José Lucas Villamil, Ramón Gómez Montolla, José Helmer Grajales Forero, José Escenover Patiño y José Octavio López resultaron muertos en un ataque perpetrado al parecer por el batallón Palacé de Buga en el Corregimiento de Monterolo, municipio de Tulá, Valle del Cauca. Los habitantes de Monterolo estaban acusados de colaboración con las FARC.

141. Dirigentes indígenas. El 24 de abril a las 9.00 horas, Lucindo Dominicó Jarupia, dirigente indígena de la comunidad Embera-Katio, Alto Sinú (Córdoba) fue asesinado por dos hombres con uniforme paramilitar que se presentaron en su casa.

Comunicaciones recibidas

142. En esta sección figura la respuesta recibida del Gobierno a los llamamientos urgentes y a las denuncias de violaciones del derecho a la vida transmitidas por la Relatora Especial durante el período que se examina. En sus comunicaciones, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaba investigando todas las alegaciones de amenazas de muerte.

143. En cartas de fecha 7 y 10 de mayo de 1999, el Gobierno pidió a los Relatores Especiales más información sobre el caso del Sr. Rivas Moreno. El 29 de julio de 1999, el Gobierno comunicó a los Relatores Especiales que no estaba en condiciones de dar más información sobre el caso puesto que los propios Relatores no podían facilitar datos más específicos. Sin embargo, el Gobierno respondió el 27 de agosto de 1999 que la Unidad Antisecuestro adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá estaba efectuando investigaciones sobre el incidente del Sr. Rivas Moreno. Según el Gobierno, el 12 de julio de 1999 se solicitó al Sr. Rivas Moreno que precisara más su denuncia y se pidió al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que nombrara a un investigador con objeto de identificar al autor del delito. Asimismo, el 30 de julio de 1999, el Gobierno envió una comunicación acerca de las disposiciones que reglamentan el servicio militar obligatorio y el reclutamiento de menores por grupos insurgentes.

144. En su carta de fecha 17 de agosto el Gobierno hacía referencia al asesinato del dirigente indígena Lucindo Dominicó Jarupia. En la carta se indicaba que la Policía Nacional había informado al Gobierno de que el dirigente indígena había sido asesinado por cuatro hombres mientras se encontraba en la habitación de la casa de propiedad del Sr. Nicolás Calderín donde estaba residiendo. El Comando de Policía Distrito Cinco de Tierra Alta no logró dar con el paradero de los presuntos asesinos. En su carta, el Gobierno señalaba la falta de colaboración de los residentes en el sector, de quienes no se pudo obtener ningún dato concreto ni la descripción física de los presuntos asesinos, ni tampoco del vehículo en que se supone que huyeron.

145. En carta de fecha 24 de agosto, el Gobierno se refirió a los asesinatos de Ismael Rincón Sierra, Alfiodys Durán Rodriguez, Ernesto Fernández Botero y Américo Mier Urueta. El Gobierno comunicó que el inspector de policía de San Pablo había procedido al levantamiento de los cadáveres el 19 de abril en la vereda de Los Caguises. La autopsia confirmó que la muerte se había debido a heridas ocasionadas con un arma de fuego disparada a corta distancia y se dio como fecha del homicidio el 18 de abril. La Personería Municipal de San Pablo dijo desconocer los móviles del homicidio. El Gobierno colombiano negó tener conocimiento del asesinato de Américo Mier Urueta, al no existir ningún informe de la inspección de policía del municipio. La Policía Nacional había organizado servicios de patrullas permanentes para combatir el crimen en el perímetro urbano de los municipios mencionados. En carta de fecha 21 de octubre, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito de Barranquilla había ordenado la investigación previa.

146. El 22 de septiembre, el Gobierno de Colombia envió a la Relatora Especial un ejemplar de la publicación Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, editado por la Presidencia, que contenía un artículo sobre la protección de los defensores de los derechos humanos. El Gobierno afirmó que era consciente de los ataques contra los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones en Colombia e indicó que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía estaba llevando a cabo 17 investigaciones por homicidio y amenazas contra miembros de organizaciones de derechos humanos. Según el Gobierno, además del empeño en superar las causas estructurales que generan el conflicto, la política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos tenía entre sus prioridades garantizar la integridad personal de los defensores de los derechos humanos. El esfuerzo era sobre todo de carácter pedagógico, y se hacía hincapié en el reconocimiento de la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos, habiéndose logrado progresos en el fortalecimiento de los vínculos entre el Gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas, los defensores de los derechos humanos y los dirigentes sindicales. El Gobierno, por conducto del Ministerio del Interior, seguía aplicando el programa de protección de personas amenazadas con objeto de proteger a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones mediante sistemas de comunicación, transporte, seguridad y servicios de escoltas, así como acciones preventivas autoprotectivas y de sensibilización. La prevención se extendía a sindicalistas, periodistas, dirigentes indígenas y políticos y profesores universitarios en situaciones de riesgo.

147. En carta de fecha 23 de septiembre, el Gobierno dio respuesta al llamamiento urgente de la Relatora Especial referente a las supuestas amenazas de un grupo paramilitar contra algunos habitantes de las veredas de Puerto Saldaña y La Herrera, jurisdicción del municipio de Rioblanco, en Tolima. Según la carta del Gobierno, la Policía Nacional, en su empeño de combatir todas las organizaciones al margen de la ley, y de garantizar la seguridad y la tranquilidad pública, había llevado a cabo varias campañas de represión de estos grupos. En 1998, en el departamento de Tolima se capturó a 15 integrantes del grupo de autodefensas "Rojo Alta" y se les incautó armamento, municiones y explosivos. El Gobierno informó también de que, ante las amenazas proferidas contra algunos ciudadanos, el comando de policía departamental ha ordenado que se lleve a cabo un estudio de las amenazas y un análisis de riesgo, a fin de tomar disposiciones para garantizar el derecho a la vida de estas personas.

148. En carta de fecha 24 de septiembre, el Gobierno informó a la Relatora Especial del estado de las investigaciones referentes a los hechos ocurridos el 20 y el 21 de agosto en La Gabarra, municipio de Tibú, en Norte de Santander. A raíz de los desplazamientos masivos de población ocurridos en Norte de Santander, el 8 de julio se creó una comisión humanitaria encargada de verificar la situación en la región. La Comisión está integrada por la Procuraduría Departamental, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la Vicepresidencia de la República, la Red de Solidaridad Social, las organizaciones no gubernamentales Minga, Andas y Codhes, y la Gobernación del Norte de Santander. Una vez recibidas las denuncias de la comunidad de la región y después de entrevistarse con uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia dirigidas por Carlos Castaño, una subcomisión formada por representantes de algunas de las anteriores instituciones constató que los ajusticiamientos de varias personas en la vía que conduce de Tibú a La Gabarra habían sido llevados a cabo por dicho grupo. La Comisión recomendó que la fuerza pública (ejército y policía nacional) tomase medidas preventivas ante los anunciados ataques de las Autodefensas en las cabeceras del municipio del Tarra y los corregimientos de Campo Dos y Filo Gringo; también había de actuar contra los grupos que operan al margen de la ley, para garantizar la libre movilización de la población civil en la vía que comunica Tibú con La Gabarra. La Comisión recomendó que se mantuviese el servicio médico asistencial en el casco urbano del corregimiento de La Gabarra y se posibilitase su desplazamiento hasta el corregimiento de Pista de Río de Oro del sitio denominado La Isla. La Comisión acordó solicitar a las autoridades competentes la investigación sobre posibles fosas comunes y la identificación de los cadáveres. El Gobierno informó de que el comando del departamento dio cumplimiento a la orden de la Dirección General de la Policía de reactivar la estación de policía, haciendo el traslado de 3 oficiales, 6 suboficiales y 60 uniformados entre patrulleros y agentes, a fin de garantizar el orden público en la región.

149. El 29 de septiembre el Gobierno informó sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la nación referente al asesinato de los ciudadanos estadounidenses Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en territorio venezolano fronterizo con Colombia. La Dirección General de Fiscalías asignó la investigación a la Unidad de Derechos Humanos y efectuó el desplazamiento inmediato de una comisión investigadora a la zona de los hechos. Tras la investigación previa, el fiscal de conocimiento ordenó vincular como presuntos autores de los hechos a Gustavo Bocota Aguablanca y Germán Briceño Suárez, miembros del Bloque de Guerra Oriental del grupo armado FARC, y ordenó las correspondientes órdenes de captura.

150. Mediante carta fechada el 7 de octubre, el Gobierno se refirió a la muerte de José Lucas Villamil, Ramón Gómez Montoya, José Helmer Grajales, José Escenover Patiño y José Octavio López. Los hechos tuvieron lugar el 8 de noviembre de 1998 en la finca El Carmen, municipio de Tulá, Valle del Cauca. La Fiscalía 32 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata de Tulá adelantó las diligencias preliminares por el delito de homicidio y la investigación se remitió por competencia al juzgado militar de Buga. En la carta, el Gobierno se remitió al informe del Juzgado 16 de Instrucción Penal Militar, donde se afirma que tropas del batallón de artillería Nº 3 Palace y del batallón de contraguerrillas Nº 3 Primero Numancia, en desarrollo de la operación militar "Cascabel 2" se desplazaron al sector rural del corregimiento de Monteloro, municipio de Tulá. Al llegar a una vivienda del sector, se identificaron como miembros del ejército nacional, ante lo cual el personal que se encontraba en dicha vivienda respondió inmediatamente con fuego. En el enfrentamiento resultaron muertas las personas anteriormente citadas. La investigación se encuentra en la etapa de instrucción, y el proceso disciplinario lo adelanta la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.

151. El 7 de octubre, el Gobierno envió una nota a la Relatora Especial referente al asesinato de Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, en la que informó de que la investigación se encontraba en su etapa previa, y que el jefe de la Unidad Nacional de los Derechos Humanos de la Fiscalía manifestaba que todavía no se había podido determinar si los móviles estaban relacionados con las actividades políticas de las víctimas. La Vicepresidencia de la República informó de que el Comité especial del impulso de casos por violaciones de derechos humanos se ocuparía especialmente del asunto.

152. El 1º de noviembre, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la policía nacional habían puesto el caso de las amenazas recibidas por Efrain Pardo Moreno (Presidente de la FENACOA) y por la viuda e hijas del ex Presidente de dicha institución asesinado en conocimiento del Consejo de Seguridad de que trata el Decreto 2615/91 con el fin de establecer las medidas cautelares de protección por parte de las autoridades y organismos de la fuerza pública. El Gobierno también transmitió información sobre las muertes de José Alonso Acosta, Moisés Reyes, Arley Sulita, Jaime García y Cecilia López, supuestamente muertas el 30 de junio en la comunidad de Juan Atalaya, Cucuta. Todavía está abierta la investigación de las muertes y ninguna organización ha asumido aún la responsabilidad de las matanzas.

153. El 5 de noviembre el Gobierno informó a la Relatora Especial sobre el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, señalando que las autoridades locales había incrementado las medidas de seguridad para proteger a la población civil de la zona.

154. El 8 de noviembre, el Gobierno respondió a la consulta de la Relatora Especial sobre las amenazas de muerte recibidas por José Humberto Torres, declarando que el DAS había tomado medidas para proteger la vida e integridad del Sr. Torres.

155. El 8 de noviembre, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que la Procuraduría General de la Nación había abierto una indagación sobre las amenazas de muerte recibidas por Domingo Tovar Arrieta.

156. Por cartas de 17 de noviembre y 10 de diciembre, el Gobierno transmitió información sobre las presuntas amenazas de muerte recibidas por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES) en la Barrancabermeja. La investigación la realizaba la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. El DAS había sido informado del caso y su jefe en Barrancabermeja había iniciado las investigaciones de las alegaciones.

157. Mediante carta fechada el 27 de noviembre, el Gobierno informó a la Relatora Especial de las medidas tomadas en relación a las amenazas de muerte recibidas por los representantes de asociaciones de estudiantes universitarios en Colombia. El Gobierno informó de que el Presidente de la República y el Ministerio del Interior habían dado instrucciones a fin de asistir y proteger a las personas amenazadas. El Ministerio del Interior había puesto en marcha las siguientes acciones: entrega de ayudas humanitarias de emergencia a varias personas; trámites para lograr traslados de ciudad; gestión de becas estudiantiles; conversaciones con varios rectores de universidades para solicitar mayor flexibilidad de las personas amenazadas, tanto estudiantes como profesores. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se reunió con directivos, estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad de Antioquia para tratar de resolver los problemas en la universidad. El Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía General de la Nación que la Unidad de Derechos Humanos asumiera directamente la investigación penal por los distintos hechos punibles contra los estudiantes en la Universidad de Antioquia.

158. El 26 de noviembre, el Gobierno invitó a la Relatora Especial a visitar el país. La Relatora Especial espera realizar una misión a Colombia en los meses venideros.

159. Mediante carta fechada el 23 de noviembre, el Gobierno se refirió al estado de las investigaciones del caso Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación informó al Gobierno de que René Carvajal López, capturado el día 22 de octubre, pasó a situación de detención preventiva sin beneficio de excarcelación por su presunta coautoría en el asesinato. Se le acusó de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicario y porte ilegal de armas de uso de uso privativo de las fuerzas armadas. El 8 de noviembre se profirió resolución de acusación en contra del coronel Bernardo Ruiz Silva, como presunto responsable en el caso, por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir con fines terroristas de sicario. Los presuntos autores firmaron por escrito su decisión de no apelar, por lo que el expediente pasó a los jueces penales de circuitos especializados de Bogotá para que se adelantara la correspondiente etapa del juicio.

160. Mediante carta fechada el 6 de diciembre, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que el DAS estaba encargado de la investigación de la muerte del periodista Jaime Hernando Garzón.

161. Mediante carta fechada el 6 de diciembre, el Gobierno transmitió información sobre la muerte de Iñigo Eguiluz Terreira, cooperante de derechos humanos de España, matado el 21 de noviembre en El Choco. El Gobierno comunicó que como consecuencia de la investigación fueron acusadas nueve personas. Se encargó de las investigaciones a la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Observaciones

162. La Relatora Especial está agradecida al Gobierno de Colombia por las numerosas y rápidas respuestas a sus comunicaciones. Tras examinar con detenimiento las respuestas del Gobierno, la Relatora Especial admite la buena voluntad de las autoridades para abordar los problemas. Es consciente de la complejidad del asunto debido al gran número de actores que interviene. La Relatora Especial da la bienvenida a las acciones tomadas por el Gobierno con el fin de proteger a los ciudadanos sujetos a continuas amenazas de muerte, aunque sigue observando con desasosiego el grado de impunidad del que gozan los militares y grupos paramilitares en el país. Insta al Gobierno a que renueve sus esfuerzos para que se ponga a disposición de la justicia a los miembros de las fuerzas armadas responsables de los abusos de derechos humanos.

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