Organos de las Naciones Unidas
Informe del Relator Especial sobre la Tortura al 58 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Comunicaciones enviadas la Gobierno de Colombia y respuestas recibidas
E/CN.4/2002/76/Add.1

Distr.GENERAL
E/CN.4/2002/76/Add.1
14 March 2002
Original: ENGLISH/
FRENCH/SPANISH*
ENGLISH/FRENCH/SPANISH ONLY

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Fifty-eighth session
Item 11 of the provisional agenda

QUESTION OF THE HUMAN RIGHTS OF ALL PERSONS SUBJECTED TO ANY FORM OF DETENTION OR IMPRISONMENT, IN PARTICULAR:
TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
Report of the Special Rapporteur, Sir Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2001/62

Addendum

Summary of cases transmitted to Governments and replies received*

 

* In view of its length, the present document is being issued in the original languages only, the Conference Services Division of the United Nations Office at Geneva having insufficient capacity to translate documents that greatly exceed the 32-page limit recommended by the General Assembly (see Commission resolution 1993/94, para. 1).

CONTENTS

Paragraphs
Albania 1 - 31
Algeria 32 - 45
Angola 46 - 52
Argentina 53 - 61
Armenia 62 - 69
Australia 70 - 74
Azerbaijan 75 - 104
Bahrain 105 - 116
Bangladesh 117 - 138
Belarus 139 - 144
Bolivia 145 - 155
Brazil 156 - 239
Bulgaria 240
Burundi 241 - 259
Cameroon 260 - 272
Canada 273 - 274
Central African Republic 275 - 278
Chad 279 - 280
Chile 281 - 286
China 287 - 369
Colombia 370 - 389
Congo 390 - 398
Côte d’Ivoire 399 - 412
Cuba 413 - 423
Czech Republic 424 - 477
Democratic Republic of the Congo 478 - 487
Djibouti 488
Ecuador 489 - 491
Egypt 492 - 511
Equatorial Guinea 512 - 513
Eritrea 514 - 515
Ethiopia 516 - 523
El Salvador 524

(…)

Colombia

370. Con fecha 10 de agosto de 2001, el Relator Especial notificó al Gobierno que había recibido información sobre los siguientes casos sobre los cuales el Gobierno respondió por carta con fecha 29 de octubre de 2001.

371. Roberto Antonio, miembro de la comunidad desplazada de La Balsita, habría sido secuestrado el 29 de septiembre de 1998 por unos hombres armados, al parecer pertenecientes a un grupo paramilitar. El nombrado habría sido aprehendido en su casa, en el barrio de Héctor Cárdenas, de Dabeiba, donde le habrían propinado una paliza, le habrían atado y luego obligado a subir a una motocicleta. Más tarde, algunos miembros del grupo habrían regresado, disparado contra la casa del secuestrado y preguntado por el paradero de su esposa. Desde entonces, su paradero sería desconocido.

372. Respecto a este caso, el Gobierno señaló que el Coordinador de Fiscalías Especializadas de Medellín-Antioquia, el 5 mayo de 2000, inició una investigación de oficio.

373. Israel Quintero Gómez, marido de una responsable local de la Organización Femenina Popular, habría sido abordado por un grupo de individuos en Puerto Wilches, Magdalena Medio, el 31 de mayo de 2000. Habría sido severamente golpeado y presionado para que su mujer retirara la denuncia presentada contra un grupo de individuos armados que se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar supuestamente vinculado a las fuerzas armadas.

374. Respecto a este caso, el Gobierno señaló que ha requerido a las entidades competentes la correspondiente información.

375. Jineth Bedoya, periodista, habría sido secuestrada por un grupo de paramilitares supuestamente vinculados a las fuerzas armadas el 25 de mayo de 2000 en Bogotá. La nombrada habría sido liberada al día siguiente en las cercanías de Villavicencio (Meta). Durante su cautiverio habría sido golpeada y víctima de ultrajes. Los paramilitares también habrían proferido amenazas contra otros periodistas del diario El Espectador.

376. Respecto a este caso, el Gobierno informó de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le asignó a la nombrada dos escoltas de tiempo completo, y el Comité de Protección de Periodistas le otorgó un radio Avantel con el que mantiene una constante comunicación con la Fundación para la Libertad de Prensa. Por otro lado, el Gobierno señaló que en la última evaluación de riesgo realizada por la policía nacional, ésta advirtió que no existen amenazas directas o hechos que puedan afectar su seguridad personal. Sin embargo, se le recomendaron algunas medidas de seguridad y autoprotección teniendo en cuenta que el resultado de dicho estudio fue medio-bajo. Finalmente, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación adelantó que se encuentra en investigación la causa radicada por presunto delito de secuestro a la periodista Jineth Bedoya Lima.

377. En relación a la situación de presos, el Relator Especial ha recibido información según la cual el 31 de agosto de 1999, varios líderes de patios de la cárcel de Bellavista en la ciudad de Medellín y los detenidos del paramilitarismo atacaron con el apoyo y complacencia de la guardia penitenciaria a otros presos detenidos supuestamente por razones políticas, ocasionando heridas graves a 43 de ellos. Después del incidente, los detenidos atacados habrían tenido que soportar el permanente hostigamiento y amenaza de los detenidos por paramilitarismo

378. Respecto a esta situación, el Gobierno señaló que en la Unidad Local de Fiscalías de Bello se encuentra radicada la investigación por los hechos ocurridos el 31 de agosto de 1999, en donde fueron presuntamente lesionados algunos presos políticos que se encontraban adelantando una protesta. Por su parte, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) comunicó que se han llevado a cabo con respecto a ese centro carcelario diversas acciones tales como, disponer que la alimentación para los presos políticos fuera llevada hasta el pabellón donde éstos se encuentran detenidos, medida que se cumple a cabalidad; asimismo se ordenó al personal de vigilancia, tomar las medidas de seguridad necesarias con el fin de preservar la vida e integridad física de los internos denominados presos políticos, y se ofició al Personero de Medellín con el fin de que autorizara al Personero Delegado para la cárcel de Bellavista para que asistiera a las requisas rutinarias semanales que se hacen en diferentes pabellones, por parte del personal de custodia y vigilancia, a fin de garantizar la no vulneración de los derechos humanos de las personas que habitan al interior del mismo, principalmente con los presos políticos. Esta actividad se viene cumpliendo rutinariamente con la compañía de este funcionario delegado por el Ministerio Público. Por otro lado, el Gobierno informó de que el 1º de junio de 2001 se realizó una reunión interinstitucional y una visita a la referida cárcel con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el INPEC. La Procuraduría General de la Nación comunicó que ha asistido a las diferentes actividades que se vienen desarrollando con el objeto de buscar mecanismos que brinden seguridad a los detenidos políticos. Por último, el Gobierno agregó que el Director de la cárcel y la Directora Regional Noreste del INPEC se comprometieron a presentar a la Dirección General del INPEC una propuesta de reubicación de los detenidos políticos recluidos en ese centro penitenciario.

379. Con fecha 10 de agosto de 2001, el Relator Especial, junto con el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, notificó al Gobierno que había recibido información sobre los siguientes casos.

380. Decenas de civiles habrían sido torturadas y matadas en julio de 1997 por fuerzas paramilitares y centenares obligados a huir de Mapiripán, en el Meta, para ponerse a salvo. Durante cinco días, los paramilitares, con el apoyo del ejército, habrían secuestrado a los habitantes y a las personas que llegaban en bote y los habrían llevado luego al matadero local, donde los habrían atado, torturado y degollado. Las unidades locales del ejército y de la policía habrían hecho caso omiso de las insistentes llamadas telefónicas de un juez civil de la zona que habría tratado de detener las ejecuciones. Al menos dos cadáveres -el de Sinaí Blanco, barquero, y el de Ronald Valencia, cuidador de la pista de aterrizaje- habrían sido decapitados. El juez Leonardo Iván Cortés declaró haber oído los gritos de las personas a las que se habrían llevado al matadero para interrogarlas, torturarlas y matarlas y habría enviado un mensaje a varias autoridades regionales respecto a ello. Más tarde, el juez, al igual que centenares de personas, habría huido de la región tras recibir diversas amenazas de muerte. Investigaciones ulteriores habrían mostrado que las tropas dirigidas por el General Uscátegui ayudaron a las fuerzas paramilitares durante su llegada a la pista de aterrizaje. En el intento de encubrir su responsabilidad, el general Uscátegui habría tratado de falsificar documentos que informaban sobre la matanza. Como consecuencia de una investigación interna, el ejército habría trasladado al general a un destino administrativo por no haber actuado de inmediato para poner fin a la matanza y detener a los responsables. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura habría dictaminado más adelante que la causa implicaba un "acto de omisión" y correspondía a la jurisdicción de los tribunales militares. Posteriormente, el general Uscátegui habría pasado a situación de retiro. El ejército habría reabierto el caso y habría anunciado que llevaría al general ante un consejo de guerra por los delitos de "homicidio", "prevaricación por omisión" y "falsedad en documento" en relación con la matanza de Mapiripán. El general Uscátegui, al que han vuelto a detener, se encontraría recluido en la XIII Brigada.

381. Por carta de 27 de noviembre de 2001, el Gobierno respondió que la Procuraduría General de la Nación demostró procesalmente que un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, reconocidos como Autodefensas Campesinas, ocasionaron entre el 15 y 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán, la muerte de Rolan o Ronal Valencia, Sinaí Blanco, N. N. de sexo masculino, Pacho N. N., el secuestro y desaparición de Antonio María Barrera Calle, conocido como "Catumare" y Nelson N. N., y, en la Inspección de la Policía de La Cooperativa del mismo municipio de Mapiripán, el homicidio de Álvaro Tovar Muñoz, el secuestro y asesinato de Jaime Pinzón, N. N. Morales de sexo masculino y Teresa N. N. y un número indeterminado de personas asesinadas, cuyos cadáveres al parecer fueron arrojados a las aguas del río Guaviare, así como la muerte de diez personas más, como producto de un enfrentamiento armado entre guerrilleros y paramilitares en jurisdicción de la Inspección de La Cooperativa. El Gobierno indicó que parte de los integrantes de ese grupo arribaron en dos aviones al aeropuerto de San José de Guaviare el día 12 de julio de 1997 provenientes del aeropuerto de "Los Cedros" sin que el personal militar encargado realizara el respectivo control; por el contrario, al parecer algunos miembros de la fuerza pública brindaron su apoyo a este grupo. Por otra parte, el Gobierno ha manifestado que en estos hechos no ha sido establecido ningún tipo de apoyo a las autodefensas por parte de las tropas dirigidas por el brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez. No obstante, se ordenó investigación y con fecha 16 de noviembre de 2001 se emitió fallo sancionatorio de destitución absoluta de las fuerzas armadas contra dicho oficial militar por omisión y negligencia en la prestación de ayuda y protección a la comunidad de Mapiripán. También se sancionó con represión severa por la misma falta grave a un teniente coronel. A su vez, se formularon cargos contra otros miembros de las fuerzas militares por existir pruebas de su participación en estos hechos; al parecer, habrían prestado apoyo a las autodefensas, en aspectos tales como el apoyo para el arribo a la zona, en el suministro de transporte, prendas militares y armamento, así como en la planeación y ejecución de la masacre. Estas investigaciones se encuentran en trámite. Asimismo, el Secretario de Gobierno del Departamento de Guaviare, fue sancionado con destitución e interdicción para el desempeño de funciones públicas por el término de dos años por omisión y negligencia en la solicitud de ayuda y protección.

382. Daniel Pino habría sido secuestrado y asesinado por un grupo paramilitar en abril de 1999, en la comunidad de La Balsa. En San José de Apartadó, los paramilitares supuestamente vinculados a las fuerzas armadas habrían reunido a varios residentes junto con Daniel Pino en la plaza mayor, y habrían abierto fuego, lo que habría provocado la muerte de Gabriel Graciano, de 16 años, y heridas graves a otras personas. Después de la masacre, habrían abierto el vientre a machetazos a Daniel Pino, que murió tras varias horas de agonía.

383. El Gobierno respondió que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales adelantó las diligencias efectuadas en relación a la masacre perpetuada en San José de Apartadó, y las incorporó a la indagación preliminar adelantada por la Fiscalía local. El Gobierno señaló que tanto de los informes de inteligencia del DAS y el de la Seccional de Inteligencia del Departamento de Policía de Urabá, como de las declaraciones de los testigos, surgen como responsables de la masacre las autodenominadas Autodefensas de Córdoba, sin establecer participación de servidores públicos en la masacre. Por otro lado, el Gobierno indicó que de la prueba balística se descartó la posibilidad de que en el hecho se hubiera utilizado armas de dotación oficial asignadas a la fuerza pública. La valoración de las pruebas aportadas permitieron a los asesores hacer evaluación de la indagación preliminar y remitirla a la Procuraduría Provincial de Apartadó para su competencia. Como conclusión, el Gobierno afirmó que en este caso no se puede hablar de torturas perpetradas por acción u omisión de servidores públicos, pues no se recaudó evidencia de ello.

384. Miguel Ángel Guzmán Usuga, Álvaro Guzmán Pérez, Jaime Guzmán Silva y Juan Carlos Quiroz Higuita habrían sido secuestrados por un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupos paramilitar supuestamente vinculado a las fuerzas armadas, en El Llano, Antioquia, el 10 de marzo de 2000. Sus cuerpos con señales de tortura habrían sido encontrados el día siguiente en la carretera de Olaya.

385. Diego Arnulfo Camayo, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Gerente de la Cooperativa Multiactiva La Pedregosa, concejal electo por el movimiento campesino y secretario del Comité de Integración de las Organizaciones de La Pedregosa (CINCOP), su hermano Eric Camayo, así como Germán Valenzuela y Dagoberto Velasco, dos campesinos, habrían sido secuestrados por un grupo de paramilitares supuestamente vinculados a las fuerzas armadas en la vereda Santa Catalina, corregimiento de La Pedregosa, en el Cauca, el 24 de noviembre de 2000. Los paramilitares habrían pedido los documentos de identificación de Germán Valenzuela, y luego él habría sido tirado al suelo, atado y pateado en el rostro desfigurándoselo. Los cuerpos de las cuatro personas mencionadas habrían sido encontrados con señales de tortura unas horas más tarde frente a una iglesia. Desde el 19 de noviembre de 2000, el Valle del Cauca habría estado viviendo una situación de zozobra y hostigamiento por la aparición de las AUC. Los paramilitares, además de estos casos de tortura y muerte, habrían causado la muerte de otras personas y habrían obligado el desplazamiento de campesinos con amenazas de muerte.

386. En relación a la situación de los presos, los Relatores Especiales han recibido información según la cual, el 27 de abril de 1999, detenidos del paramilitarismo de los patios 3 y 5 de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá atacaron a los internos del patio 4, utilizando explosivos y armas largas, durante más de 12 horas. Durante el tiempo en que se habría desarrollado la acción los detenidos y sus familiares habrían implorado el ingreso de la fuerza pública, la cual aun encontrándose en las afueras del penal no habría ingresado, aduciendo no tener la capacidad para tomar el control del penal. Como resultado de estos hechos, 33 presos habrían fallecido y 19 habrían resultado heridos. Ante los graves riesgos que padecerían las personas supuestamente detenidas por razones políticas en la Cárcel Nacional Modelo, medidas cautelares habrían sido solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales habrían sido concedidas.

387. El 1° de diciembre de 1999, las personas supuestamente detenidas por razones políticas en la Penitenciaria Nacional de Palmira (Valle) habrían sido informados por el director del centro del traslado a la nueva cárcel de Valledupar. Con anterioridad el director y los presos implicados habrían acordado que éstos no serían traslados a otro centro penitenciario. El director habría asumido el compromiso de convocar una comisión para el 2 de diciembre en las instalaciones de la biblioteca del penal. Dicha comisión estaría formada por representantes de los demás patios, la Cruz Roja, la Defensoría y la dirección del penal. En el momento en que los delegados de los presos afectados se habrían dirigido a la reunión, habrían sido atacados en una acción conjunta de la guardia y los presos por paramilitarismo, resultando muertos los presos Alberto Bueno Bonet y Jairo Ramírez. A continuación, la guardia acompañada de los presos por paramilitarismo habrían ingresado al patio No. 2 donde se encontraban otros presos detenidos supuestamente por razones políticas. Habrían saqueado sus celdas, destruido todos los símbolos que se encontraban en los muros y los habrían obligado a salir. Esta acción habría sido respaldada por el resto de la guardia que se encontraba apostada sobre la parte superior de los muros. Ésta habría disparado desde arriba y lanzado gases lacrimógenos para reducir a los detenidos. Como resultado de estos hechos, varios presos habrían resultado heridos, entre ellos Jorge Eliecer Romero Zalgado. Posteriormente, los detenidos habrían sido golpeados, desnudados y sometidos a toda clase de humillación, y habrían sido dejados hasta altas horas de la noche desnudos en la cancha de fútbol. Se habría negado el paso al delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que habría intentado entrar para auxiliar a los heridos. La mayoría de los presos se encontrarían hacinados en un pasillo de alta seguridad, soportando hambre, sin sus pertenencias y algunos con heridas leves.

388. El Gobierno informó de que la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos inició con fecha 31 de mayo de 2001 una indagación preliminar tendiente a verificar las circunstancias en las cuales se produjo la muerte violenta de Alberto Bueno Bonet y Jairo Ramírez, y a determinar la presunta responsabilidad de servidores públicos en las mismas. Dicha indagación preliminar se encuentra en la etapa de práctica de pruebas. Asimismo, el Gobierno indicó que también se cursan investigaciones por los mismos hechos en la Oficina de Control Interno del INPEC y en la Fiscalía de Palmira, Valle.

En relación a los demás casos mencionados en dicha comunicación, el Gobierno informó de que los mismos no están bajo conocimiento de la Procuraduría General de la Nación debido a que no existen servidores públicos involucrados, por lo cual se requirió a las entidades competentes la correspondiente información, la cual una vez se disponga será remitida.

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